Por detención, irrespeto a que son personas beneficiarias de medidas de protección, así como estigmatización pública, en el caso de los periodistas Miriam Elvir y Cesario Padilla, unas 13 organizaciones aglutinadas en la Coalición contra la Impunidad llegarán este 19 de noviembre al Ministerio Público a presentar una denuncia , por los hechos ocurridos el pasado 02 de noviembre de este año.
Padilla y Elvir fueron detenidos en la capital de la República cuando la primera fue auxiliada por el segundo debido a que agentes policiales no dejaban circular a Elvir pese a haber informado a la policía que estaba ejerciendo su labor periodística. La comunicadora social buscó el auxilio de Padilla y cuando éste llegó a la escena y documentó los hechos con su cámara, los uniformados procedieron a golpearlo, colocarle las esposas y a tirarlos a ambos en la patrulla para llevarles detenidos.
A la acción se sumó las constantes amenazas a muerte de que fueron víctimas cuando los agentes policiales les pasearon por varias postas con el único objetivo de exhibirles como delincuentes.
Por esa razón las organizaciones emitieron este documento:
Comunicado
Nosotros un total de 13 organizaciones representativas de la sociedad civil hondureña, a la opinión pública en general, manifestamos nuestra preocupación que representan las recurrentes denuncias públicas de periodistas y defensores de derechos humanos víctimas de los delitos de tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionario público, privación ilegal de libertad realizada por funcionario o empleado público y la limitación o impedimento de determinados derechos, comunicamos:
Que el pasado 02 de noviembre, precisamente el Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, dos periodistas y defensores de derechos humanos, fueron privados ilegalmente de su libertad y objeto de tratos cueles, inhumanos o degradantes por parte de miembros de la Policía Nacional de Honduras.
Durante más de ocho horas los periodistas Cesario Padilla y Miriam Elvir permanecieron en condición de detenidos en medio de graves violaciones al debido proceso, que iniciaron con el arresto arbitrario y exhibición de los trabajadores de la información por cuatro postas policiales de las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela en el Municipio del Distrito Central.
Que en el caso del periodista que acudió al llamado de auxilio de su colega, este fue detenido y sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, sin la lectura de sus derechos y sin saber el motivo de su arresto.
En este caso ambos periodistas, integrantes del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) son beneficiarios de medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) así como del Mecanismo de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales de Honduras. Lastimosamente ninguno de los policías implicados sin importar el rango hizo caso al abordaje requerido de dichas medidas.
De acuerdo con el acta de conciliación suscrita entre los periodistas y los policías ante un juez de conciliación policial de destacamento policial, por tiempo indefinido, se coarta el derecho ciudadano de los trabajadores de la información de actuar legal, judicial, extrajudicial, ni civilmente contra sus agresores.
Este patrón de conducta abusiva y autoritaria por parte de agentes de seguridad en contra de los y las trabajadores de la información, se ha reforzado durante los últimos ocho meses de confinamiento social, como medida de prevención ante la pandemia por COVID-19.
Pese a que los periodistas gozan de una excepción dentro del PCM 015-2020 que impone la suspensión de garantías constitucionales, entre estas la movilización, los encargados de servir y proteger a la ciudadanía, no han respetado dicha normativa, muestra de ello es que según C-Libre, en el periodo de confinamiento social se registra la detención arbitraria en retenes policiales de nueve periodistas.
La impunidad en estas agresiones a los periodistas envía un mensaje extremamente negativo, en medio de un escenario de desconfianza ciudadana a la Secretaria de Seguridad
Sumado a ello, está la perdida de la confianza en su propio sistema judicial, cuyo deber es proteger a los ciudadanos de cualquier agresión a sus derechos y no convertirse en sus agresores impunes.
Bajo el contexto descrito, solicitamos que de acuerdo con el derecho asistido en la Constitución de la República de Honduras y el Código Procesal Penal:
1.-Realice la investigación pertinente a fin de que se pueda presentar requerimiento fiscal ante el juez competente por los delitos o faltas que la norma penal establece y resuelva conforme a derecho.
2.-Brindar información oportuna y permitente sobre los avances de la investigación.
3.-Reiteramos nuestro rechazo la implementación del uso desmedido del poder policial, como una práctica contraria a los estados democráticos.
“Si no protegemos a los periodistas, nuestra capacidad para mantenernos informados y adoptar decisiones fundamentadas se ve gravemente obstaculizada. Cuando los periodistas no pueden hacer su trabajo en condiciones de seguridad, perdemos una importante defensa”. Antonio Gutiérrez, Secretario General de las Naciones Unidas
Tegucigalpa, 19 de noviembre de 2020.
Comité por la Libre Expresión C-Libre
Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras FOSDEH
Ecuménicas por el derecho a decidir
Centro de Estudios y Acción para el Desarrollo de Honduras
Asociación para el desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA)
Red contra la violencia de Choluteca
Fundación San Alonzo Rodríguez
Red Nacional de Defensoras De Derechos Humanos En Honduras Foro De Mujeres Por La Vida
Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD)
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Asociación Arcoíris
Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H)
