Dos federaciones y una coordinadora que aglutinan al menos 80 organizaciones de sociedad civil para el sector discapacidad, se encuentran en calamidad desde el 2020 y denunciaron que el Estado no resuelve ni proporciona los bonos y presupuestos ya establecidos para evitar la quiebra y cierre de más centros que atienden a miles de personas que tienen discapacidad.

La Comunidad organizada de Personas con Discapacidad (PcD) y sus familias, hicieron una carta pública al presidente Juan Orlando Hernández, solicitando una reunión de emergencia con la presencia del Ministro de la Secretaría de Finanzas, SEFIN, Marco Antonio Midence Milla y la Ministra de Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, SEDIS, Zoila Cruz, con el objetivo de discutir las preocupaciones y obtener respuestas sobre los compromisos hasta ahora incumplidos.

La comunidad es representada por la Federación Nacional de Organismos de Personas con discapacidad de Honduras (FENOPDIH), Federación Nacional de Madres, Padres y Familias de Personas con Discapacidad de Honduras (FENAPAPEDISH) y La Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras (CIARH), quienes aseguran no tener ninguna respuesta desde la solicitud  el 27 de enero.

Blanca Celea Barahona, coordinadora general del CIARH, explicó que del presupuesto designado para el 2020 no se ha entregado a las organizaciones,  el cuarto desembolso corresponde a octubre, noviembre y diciembre, siendo el 10 por ciento que el Estado debe garantizarles y que la respuesta institucional solo es “show” y campañas mediáticas.

Barahona describió que en el país no hay ninguna institución pública desde el Estado que haya sido creada específicamente para dar rehabilitación y ayuda al sector discapacidad, sino que es un trabajo de organizaciones de sociedad civil donde algunas ya tienen más de 70 años y debido a la crisis económica que se agudizó con el Covid-19 y los desastres naturales de ETA e IOTA, están en riesgo de cerrar para siempre.

Informó que se creó una mesa sectorial donde las organizaciones solicitaron ayuda al Estado, de cómo tratar a las personas durante una emergencia sanitaria y tampoco hubo una respuesta, entonces cada grupo hizo un manual dependiendo a las personas  que brindan atención.

El Estado se comprometió al desembolso de 23 millones de lempiras del Proyecto de Emprendimiento “Inclúyeme”, y del Proyecto de Emergencia COVID-19 que debía haberse entregado a las organizaciones desde abril de 2020 , lo que constituye  una violación al artículo 11 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, detalló Barahona.

Este artículo dice que en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias los Estados Partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales.

Unas  20 organizaciones que dan atención directa no han tenido el subsidio lo que constituye un abandono y una mentira los ofrecimientos que se le hacen al sector, porque no son derechos que solo se piden sino que las personas con discapacidad también trabajan y pagan impuestos.

Agregó que seguirán haciendo incidencia en las calles, pero que en un futuro buscarán  exigir los derechos mediante demandas porque la falta de voluntad de los funcionarios y la poca institucionalidad en Honduras hace que no haya garantías y respeto para el sector de discapacidad  que está viviendo en calamidad.

Aunque es un bajo presupuesto el que debe desembolsarse al sector discapacidad  si se compara con miles de millones que se han perdido en corrupción de las arcas estatales. Según el Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, al año los corruptos se llevan a sus bolsas particulares unos 65 mil millones de lempiras, sin embargo la vigilancia y castigo a las violaciones a los derechos humanos, son un aliciente para que la impunidad siga galopando en el país.

Carta enviada al presidente Juan Orlando Hernández quien no ha respondido