Aunque la Ley de Protección de Defensores y defensoras de derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, fue diseñado para brindar seguridad a estos sectores y  protegerlos de los abusos de poder, en la actual configuración de la instancia, el presidente de la República Juan Orlando Hernánde,  tendrá un “un control indirecto”, pues la mayoría de las instituciones del Estado involucradas en esa estructura dependen directamente del mandatario.

En la opinión de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, el Estado de Honduras en vez de garantizar el cumplimiento de las recomendaciones del Examen Periódico Universal, (EPU),  se ha dedicado a perseguir, amenazar, censurar y violentar  la libertad de expresión en el país, a 15 meses de haber aceptado las recomendaciones del Consejo de los Derechos Humanos, en Ginebra.

Los defensores y defensoras de derechos humanos están bajo la mira de la inteligencia militar, sus casos y los alcances de los mismos son Top Secret, nadie sabe cómo son manejados, y hasta este 06 d abril se supo que  el Sistema Estratégico de Recolección, Cotejamiento, Análisis y Archivo de Información, SERCAA, a cargo del oficial Orlin Cerrato, era el encargado de investigar las denuncias de amenazas recibidas por quienes en Honduras desarrollan una de las tareas más peligrosas en el país: la defensa de los derechos humanos.

Ante la escalada de violencia hacia el trabajo que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos en nuestro país, diversas organizaciones sostuvieron una reunión con representantes de la Policía Nacional Preventiva y de la Fiscalía de derechos Humanos del Ministerio Público, (MP), con el objetivo de abordar la ejecución de las medidas de protección a quienes se encuentran en situación de riesgo, este miércoles 06 de abril de 2016.

 El Relator de Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos Michael Forst, solicitó al Estado de Honduras tomar medidas inmediatas y concretas para evitar que los asesinatos en contra de defensores y defensoras de Derechos Humanos permanezcan impunes, luego de los asesinatos ocurridos en menos de 20 días en contra de miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas  (COPINH).