La Hidroeléctrica Desarrollos Energéticos, S.A, DESA, respondió un correo electrónico de la organización Business & Human Rights Resource Centre, en relación a la demanda que la compañía ha interpuesto contra la defensora de los derechos de las mujeres, Suyapa Martínez, para lo cual fue citada y debe presentarse al Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán el próximo 21 de marzo.
"Front Line Defenders expresa su grave preocupación por el acoso judicial contra el CEM-H y la defensora de derechos humanos Suyapa Martínez, ya que considera que la denuncia contra la organización está directamente relacionada con su trabajo legítimo en defensa de los derechos humanos", señala Front Line Defenders en una alerta emitida este 06 de marzo de 2017.
Líderes sociales, mujeres y de los pueblos originarios e indígenas, sostuvieron que la demanda interpuesta contra Suyapa Martínez, directora del Centro de Estudios de la Mujer,(CEM-H), es una clara violación a la libertad de expresión, dirigida hacia las personas que mantienen una constante crítica hacia el sistema de impunidad que impera en el país, especialmente en el caso del asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres.
Ayer 27 de febrero de 2017 entraron en vigencia las reformas enviadas por el presidente Juan Orlando Hernández, con la publicación por la tarde-noche en el Diario Oficial La Gaceta.Mientras el presidente del Congreso Nacional a través de una delegada sin poder de decisión sino con un mandato claro, sostiene reuniones con organizaciones de sociedad civil que demandan un stop tanto a las reformas penales como a nuevo Código Penal que profundizará violaciones a los derechos humanos, entre ellas la cárcel para periodistas, comunicadores sociales, la ciudadanía que proteste y la oposición política, evidenciando que solo es una estrategia de entretenimiento.
Los crímenes contra periodistas, comunicadores sociales y en general los trabajadores de la comunicación se han vuelto “una normalidad” en el país. Cuando matan a alguien de este sector el tema en los medios de comunicación dura una o dos semanas, después sale de la agenda pública. Paralelamente a ello, sucede lo mismo con los operadores de justicia que al principio actúan por la presión mediática y dicen que están haciendo grandes esfuerzos para llevar a los culpables a la justicia.