A raíz de la negación de ingreso a Honduras de la defensora internacional de derechos Humanos, Marine Pezet, el pasado 18 de julio en horas de la noche, el consejero Donny Reyes solicitó ante la ministra de la Secretaría de Derechos Humanos, Iris Rosalia Cruz y al Director del Sistema Nacional de Protección, Danilo Morales, para que brinden un informe ante el Consejo de Protección.
Pezet no pudo ingresar a Honduras cuando venia junto a su esposo e hijo menor procedente de Francia, y la excusa es que tenía una alerta internacional, por lo que prácticamente fue expulsada del aeropuerto Toncontín en Tegucigalpa, en esa fecha. Ella informó a través de redes sociales que se encontraba en un aeropuerto de Panamá esperando se le resolviera el problema en Honduras.
La defensora internacional de derechos humanos permaneció en Honduras realizando su labor de acompañamiento a víctimas de violaciones a los derechos humanos en el golpe de Estado y años después. Su labor logró proteger la integridad de cientos de personas tanto defensoras de derechos humanos como quienes hacían uso de la protesta social para demandar derechos.
Los últimos acontecimientos suscitados alrededor del crimen de Berta Cáceres trajo como consecuencia el enfoque hacia varios defensores de derechos humanos internacionales y han sido víctimas de acciones que limitan su labor y violentan tratados internacionales de protección al derecho a defender los derechos humanos.
En la solicitud Reyes demanda que se informe de las diligencias, comunicaciones, acciones que se han realizado para garantizar el bienestar de la defensora, de su hijo menor de edad y de su esposo, el también defensor de los derechos fundamentales, Pavel Nuñez. A la vez solicita una sesión extraordinaria del Consejo de Protección para abordar el asunto.
Este es el audio de Reyes mostrando preocupación sobre el caso
Más demandas
Diversas organizaciones de derechos humanos se han pronunciado repudiando la acción gubernamental, entre ellas la Mesa de Derechos Humanos, una red de organizaciones que aglutina a más de 20 instituciones que defienden los derechos fundamentales de la población hondureña.
Vea el pronunciamiento de la Mesa de Derechos Humanos: