Cinco jóvenes que participaron en una manifestación pacífica en la capital de Honduras exigiendo justicia por la muerte de la estudiante de enfermería Keyla Martínez, nunca se imaginaron que iban a sufrir torturas y un proceso penal por los delitos de lesiones, incendio, participación en manifestación ilícita, daños y atentado.

La protesta fue en Tegucigalpa en horas de la tarde, decenas de personas participaron y en una cacería humana por parte de la Policía Nacional Preventiva atrapó a Eduardo José Molina de 22 años, Christopher Flores 35, Alex Mauricio Laguna Banegas 19, Joel Edgardo Rojas 29 y Josué Rafael Fonseca Rojas 27. Todos fueron llevados a la Policía Metropolitana Número 1 donde agentes le aplicaron una serie de torturas para que se inculparan por delitos que no cometieron, el 10 de febrero de 2021.

La Constitución de la República en su artículo  79 de la Constitución de la República de Honduras estipula que “ Toda persona tiene derecho de reunirse con otras, pacíficamente y sin armas, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole, sin necesidad de aviso o permiso especial”, pero esa disposición no es observada por los cuerpos de seguridad estatales .

El abogado Alejandro Mairena, uno de los apoderados legales de los afectados explicó a pasosdeanimalgrande.com que el  11 de febrero los jóvenes fueron procesados bajo los delitos de lesiones, incendio, participación en manifestación ilícita, daños y atentado.

En la sede policial permanecieron desde la tarde del 10 de febrero hasta el día siguiente a eso de las cuatro de la tarde que fueron enviados a los juzgados de lo penal, ante el juez Esteban Méndez que les dictó medidas diferentes a la prisión preventiva que les permite defenderse en libertad esperando la Audiencia Inicial que se llevará a cabo el 24 de febrero próximo.

Según el abogado Mairena en el desarrollo del proceso,  la defensa les expuso que hay un concurso de cinco delitos donde se determinó que uno está estrechamente vinculado con el otro, como el de incendio con el de daños y pueden conllevar una reducción de las sanciones, pero el Ministerio Público como ente acusador deberá presentar medios de pruebas que verifiquen una culpabilidad.

También agregó que durante la detención en la posta policial, fueron víctimas de maltratos físicos y psicológicos, estigmatización y criminalización, que a pesar de que se solicitó una evaluación forense no se les realizó aduciendo que estaban ocupados con los oficiales vinculados al asesinato de Keyla Martínez.

La directora de Derechos Humanos Sin Fronteras DHFH, Elizabeth Medina, comentó a pasosdeanimalgrande.com que desde que llegaron a defender a los jóvenes,  la policía se mostró con una actitud de molestia, razón por la que no querían moverse del lugar ya que otras veces las organizaciones realizan el acompañamiento durante toda la noche para evitar los maltratos.

Sim embargo esta vez no pudieron porque era probable que al permanecer ahí después de las nueve de la noche,  serían detenidos argumentado el toque de queda impuesto por la pandemia, y el Estado de Honduras no irrespeta el derecho a defender derechos humanos.

El 11 de febrero Kevin Cubas, defensor de derechos humanos, en representación de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos,  ASOPODEHU, documentó lesiones, tratos crueles, hostigamiento, amenazas, torturas físicas y mentales  que habrían ocurrido la noche anterior en la unidad policial.

Relatan torturas 

Eduardo José Molina, relató a pasosdeanimalgrande.com que después de la protesta en el centro de la ciudad de Tegucigalpa, todos se empezaron a desplazar, él se fue en una pequeña movilización que se dirigía a la Facultad de Medicina,  en el Hospital Escuela Universitario HEU, donde había un plantón exigiendo justicia para Keyla Martínez.

Pero en el trayecto la policía apareció por diferentes lados y empezó  a gasear el lugar y todos se dispersaron. En ese momento los agentes  solo se dirigieron a los varones, él fue capturado y golpeado al subirlo en una  patrulla. Al llegar a la Policía Metropolitana número 1 , conocida como Core7,  se encontró con otros muchachos, uno de ellos estaba tan lastimado en el estómago que  vomitó, fue hasta que permitieron ingresar a los defensores de derechos humanos que les quitaron los grilletes y los pasaron a una zona limpia para que no se notara nada.

Los muchachos  describieron que cuando quedaron solos, los policías se desquitaron con ellos diciendo  “esta gente trata bien a los delincuentes”.

Mientras la comida que les habían llevado las organizaciones de derechos humanos y familiares, se la comieron los oficiales y lo que sobró lo botaron al piso, No les permitieron probar nada y casi todos los jóvenes solo habían desayunado al salir de sus casas, no podían ir al baño y tampoco abrigarse, porque no se los permitían.

Esa noche los esposaron, les envolvieron las manos en bolsas y los llevaron al patio donde los obligaron a hacer ejercicios y permanecer de pie hasta la mañana siguiente para que no durmieran mientras les decían que aceptaran que habían quemado la motocicleta y que alguno de ellos andaba un arma o una chimba o  arma casera, porque el vehículo tenía un orificio similar al de una bala.

Finalmente Molina agregó que él les pedía que le permitieran el ingreso de un medicamento para el asma porque sentía dificultad de respirar y hasta que la familia llegó al siguiente día le ingresaron el inhalador, pero su compañero estaba muy mal de la lesión en el estómago y no lo había visto ningún médico.