La abogada Kenia Oliva, del Bufete Jurídico Justicia para los Pueblos, denunció que para el equipo legal la falta de respuesta a acciones judiciales en el caso de los ocho defensores del Río Guapinol encarcelados, puede ser una retención maliciosa del expediente para retrasar la libertad de ellos.
Los detenidos, quienes son considerados por diversos sectores como presos políticos, guardan prisión sin justificación jurídica, de acuerdo a la opinión de sus apoderados legales. Un Recurso de Apelación interpuesto espera por respuestas y en la cárcel las horas son más largas y peligrosas.
Los defensores de Guapinol Daniel Márquez, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Orbin Nahún Hernández, Porfirio Sorto Cedillo y José Abelino Cedillo, se presentaron voluntariamente el 26 de agosto del 2019, pero fueron enviados a prisión a pesar que sus abogados lograron desvirtuar el delito de Asociación Ilícita, los delitos imputados son Incendio Agravado, Daños y Retención Injusta de la Libertad, contra el jefe de seguridad de la Minera Inversiones Los Pinares, en un juicio con graves faltas al Debido Proceso.
Oliva informó que el 29 de julio del 2020, se presentó una solicitud al Ministerio Público de Tocoa, Colón, para que este ente desista inmediatamente de la medida cautelar de prisión preventiva, ya que el delito más grave fue sobreseído y que en contexto de pandemia al no estar sentenciados se les puede brindar la libertad para salvaguardar sus vidas, pero no hay ninguna respuesta, contraviniendo los derechos humanos de los defensores.
Rey Domínguez, presidente de la Junta de Agua de Guapinol, agregó que la población ha seguido su lucha desde las comunidades en espera de que el gobierno resuelva una orden de suspensión de explotación a Inversiones Los Pinares y Ecotek.
Según Domínguez, para las comunidades fue necesario establecer el campamento de Guapinol, una decisión después de diversas tomas en la municipalidad que no tenían respuesta, así que se movilizaron a la zona de la Montaña Botaderos, donde las empresas antes señaladas tenían el proceso de excavación y estaban arrojando sedimentación a los ríos y dañando las fuentes de agua que alimentan al menos seis municipios en el departamento de Colón.
El parque Carlos Escaleras es una reserva protegida de Honduras, a la que estas empresas están dañando en la zona núcleo. Las comunidades han hecho una lucha, pero la encarcelación de los defensores y la pandemia por Covid-19, retrasaron el trabajo realizado, indicó Domínguez.
En septiembre próximo los defensores de Guapinol cumplirán un año de estar encarcelados injustamente, según lo han indicado observadores nacionales e internacionales en defensa de los derechos humanos.
