La Jueza Anahí Jovel Quiñónez,  del Juzgado de Letras de lo Penal de La Paz, negó que los defensores Víctor Vásquez y José Santos Vijil,  pudieran defenderse en libertad y no se abstuvo de formalizar el cargo de desplazamiento forzado,  en una audiencia preliminar, pesar que la defensa le informó que no podía realizarla porque está en proceso un Recurso de Amparo.

Ambos fueron detenidos en diciembre de 2020, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal por los delitos de robo con fuerza agravado, daños y desplazamiento forzado. Del primero delito la defensa logró un sobreseimiento pero por el segundo, el tribunal decidió auto de formal procesamiento y guardan prisión desde esa fecha en un presidio en La Paz, zona central de Honduras, donde participó la Policía Nacional y el ejército.

En el caso de Víctor Vásquez lo detuvieron los mismos oficiales que estaban para brindarle las medidas otorgadas por  el Mecanismo Nacional de Protección,  cuando se presentó a firmar medidas sustitutivas de otro caso en los Juzgados de Paz de Santa María de La Paz.

La defensa a través del abogado Ariel Madrid  señaló que  “es una decisión sumamente arbitraria porque no existe ninguna justificación, no presento ni un tan solo argumento que motive la decisión, La audiencia se realizó este 28 de mayo de 2021.

Agregó que en un primer momento la medida de privación de la libertad ,fue argumentada por un riesgo infundado de que ellos pudieran realizar represalias contra las supuestas víctimas de desplazamiento forzado, un delito del nuevo Código Penal que está siendo arbitrariamente usado para criminalizar a los defensores.

Heidy Alachán  junto a Madrid integran  la defensa, y señalaron que en el caso observaron que además de ser una medida injusta está siendo motivada por asuntos políticos por las actividades que los líderes lencas  han desarrollado a favor de otros  defensores, “lo que hace el Juzgado de Letras de La Paz es mantener las directrices que les dieron los grupos de poder económicos de la zona”.

Después de la revisión de medidas, los profesionales del derecho le hicieron la petición a la Jueza que suspendiera la audiencia preliminar porque el miércoles 26 de mayo se había interpuesto un Recuso de Amparo en la Sala Constitucional para finalizar el proceso y por eso no iban a sustentar cargos.

Pero la respuesta fue que a ella no se le había notificado nada,  formalizando el delito de desplazamiento forzado y evacuando algunos medios de prueba presentados por la parte acusadora de Elsa Marina Cruz y Melvin Patricio, aunque también está el cargo por robo agravado y no se abordó, relataron los abogados.

Porque judicializan a los defensores

Elsa Marina Cruz y Melvin Patricio, son trabajadores de la supuesta dueña del predio denominado “El Cacho”, interpusieron la acusación por los delitos de desplazamiento forzado y robo de 50 mil  lempiras, contra cinco defensores de La Paz que realizaron la reivindicación o recuperación del territorio,  el 20 de julio del 2020.

Según la abogada Alachán de los cinco defensores solamente persisten los procesos en contra de cuatro,  entre ellos Vásquez y Vijil,  los otros dos todavía no han sido sometidos a proceso penal.