En la finalización de la primera jornada del Juicio Oral y Público de Jeremías Martínez, el abogado Edy Tábora denunció en una conferencia de prensa que el Ministerio Público, MP, quiere que el caso de Jeremías Martínez sirva de lección para evitar que otras personas se sigan manifestando.
Jeremías Martínez, de 66 años fue acusado por la Empresa minera Inversiones Los Pinares y el Ministerio Público, de Tocoa, colón, por los delitos de usurpación y daños, en el expediente 21-2019, por haber ejercido la lucha en el campamento “Por el Agua y la Vida”, en defensa de los bienes comunes y públicos entre ellos el parque nacional Carlos Escaleras.
Tabora dijo que “La institución debe parar las actuaciones y perseguir a diputados y funcionarios del Instituto Hondureño de Geología y Minas INHGEOMIN, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente MiAmbiente y a todos los de la municipalidad que hayan entregado permisos y licencias de manera ilegal”.
También agregó que el MP debería pedir una sentencia absolutoria porque defender el bosque, los ríos y bienes comunes no puede ser considerado un delito y que más bien debería investigar todas las denuncias que las comunidades y defensores han interpuesto desde el 2016.
Jeremía Martínez, es la primera persona en el contexto de la criminalización contra defensores del Río Guapinol, que será sometido a Juicio Oral y Público, que se realizada en la Sala 1, del Tribunal de Sentencia, en la Corte Suprema de Justicia CSJ. Él está privado de su libertad desde noviembre del 2018, y es el único que tiene un doble proceso, por incendio agravado y privación injusta de la libertad en uno de los expedientes, precisamente por el que se realiza el juicio oral y público en esta semana.
Por los mismos delitos están encarcelados los defensores Daniel Márquez, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Orbin Nahún Hernández, Porfirio Sorto Cedillo y José Abelino Cedillo, por defender el Río Guapinol, y su caso ha sido tratado por un juez de jurisdicción nacional desde el año 2019 en que se encuentran en una prisión de Olanchito, Yoro, después de haber sido encarcelados en una cárcel de máxima seguridad contraviniendo la resolución judicial que señalaba a la Penitenciaría Nacional como el reclusorio donde debían estar.
El juicio estaba programado a iniciarse el lunes 22 de febrero pero empezó hasta este martes 23 del mismo mes y seguirá el miércoles 24 con evacuación de pruebas y declaración de testigos tanto del MP como de la defensa del acusado.
