Un Recurso de Reposición presentado por organizaciones de derechos humanos y personas defensoras desde el 07 de junio de este año, se mantiene en las gavetas de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, esta falta de respuesta violenta el derecho a defender los derechos humanos a miles de personas en Honduras y por ende las acciones en favor de las víctimas son reducidas en terreno debido a las restricciones gubernamentales por Covid19.

La Sala Constitucional denegó un Recurso de Amparo presentado en mayo, por lo que representantes de organizaciones y personas defensoras hicieron uso de un Recurso de Reposición el pasado 07 de junio, lo que pareciera una política estatal de obstaculizar la defensa de los derechos humanos en el país.

Donny Reyes, Concejal del Consejo de Protección y director de la organización LGTB Arcoíris, explicó que así como trabaja la Corte eso podría tardar 15 días o tres años, porque no entienden que la defensa de los derechos humanos no tiene un tiempo o lugar determinado sino que se da en cualquier circunstancia.

Según Reyes lo que preocupa es que los requisitos para el salvoconducto son demasiados, que más pareciera un mapeo de las organizaciones y de su equipo de trabajo, mismo que los pone en condiciones de vulnerabilidad o peligrosidad conociendo la realidad de país, “por eso se realizó una propuesta de que los salvoconductos que se entreguen sean a las organizaciones como tal y que los directivos encargados, mientras si se trata de una persona defensora individual puede dar sus datos”.

Detalló que la viceministra de Protección les hizo una pregunta fuera del lugar de por qué no quieren poner toda la información donde se incluyan nombres completos, números de identidad, y otros datos personales, “esta interrogante nos sorprendió, la sentimos como una burla que mejor no respondimos”.

La abogada Kenia Oliva, del Bufete Justicia para los Pueblos, indicó que frente a las circunstancias para los defensores solo queda esperar la respuesta de la Sala de lo Constitucional a resuelva sobre el Recurso de Reposición.

Reyes y Oliva aclararon que la petición de las organizaciones no implica que es para que salgan a laborar y exponerse, sino que es una necesidad frente a los abusos, violaciones y asesinatos que están ocurriendo en el país durante la pandemia, entre ellos el secuestro a cuatro Garífunas, las agresiones y detenciones de defensores de derechos humanos y periodistas, y 7 personas de la comunidad LGTBI que han sido asesinadas.