Un proceso abierto por encubrimiento y usurpación por ejercer su labor como defensores de derechos humanos, son las secuelas de un sistema de justicia selectivo que dejó en libertad a los oficiales torturadores y mantiene abierto un proceso penal  contra tres personas defensoras, que podrían ir hasta un juicio oral y público por ejercer su  derecho a defender los derechos humanos, dijo Ariel Díaz, quien el 08 de septiembre de 2017 fue torturado y encarcelado por proteger a estudiantes que se manifestaban pacíficamente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.

Tres años después del ataque violento a su integridad física y a la de estudiantes con gas lacrimógeno rociado a su rostro , amenazas, toletazos y otra serie de agresiones para después ser llevados presos acusados por el Ministerio Público y la policía de encubrimiento, las secuelas sicológicas, físicas y legales, dejan claro que el Estado de Honduras pretende estorbar la labor de defender los derechos fundamentales en el país.

Ariel Díaz, del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, (CIPRODEH), explica la difícil situación trascurrida a través de un largo proceso contra ellos pero la libertad definitiva para los violadores de sus derechos. La Juez Gabriela Gallo otorgó sobreseimiento definitivo a los oficiales de la Policía Nacional, Félix Adrián Colindres, Juan Manuel Aguilar y Marlon Vásquez Palma.

Escuche el siguiente audio donde Ariel Díaz puntea las irregularidades :

 Tratos crueles ocurridos el 8 de septiembre del 2017

En el contexto de lucha estudiantil, hace tres años los defensores enfrentaron varias situaciones de riesgo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde la ex rectora Julieta Castellanos en complicidad con el Ministerio público y las fuerzas policiales, impusieron un régimen de criminalización y persecución a quienes se oponían a las reformas universitarias.

El 08 de septiembre del 2017, un grupo estudiantil mantenía una manifestación pacífica que fue reprimida, defensores de derechos humanos recibieron la alerta de un grupo de estudiantes que había quedado atrapado después del desalojo violento. Estaban rodeados por la Policía Nacional Preventiva y guardias de seguridad, y temían por su vida.

Díaz y la defensora Hedme Castro, de ACI-Participa se movilizaron en un bus del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, (CONADEH), para sacar al grupo estudiantil de las instalaciones, mientras adentro se encontraban Carlos del Cid, del Observatorio Ecuménico por los Derechos Humanos y Tomy Morales, de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU.

Carlos del Cid, Ariel Díaz y Tomy Morales , fueron acusados de encubrimiento, pero a ella le agregaron el delito de atentado contra la seguridad el Estado. A los estudiantes se les acusó de usurpación.

Pasaron en una celda policial por más de 24 horas hasta que fueron llevados ante un juez. Estaban golpeados gravemente. A finales de septiembre un juez les dictó sobreseimiento definitivo pero el Ministerio Público apeló y la Corte de Apelaciones les dio el sí para reabrir el caso, mientras la apelación de las víctimas aún está sin resolver para que los altos oficiales sean castigados por las graves violaciones de derechos humanos cometidas.

Carlos del Cid perdió gran parte de la visión de uno de sus ojos, mientras Tomy Morales golpeada y gaseada, fue objeto de vigilancia y persecusión constante lo que la obligó a salir al exilio.

La Mesa de Derechos Humanos en Honduras, una instancia que nace por las consecuencias de este caso contra la labor de los derechos humanos, se pronunció durante todo el proceso en contra del Estado que criminaliza la labor de defender derechos fundamentales en el país.

Producto de las acciones coordinadas entre las organizaciones que integran la Mesa, y la presión porque el Ministerio Público se negaba a iniciar un proceso judicial contra la alta oficialidad policial, es que se logró que los responsables estuvieron en el banquillo de los acusados unos días mientras duró el juicio, durante el cual gozaron de todos los privilegios incluso de tomar fotografías y videos de los defensores que estaban observando la audiencia y de las víctimas que escuchaban con asombro como la jueza Gallo se esmeró en defender el autoritarismo y condenó la defensa de los derechos humanos.

La criminalización de la protesta sociales ha dejado unos 200 estudiantes con expedientes penales y a tres de ellos, Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa,  condenados a tres años de prisión, interdicción civil, trabajos forzados en la cárcel y deducción de responsabilidades civiles para que paguen por daños que la UNAH no acreditó. De esa sentencia se enteraron apenas hace una semana porque la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia mantuvo escondida la decisión aduciendo que solo estaba en audio que no podía transcribir por exceso de carga judicial.