La situación de contagio por el Covid19 en la Penitenciaría Nacional, ubicada en Támara, Francisco Morazán, se le salió de las manos al gobierno de Juan Orlando Hernández, lo cual debió de preverse desde el principio de la pandemia y los llamados de alerta de diferentes organizaciones que interpusieron recursos a favor de los privados de libertad por el peligro latente que ahora es una realidad, según denunciaron familiares y organizaciones que trabajan en las cárceles.
El coordinador de la Mesa Penitenciaria de Honduras, Carlos del Cid, ha manifestado que desde hace más de tres semanas se entablaron comunicaciones con el Instituto Nacional Penitenciario, INP, para que se contratara más personal médico para dar atención en los distintos centros de reclusión del país ya que se informó que un guardia y una persona del área de salud de la cárcel de varones del Valle de Tamara, resultaron contagiados.
Sin embargo a criterio del defensor de derechos humanos, el INP no actuó con la agilidad que se esperaba y como consecuencia de ello, según datos que se están manejando cada día, hay reportes de casos positivos, por lo cual desde la semana anterior se inició con la aplicación de 50 pruebas en algunos de los módulos del recinto carcelario.
Hasta el momento se desconoce con exactitud la cantidad de presos contagiados, pero para la mesa penitenciaria ha reportado más de 120 casos y unos cinco fallecimientos sospechosos por el virus, y señaló que la situación ya se le salió de las manos al Estado de Honduras, ésto estaría provocando el aumento de casos y muertes de privados de libertad, que son personas que pese a estar encarcelados no han perdidos sus derechos humanos, sobre todo el derecho humano a la salud que es responsabilidad estatal, por ser garante de la salud e integridad de estas personas que se encuentran bajo su tutela.
Por otra parte familiares de un interno en la Penitenciaría Nacional, con sede en Támara, Francisco Morazán, denunció a pasosdeanimalgtande.com que no tiene noticias de su hermano desde el miércoles de la semana recién pasada, y lo que según se les dijo es que la situación al interior de la penitenciaría es bastante complicada. Una de las mayores preocupaciones de la fuente es que se les está negando a los familiares tener información de la condición de salud de los privados de libertad.
La persona que pidió no revelar su nombre por temor a represalias dijo que con quien comparte un vínculo familiar está interno desde año y medio, y ya estaría presentando algunos de los síntomas relacionados al COVID-19, como la falta del olfato, del gusto, dolor de cuerpo, fiebres , pero hasta ese momento no se le había aplicado la prueba de detección del virus, porque se le negó por no presentar mayores complicaciones.
De igual manera expuso que solo los privados de libertad con privilegios pueden informar a sus familiares de la condición en la que se encuentran porque tienen acceso a un teléfonos móvil, mientras que los demás internos deben pagar cada vez que necesitan llamar y el costo de estas llamadas es muy alto, razón por la que la fuente solo pudo mantener comunicación por tres minutos la última vez que habló con el convicto y lamentó la situación precaria, porque se le dijo que habían más personas enfermas y no saben si empeorarán o morirán.
Comunicado de la Mesa Penitenciaria
A la comunidad nacional e internacional, ante la grave situación de contagios por COVID 19 que se están dando en privados de libertad del centro penitenciario “Marco Aurelio Soto” de Tamara, la Mesa Penitenciaria nos pronunciamos en los siguientes términos:
- El 31 de marzo del presente año el Mecanismo y comité nacional de prevención contra la tortura y otros tratos crueles e inhumanos MNP-CONAPREV, presento ante los magistrados de la sala constitucional un HABEAS CORPUS HUMANITARIO en favor de las personas privadas de libertad vulnerables por riesgo ENMINENTE de contagio por el COVID 19. El mismo solicitaba la excarcelación de todos aquellos privados de libertad de la tercera edad con padecimientos de enfermedades crónicas o terminales, cuya vulnerabilidad en las condiciones de insalubridad y hacinamiento que operan en dicho centro los haría presa fácil de contagio. Tal solicitud fue rechazada y ahora vemos los resultados de tal decisión, más de 120 privados de libertad positivos por COVID 19 y los últimos 5 fallecimientos de privados de libertad sospechosos de la misma causa
- Es responsabilidad legal y humanitaria del Estado de Honduras a través del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y otras instituciones en este contexto de la pandemia como el SINAGER , COPECO y la Secretaria de Salud, garantizar la integridad física y la salud de los más de 22,000 privados de libertad que se encuentran en los 28 centros carcelarios del país y en particular la cárcel de varones de Tamara, con más de 7,000 privados de libertad y la de mujeres con más de 900, ambas en condiciones de insalubridad y hacinamiento.
3. Las distintas organizaciones que formamos parte de la Mesa Penitenciaria, hemos venido trabajando en coordinación con las diferentes autoridades y familiares de los privados de libertad a través de los últimos años, desarrollando proyectos que ayudan a la rehabilitación y reinserción de los privados de libertad, sin embargo en estos últimos tres meses por el contexto de la pandemia se nos ha limitado en gran parte dicho trabajo, lo cual entendemos, pero no compartimos la política reciente del silencio y la falta de información sobre el estado real de las condiciones de salud de los y las reclusos de los centros penitenciarios de varones y mujeres de Tamara.
Por todo lo anterior, exigimos al Estado de Honduras y a los organismos internacionales de derechos humanos presentes en el país, en el contexto de esta pandemia:
Hacer una intervención inmediata y urgente de carácter humanitario e integral en los centros penitenciario de varones y mujeres de Tamara, con la presencia del SINAGER, COPECO, Secretaria de Salud y el INP en la contratación inmediata de más personal de salud, la aplicación masiva de las pruebas PCR a toda la población penitenciaria y empleados, el aislamiento y tratamiento en las condiciones seguras y adecuadas de los y las contagiados, y la coordinación inmediata con los familiares de los afectados.
Tegucigalpa 15 de junio del 2020
MESA PENITENCIARIA
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