Un vehículo color blanco, doble cabina, ronda la vivienda del defensor Reynaldo Domínguez, por lo que La comunidad de Tocoa Colón, exige respeto y garantías a sus derechos humanos, responsabilizando de esta acción a las empresas minera Inversiones Los Pinares y Ecotek, en conjunto con los cuerpos armados del Estado de Honduras .

El Diario Colón HN, informó  este 27 de agosto del 2020, que mediante una llamada telefónica el director de la Policía Nacional Antidrogas el sub comisionado Mario Molina, les informó la instalación de un contingente antidrogas y comando de operaciones especiales debido al aumento de criminalidad.

Según la Secretaría de Seguridad las acciones corresponden a la Operación Cazador que se ha realizado durante los últimos días en el departamento de Colón, encontrando este 26 de agosto en Iriona unas 100 mil plantas de coca, pero debido a que la militarización de la zona ocurre mientras Honduras se encuentra en suspensión de garantías constitucionales dictadas por el gobierno desde el 16 de marzo la comunidad teme que se trate de algo prefabricado para militarizar completamente la zona debido a la oposición para las operaciones de la minera.

En la crisis del bajo Aguán se utilizaron estrategias gubernamentales parecidas para proteger a los terratenientes de la zona, entre ellos Miguel Facussé.

Uso del derecho penal para proteger intereses empresariales 

Desde el 2019 al menos de 20 a 22 comunidades se organizaron en el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, instalaron un campamento en el Río Guapinol porque esta fuente de agua estaba siendo contaminada por la excavación de la empresa minera que abría una calle derribando los árboles y desplazando sedimentación hacía el agua.

El 30 de octubre del 2018 ocurrió un desalojo violento por la policía y el ejército en contra de la población. Un joven fue herido de bala y decenas de personas resultaron heridas y fuertemente golpeadas, incluyendo periodistas que cubrían el accionar para proteger a la empresa. Después de eso el Ministerio Público emitió requerimientos fiscales contra los defensores del río.

A finales de febrero de 2019 fueron enjuiciados 12 defensores de Guapinol y del Comité de Bienes Comunes, permanecieron en prisión y un juez de jurisdicción nacional les dictó sobreseimiento definitivo.

Pero otros siete se presentaron voluntariamente el 26 de agosto del 2019, siendo enjuiciados también por una jueza con jurisdicción nacional quien les envió a prisión de la que hasta ahora no han salido a pesar de que los delitos les facilitarían defenderse en libertad y que sus abogados defensores han presentado un sinnúmero de recursos ante los órganos judiciales.

Este 27 de agosto del 2020, mediante una conferencia de prensa, el abogado Carlos Jiménez, denunció que el cambio de Jueces de jurisdicción nacional ya no tienen ningún efecto en el caso contra los defensores, pero que en su momento se denunció que el juez Víctor Méndez, les había confirmado estar bajo presión en el proceso.

Jiménez detalló que los que iban hacer los jueces nacionales Víctor Méndez y Lisseth Vallecillo, ya estaba hecho porque durante el 2019 aunque hicieron varias acciones para excarcelarlos, no lo lograron.

Rolando Argueta, presidente de la CSJ, comunicó este 19 de agosto el cambio de jueces argumentando que era parte del “Plan Nacional de Erradicación de la Mora Judicial”, aunque la preocupación de los abogados defensores también recae en la posible elección de German McNeil, como comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención Honduras contra torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes, (MNP-CONAPREV), quién mantuvo un manejo precario como subdirector del Instituto Nacional de Penitenciario y podría verse nuevamente involucrado en violaciones de derechos de los privados de libertad en general.

Gabriela Sarto, hija de uno de los defensores criminalizados, recalcó que los pobladores de dicha comunidad permanecen en un estado de temor pues deben cuidarse de ser agredidos o secuestrados por personas supuestamente enviadas por las empresas o los cuerpos represivos del Estado, por lo que en la zona cualquier acto sospechoso es informado para exponer la vulnerabilidad en que viven.

En Honduras, existe persecución fuerte a defensores territoriales y uno de los casos emblemáticos a nivel internacional es el asesinato de Berta Cáceres, en marzo de 2016 y en el cual la familia ha responsabilizado a la empresa Desarrollos Energéticos, S.A., DESA.