Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de la República Argentina, Barbados, Belice, la República Federativa del Brasil, Canadá, la República de Chile, la República de Colombia, la República de Costa Rica, la República del Ecuador, la República de El Salvador, la República de Guatemala, la República de Haití, la República de Honduras, Jamaica, los Estados Unidos de América, los Estados Unidos Mexicanos, la República de Panamá, la República del Paraguay, la República del Perú y la República Oriental del Uruguay, reunidos en Los Ángeles en los márgenes de la Novena Cumbre de las Américas, reiteramos nuestra voluntad de fortalecer los esfuerzos nacionales, regionales y hemisféricos a fin de crear las condiciones para una migración segura, ordenada, humana y regular, así como fortalecer los marcos necesarios para la protección y cooperación internacional.

Reconocemos la necesidad de promover condiciones políticas, económicas, de seguridad, sociales y ambientales para que las personas lleven una vida pacífica, productiva y digna en sus países de origen. La migración debería ser una elección voluntaria e informada, y no una necesidad.

Nos comprometemos a proteger la seguridad y la dignidad de todos los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y apátridas, independientemente de su calidad migratoria, y a respetar sus derechos humanos y libertades fundamentales. Prevemos cooperar estrechamente para facilitar una migración segura, ordenada, humana y regular y, conforme proceda, promover los regresos seguros y dignos, de forma coherente con la legislación nacional, el principio de no devolución y nuestras respectivas obligaciones en virtud del derecho internacional.

Reconocemos que abordar la migración internacional irregular requiere un enfoque regional, y que los retos sanitarios, sociales y económicos actuales relacionados con la pandemia exacerban las causas fundamentales que impulsan la migración irregular, incluidas las vulnerabilidades de muchos migrantes y sus comunidades. 

Valoramos la tradición de nuestra región al acoger a los refugiados y a los migrantes; y al mostrar solidaridad con nuestros vecinos. Reconocemos las aportaciones positivas de los refugiados y los migrantes al desarrollo socioeconómico de sus comunidades de acogida. Reconocemos los esfuerzos sostenidos de los Estados de nuestro hemisferio para acoger a los refugiados, proporcionar vías regulares de migración, promover la integración económica y social local, facilitar el regreso seguro, dignificado y voluntario y apoyar la reintegración sostenida de los repatriados. 

Seguimos comprometidos con el aprovechamiento colectivo de los beneficios de la migración en tanto que abordamos sus retos en los países y comunidades de origen, tránsito, destino y regreso. Lo hacemos con un espíritu de colaboración, solidaridad y responsabilidad compartida entre Estados y en asociación con la sociedad civil y las organizaciones internacionales. Reafirmamos nuestro compromiso compartido de apoyar a las comunidades de acogida; fortalecer y ampliar las vías regulares y el acceso a la protección internacional; fomentar las oportunidades de trabajo decente; facilitar la normalización y el acceso a los servicios básicos; y promover los principios de una migración segura, ordenada, humana y regular.

También procuramos fortalecer las instituciones que son responsables de la gestión de la migración en nuestros países e intercambiar mejores prácticas, con el fin de proporcionar cuidado adecuado y eficiente a los migrantes y acceso a protección para los refugiados.

Promover la estabilidad y la asistencia para las comunidades de destino, origen, tránsito y regreso

Afirmamos que es posible que los países de origen, así como los países y las comunidades que acogen a un gran número de migrantes y refugiados, necesiten financiamiento y asistencia internacional relacionados con el desarrollo, las necesidades humanitarias básicas, la protección, la seguridad, la salud pública, la educación, la inclusión financiera y el empleo, entre otros. Apoyamos los esfuerzos que permiten a todos los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y personas en situaciones de vulnerabilidad integrarse en los países de acogida y acceder a una identidad legal, condición regular, empleo digno, servicios públicos y protección internacional cuando sea adecuado y de conformidad con la legislación nacional, para reconstruir sus vidas y contribuir a esas comunidades. Tenemos previsto continuar los esfuerzos para prevenir y reducir la apatridia. Nos proponemos ampliar los esfuerzos para abordar las causas fundamentales de la migración irregular en todo nuestro hemisferio, con el fin de mejorar las condiciones y oportunidades en los países de origen y la promoción del respeto de los derechos humanos. Reafirmamos la importancia de un regreso, readmisión y reintegración seguros, dignos y sostenibles de los migrantes para ayudarles a restablecerse en sus comunidades de origen. Reafirmamos, además, la importancia de garantizar que todos los ciudadanos extranjeros reciban asistencia consular rápida cuando la necesiten o la soliciten y los migrantes que regresan reciban un trato humano y digno, sin importar su calidad migratoria, incluido en el proceso de su repatriación y regreso.

Promover vías regulares de migración y protección internacional

Afirmamos que las vías regulares, incluidas las oportunidades de migración laboral circular y estacional, la reunificación familiar, los mecanismos de migración temporal y los programas de normalización promueven una migración más segura y ordenada. Pretendemos fortalecer las oportunidades de migración laboral justa en la región, mediante la integración de salvaguardias sólidas que garanticen una contratación ética y un empleo sin explotación, violencia ni discriminación, en consonancia con el respeto de los derechos humanos y con una perspectiva de género. Prevemos promover, de conformidad con la legislación nacional, el reconocimiento de las cualificaciones, y la portabilidad de las prestaciones sociales. Procuramos perseguir la rendición de cuentas de quienes cometen violaciones y abusos de derechos humanos. Proponemos promover el acceso a protección y vías complementarias para solicitantes de asilo, refugiados y apátridas, de conformidad con la legislación nacional y con respeto al principio de no devolución. Pretendemos promover procesos de gestión y seguridad de fronteras que respeten los derechos humanos y que fomenten y faciliten desplazamientos legales, seguros y sin riesgos dentro de la región. Nos comprometemos a garantizar los derechos humanos de las personas en situaciones de vulnerabilidad y a brindar acceso a protección internacional, conforme proceda. Además, pretendemos prestar una atención especializada y con perspectiva de género a las personas en situación de vulnerabilidad.

Promover una gestión humana de la migración

En el marco de la renovación de nuestro compromiso de respetar y garantizar los derechos humanos de todos los migrantes y las personas que necesitan protección internacional, reconocemos la responsabilidad de cada país de gestionar los movimientos mixtos a través de las fronteras internacionales de forma segura, humana, ordenada y regular. Tenemos la intención de ampliar los esfuerzos de colaboración para salvar vidas, hacer frente a la violencia y la discriminación, luchar contra la xenofobia y combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. Esto incluye la ampliación de la colaboración para procesar a las organizaciones delictivas dedicadas al tráfico ilícito de migrantes y a la trata de personas, así como a sus facilitadores y a las redes de lavado de dinero. Nos comprometemos a proporcionar protección y asistencia adecuadas a las personas víctimas. Según la legislación nacional, pretendemos mejorar y facilitar el intercambio de información entre las fuerzas de seguridad regionales con el fin de apoyar la investigación y el procesamiento de los delitos. Pretendemos explorar nuevos mecanismos, mientras preservamos y empleamos los foros regionales, subregionales, hemisféricos y mundiales actuales, para reforzar la cooperación en materia de gestión de fronteras y aplicar los mecanismos actuales relativos a regímenes de visado y procesos de normalización para combatir la explotación por parte de grupos delictivos. En el caso de los extranjeros sin necesidad de protección internacional y sin base legal para permanecer en su país de presencia, nos comprometemos a llevar a cabo cualquier regreso en consonancia con nuestras respectivas obligaciones conforme al derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados, y de manera que se respete la dignidad de la persona, se integren salvaguardias para evitar la devolución y se propicie el regreso de los menores a condiciones seguras. 

Promover una respuesta de emergencia coordinada

Conscientes de la importancia de promover una migración segura, ordenada y regular y la seguridad de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en la región, pretendemos cooperar en materia de respuesta ante emergencias y asistencia humanitaria en situaciones de movimientos migratorios y de refugiados masivos. Tenemos previsto reforzar los mecanismos de coordinación regional existentes y, según sea adecuado, la participación de la sociedad civil y de las organizaciones internacionales para avanzar en dichos objetivos. Esto incluye el fortalecimiento del intercambio de información, conforme proceda y de conformidad con la legislación nacional, la mejora de los sistemas de alerta temprana, el aprovechamiento de los foros y procesos existentes y pertinentes, y la definición de un conjunto común de desencadenantes que activen una respuesta coordinada.

Enfoque común para reducir y gestionar la migración irregular 

A fin de avanzar en los objetivos comunes establecidos en esta Declaración y crear las condiciones para una migración segura, ordenada, humana y regular mediante un sólido reparto de responsabilidades, pretendemos trabajar juntos a lo largo del hemisferio para:

• Convocar a los bancos multilaterales de desarrollo, a las instituciones financieras internacionales y a los donantes tradicionales y no tradicionales para examinar instrumentos de apoyo financiero para los países que acogen a poblaciones migrantes y que enfrentan otros desafíos en materia de migración, sin perjuicio de las prioridades y los programas de financiación existentes.
• Mejorar los mecanismos de cooperación regional para la cooperación en materia de cumplimiento de la ley, el intercambio de información, la gestión de las fronteras que tengan en cuenta la protección, los regímenes de visado y los procesos de normalización, conforme proceda y de conformidad con la legislación nacional.
• Reforzar y ampliar las vías de migración laboral temporal, según sea viable, que beneficien a los países de la región, incluso mediante nuevos programas que promuevan las conexiones entre empleadores y trabajadores migrantes, salvaguardias sólidas para la contratación ética y la protección legal de los derechos de los trabajadores.
• Mejorar el acceso de todos los migrantes, refugiados y apátridas a los servicios públicos y privados para promover su plena inclusión social y económica en las comunidades de acogida.
• Ampliar el acceso a las vías regulares para los migrantes y los refugiados para que incluyan las opciones de reunificación familiar, cuando sea adecuado y viable, de conformidad con la legislación nacional.

Esta Declaración se basa en los esfuerzos y compromisos internacionales existentes y promueve la visión establecida en el Pacto Mundial sobre los Refugiados y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (GCM) en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  Reconocemos los avances señalados en la Declaración de Progreso del Foro de Examen de la Migración Internacional para el GCM.  Afirmamos el trabajo fundamental que se sigue realizando dentro del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) y la Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM), como entidades regionales claves para facilitar la implementación de esta Declaración, así como el Proceso de Quito y la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela. La Convención de las Naciones Unidas para los Refugiados de 1951; su Protocolo de 1967; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; los Convenios de Ginebra de 1949 y el Derecho Internacional Humanitario; la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños; su Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire; la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño; la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; así como otras convenciones internacionales siguen siendo vinculantes para las Partes de esas convenciones que respaldan esta Declaración. Esta Declaración se ajusta a los compromisos asumidos por los Estados en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y sus principios generales y directrices operativas para la contratación equitativa. Reiteramos la importancia y el significado del principio de no devolución como piedra angular de la protección internacional de los refugiados. Aplaudimos los esfuerzos realizados a lo largo de la región a fin de brindar una respuesta coordinada e integral a todos los migrantes, repatriados, refugiados, solicitantes de asilo y apátridas. Formulamos esta Declaración de compromisos jurídicamente no vinculantes para mejorar la cooperación y las responsabilidades compartidas en la gestión de la migración y la protección de manera que se basen en los derechos humanos, la transparencia, la no discriminación y la soberanía de los Estados.