Las comunidades garífunas aglutinadas en la Organización Fraternal Negra Hondureña OFRANEH, desde una perspectiva colectiva de derechos de asociación y reunión, le apuesta a la defensa territorial que ancestralmente les ha pertenecido con más de 200 años de cohabitarla y que mediante dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH, se ha corroborado.

La Fiscalía Especial de Protección de Etnias y Patrimonio Cultural (FEP- ETNIAS) presentó en el 2020, una denuncia contra exfuncionarios registradores del Registro de la Propiedad,  de la ciudad de La Ceiba, quienes omitieron deberes de su cargo al inscribir títulos a particulares dentro del título de la comunidad Garífuna de Nueva Armenia, del municipio de Jutiapa, en el departamento de Atlántida.

Carlos Morazán, relacionador del Ministerio público, constató a pasosdeanimalgrande.com que hay un proceso que ya está en los juzgados por constituir  una violación a los derechos humanos de los garífunas.

Selvin López, miembro de la OFRANEH, explicó que el derecho de asociación es una libertad para que la comunidad pueda ejercer la lucha territorial, pero que está siendo violentado por las amenazas, agresiones, criminalización y procesos judiciales, que deben enfrentar contra el Estado.

López, agregó que los líderes de la comunidad ya no están tranquilos cuando salen a plantones o marchas, ni en sus casas, debido a que sufren una persecución sistemática para expulsarlos del territorio, con la intención de que se vean obligados a migrar o desplazarse.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos CorteIDH, emitió una sentencia el 08 de octubre de 2015, en el caso de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, de Tela, Atlántida,  y sus miembros, en la que responsabilizó al Estado por la violación del derecho a la propiedad colectiva, la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, así como la  violación de la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno. También este organismo interamericano sentenció que hubo  violación del derecho a la vida.

Según los liderazgos garífunas esta resolución de la CorteIDH no se ha cumplido por parte del Estado de Honduras, porque se sigue entregando el territorio a empresas extranjeras y personas ajenas a las comunidades.