En repetidas ocasiones diversos organismos y estados del sistema interamericano y de las Naciones Unidas les han recomendado a las autoridades hondureñas, aprobar reformas penales para excluir de las penas carcelarias, la calumnia, la difamación y la injuria, tipificados como los delitos contra el honor.
“Difícil”, así define Rigoberto Mendoza la libertad de expresión en el departamento de Colón, una región históricamente golpeada por la disputa de tierras, el narcotráfico y los daños que provoca la minería.
Por su labor en la defensa de la libertad de expresión, ha sido víctima de al menos un atentado criminal, amenazas de muerte, seguimientos en vehículos y robo de su equipo de trabajo. Su vida está en peligro, pero las autoridades le cerraron las puertas y la dejaron a la buena de Dios.
El lamentable asesinato de Gabriel Hernández, presentador del programa de televisión “El Pueblo Habla”, sella la contradicción de ser periodista y convertirse en noticia. Sin embargo, la situación se agrava, cuando las autoridades tienen conocimiento del riesgo y no hacen nada para evitar una muerte violenta, como sucedió con este comunicador social.