Este 10 de marzo de 2021, en horas de la noche, Yuri Zerón y Óscar Martínez Peri, fueron sacados de sus hogares en la comunidad de Masca, Omoa en el departamento de Cortés, por hombres encauchados y armados, sus cuerpos fueron encontrados en la mañana del 11 en las cercanías de la aldea de Cuyamel.
Justo el mismo día se presentó el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, detallando que en el 2020 los pueblos indígenas y afro hondureños continuaron sufriendo discriminación, exclusión y altos índices de pobreza y violencia.
La Oficina documentó el asesinato de ocho personas defensoras de los derechos humanos, incluidas tres integrantes de la comunidad garífuna, Antonio Bernárdez Suazo, quien había presentado el caso de su comunidad de Punta Piedra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2015, desapareció el 15 de junio de 2020 y su cuerpo fue localizado cuatro días después.
El caso de los garífunas en Omoa, Cortés, tiene alguna similitud con los secuestrados y desparecidos en Triunfo de la Cruz y que hasta la fecha la familia no tiene información sobre su paradero.
Antecedentes de crímenes contra garífunas
Dos homicidios involucraron a miembros de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), que defiende los derechos del pueblo garífuna, Karla Ignacia Piota Martínez, fallecida el 11 de enero de 2020 tras un ataque sufrido el 28 de diciembre de 2019 en la comunidad de Masca y Edwin Fernández, quien fue asesinado el 20 de mayo de 2020, en la comunidad de Río Tinto
Durante este mes de marzo del 2021 en la comunidad de Masca, se reportó el secuestro y asesinato de Yuri Zerón y Óscar Martínez Peri, todavía no hay más información sobre los hechos, con este caso suman tres los homicidios de garífunas, pues el 02 del mismo mes se registró el crimen contra Martín Abad Pandy, presidente del patronato de la comunidad Corozal, de la ciudad de la Ceiba, en el departamento de Atlántida.
La OFRANEH ha denunciado reiteradas veces un plan de exterminio contra las comunidades garífunas, por la defensa del territorio del cual han querido despojarlos y se envuelve en un conflicto de criminalización, deslpazamiento y homicidios que se opacan con violencia y crimen organizado.
El 04 de marzo del 2021, se realizó la Audiencia Pública conjunta de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia y Medidas Provisionales para los casos comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra Vs. Honduras, entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, esta última recomendó declarar incumplimiento del Estado de Honduras.
Según el presidente de la CIDH, Honduras no ha demarcado el territorio y otorgado del título que es una medida de reparación, donde persiste la ocupación de terceros, y tampoco hubo avances en la búsqueda de los cinco jóvenes, Albert Snider Centeno, Suami Aparicio Mejía, Misael Rochez Calix, Milton Joel Martínez y Junior Rafael Juárez que fueron secuestrados en julio del 2020, en Triunfo de la Cruz.
A nueve meses la familia no tuvo asesoría, información ni contacto con el Estado, que era el obligado a entablar los lineamientos de búsqueda y que también forma parte no solo de las sentencias sino que ha suscrito el Convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo OIT, que fue ratificado en noviembre de 2014.
