Varias organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, presentaron ante la CIDH  el tema del aborto que en Honduras está penalizado y el Estado se ha encargado de establecer políticas en contra de los derechos de las mujeres.

Somos Muchas por la Libertad y Vida de las Mujeres, el Centro de Derechos de Mujeres CDM, el Equipo Jurídico por los Derechos Humanos , EJDH y  el Centro de Derechos Reproductivos, solicitaron una audiencia denominada los derechos reproductivos y sexuales en Honduras, este 24 de junio en el periodo de sesiones 180 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

El 21 de enero del 2021 el Poder Legislativo mediante decreto 192-2020, reformo el artículo 67 y 112 de la Constitución de la República referentes al aborto y matrimonio igualitario, también se aprobaron dos anteproyectos de Ley para la prevención del matrimonio infantil y sobre la paternidad y maternidad responsable.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, conoce de  cuatro recursos de inconstitucionalidad contra el decreto 192-2020 y el 130-2017 sobre  el Código Penal Tmbién se presentó una moción en el Congreso Nacional para derogar el acuerdo ministerial 24-44-2009 que prohíbe la promoción, uso, compra y venta de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia, PAE.

Nessa Medina, Caterine Pineda, Catalina Martínez y Regina Fonseca, representantes de las organizaciones de mujeres,  explicaron que después del Golpe de Estado ha incrementado la situación de violación sexual contra menores de edad, una situación que repercute en sus vidas por una maternidad forzada con obstáculos en la salud reproductiva.

Durante el proceso de aprobación de esta reforma la notificación fue apresurada y no dio tiempo para organizarse bien, mientras a sectores religiosos se les invitó con antelación a una reunión y se les dio una cobertura mediática.

La reforma que blinda el derecho al aborto pero no evita que se  sigan produciendo sino que imposibilita que tengan acceso a la  salud poniendo en peligro su vida, pero que al mismo tiempo quienes lo hacen son criminalizadas agudizando las brechas de desigualdad.

Las organizaciones tienen poco acceso a dialogar con el Estado. A inicios del 2018 se entregó un protocolo que realizó la Mesa Técnica de Atención a Víctimas con el fin de lograr la prohibición de la  PAE, pero que al final no hubo la voluntad ni siquiera de discutirlo  porque incluía la prevención del embarazo.

La delegación interinstitucional de Honduras, representada por la Procuraduría General de la República, Instituto Nacional de la Mujer INM, las Secretarías de  Derechos Humanos, Desarrollo e Inclusión Social y Salud, explicaron que las recomendaciones realizadas constituyen una guía para el diseño de políticas públicas que garanticen la protección y promoción de derechos humanos.

Le aseguraron a la CIDH que el Estado ha adoptado una política de prevención implementando procesos de educación comunitaria,  de igualdad de género, salud sexual y reproductiva, autonomía económica de las mujeres, también la atención de casos desde Ciudad Mujer.

Intervenciones de la CIDH y delegadas internacionales

Isabel Albaladejo, representante en Honduras de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, recalcó sus preocupaciones porque la reforma constitucional profundiza la penalización ya existente en el Código Penal, la salud de las mujeres, la falta de socialización con organizaciones de sociedad civil, especialmente de mujeres que es contraria a instrumentos internacionales.

Albaladejo exhortó a la CIDH a que se haga una revisión del recurso a la luz de las obligaciones internacionales, “la decisión de tener hijos o no es parte de los derechos fundamentales de las mujeres y para garantizarlo se deben poner a la disposición métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados”.

Detalló que de acuerdo a la documentación de organizaciones nacionales, las principales víctimas de abuso sexual en Honduras son las menores de edad entre las edades de 10 a 19 años, especialmente las niñas menores de 14 años,  de las que entre enero y octubre del 2020 Medicina Forense del Ministerio Público realizó 902 evaluaciones.

Esmeralda Aerosemena, Comisionada titular de la CIDH, especificó que esa reforma es un blindaje que requiere de análisis con la realidad que viven las principales víctimas, como el grupo humano que recibe de manera desproporcionada impactos de diferencias en su vida al ser violadas y enfrentar un embarazo.

Aerosemena agregó que el país debe reconsiderar reforzar la atención sobre la protección a las niñas. De 21 mil víctimas de abuso sexual, 819 eran niñas de menos de 14 años, lo  que perpetúa la pobreza y discriminación porque serán niñas que no pueden ir a la escuela.

Joel Hernández, Comisionado de la CIDH para Honduras, expresó que enviar una prohibición al mayor nivel jerárquico requiere un proceso ampliamente discutido con foros sociales abiertos, expertos nacionales e internacionales, pero llamó su atención la rapidez con la que se realizó la aprobación.

Hernández exhortó al país a avanzar para dar garantías a las mujeres y niñas, por lo que la Sala de lo Constitucionalidad debe hacer un control de convencionalidad del por qué esta norma quedó en la Constitución, el punto de partida tiene que ser la apertura del aborto en las tres causales y facilitar el uso de la PAE.

Margarette May Macaulay, Relatora de los Derechos de la Mujer, indicó que para muchos fue “un golpe en la cara”, una sorpresa la reforma constitucional después que en el informe de Derechos Humanos del 2019 se planteó la situación que viven las mujeres y niñas en el país, además todas las recomendaciones que hizo la CIDH.

La relatora agregó que esta reforma representa una sentencia de muerte para muchas mujeres y niñas que son sexualizadas de manera forzosa y que tienen que llevar un embarazo en el país, una situación muy seria e inaceptable que queda clara para quienes han trabajado con Honduras.

Describió que no es la forma de hacer las cosas sino que el Estado debe garantizar que los hombres no cometan esos actos porque no se escucha nada al respecto de cuáles son las leyes que castigan y cuántos casos han sido judicializados.

Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, REDESCA, dijo que es importante que el país tome el tema como una necesidad de salud pública.

Julissa Matilla, vicepresidenta de la CIDH, agradeció a la sociedad civil por introducir el tema en una audiencia, pues los instrumentos internacionales tienen las obligaciones de transformar las circunstancias que generen sumisión de la mujer y crear políticas contra la desigualdad y discriminación.

Finalmente agregó que estos instrumentos establecen que los países que tienen la prohibición absoluta del aborto debían analizar sus normativas y en este ámbito,  en los derechos sexuales y reproductivos deberían tener acceso a la salud diferenciada.