Desde el 16 de marzo que se decretó la suspensión de garantías en Choluteca se han reportado dos asesinatos, dos allanamientos y una detención arbitraria, además de represiones en la zona por las protestas por falta de comida y derecho al trabajo. Desde las elecciones del 2017 es una de las ciudades donde más se reportan incidentes graves a defensores de derechos humanos, periodistas y civiles en general.

El Sur se mantiene alerta ante recientes ataques a defensores de derechos humanos, este último mes asesinaron después de desaparecer por horas al joven Marvin Damián Castro, allanaron la sede de la organización Ací Participa, y han agredido a otros por la labor que realizan.

Asesinatos

Marvin Damián Castro, de 29 años fue asesinado este 13 de julio del 2020, en el municipio de Pespire, en el departamento de Choluteca, era miembro del Movimiento Ambientalista del Sur para la Vida (MASSVIDA), presidente de la Red de Jóvenes que coordina la Asociación de Desarrollo Pespirense (ADEPESHN), del Movimiento Juvenil Revolucionario de Honduras (MOJUREH), y recientemente simpatizante del Movimiento Amplio Universitario (MAU-CURLP).

Castro había desaparecido el día anterior en horas de la mañana y fue encontrado este lunes 1 de julio en el Río Sacamil, de la comunidad Tibia de la aldea El Espinal, según un medio de comunicación local el cuerpo presentaba heridas de arma blanca.

De acuerdo a lo que informó un militante del MAU-CULP a pasosdeanimalgrande.com era muy conocido entre todos por ser una persona activa en las protestas sociales en la defensa de los derechos humanos, además había ingresado en el 2019 al Movimiento Amplio Universitario y estudiaba la carrera de comercio internacional.

Iris Argentina Álvarez, era lideresa de la cooperativa campesina Cerro Escondido, en el sector de Los Chanchos, municipio de Marcovia, Choluteca. el sur de Honduras. Fue asesinada el 02 de abril de este año, por guardias de seguridad privada de la empresa azucarera, “La Grecia”, quienes llegaron a la zona y de forma violenta , con armas de alto calibre y arma blanca, irrumpieron en los terrenos donde se ubica la cooperativa y que son estatales, disparando a quienes se oponían a renunciar al esfuerzo que la colectividad había emprendido, en busca de un pedazo de tierra, para asegurar la alimentación y el sustento de sus familias.

Allanamientos

El domicilio de German Chirinos, defensor del ambiente y coordinador del Movimiento Ambientalista Social del Sur por La Vida (MASS-VIDA), fue allanada el 20 de junio, por varios agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC , quienes llegaron desde Tegucigalpa armados, con pasamontañas y sin presentarle una orden, le decomisaron su celular y su tarjeta de identidad que le regresaron después de dos horas.

Según Chirinos, uno de los agentes que ingresaron le amenazó diciéndole: “Si quieres llevar la vida con normalidad, aquí no pasó nada” .Él es beneficiario de Medidas Cautelares por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, (CIDH).

El 10 de julio recién pasado, Hedme Castro, la directora de ACI- Participa denunció el allanamiento y saqueo a la oficina regional de esa institución en Choluteca , por la tarde, misma que está cerca de la Policía Nacional, de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y de la fiscalía. Paradójicamente no pudieron darse cuenta del asalto, dentro de la oficina quedó todo revuelto.

Aleyda Xiomara Huete, defensora de derechos humanos, denunció el 17 de marzo de este año que desde horas de la mañana en la casa donde se encontraba fue rodeada de patrullas policiales, que esperaban una orden de allanamiento para entrar aprovechando el toque de queda para capturarla.

Huete es una lideresa del movimiento de oposición Bastion del Sur, que lucha contra las arbitrariedades de la dictadura del presidente Juan Orlando Hernández, por lo que ha sido víctima constante de ataques, persecución y allanamiento .

Pasosdeanimalgrande.com mediante contacto con algunas organizaciones de defensa de derechos humanos en el Sur, ha conocido un contexto de injusticia. Aunque realizan la defensa de los derechos humanos, las autoridades locales tienen poco respeto por su trabajo y esto les pone en mayor vulnerabilidad a tal extremo que los cuerpos de seguridad del Estado les han atacado cuando vigilan el respeto de los derechos humanos en las protestas que desde noviembre de 2017 realiza la población.