La renuencia del Estado de Honduras a despenalizar los delitos contra el honor violenta la libertad de expresión y coloca a los periodistas en extrema vulnerabilidad y peligro de encarcelamiento. La detención de César Silva evidencia el riesgo que enfrentan los comunicadores nacionales.

En el país las acusaciones por injuria y calumnia contra los periodistas no son resueltas en la instancia civil, sino en la esfera penal que emite sentencias condenatorias con cárcel para los imputados.

Honduras ocupa el puesto 151 en la clasificación mundial en el ranking de la libertad de prensa en 2021, de una tabla de 180 países. En los últimos 22 años registra más de 90 periodistas asesinados y de éstos el 93 por ciento en la impunidad.

El 28 de marzo de 2020 un juez condenó al periodista David Romero a más de diez años de prisión por cometer delitos contra el honor en perjuicio de una ex fiscal. En la cárcel se enfermó de COVID-19 y falleció.

Al mediodía de este viernes 08 de marzo de 2022, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a Silva porque el Juzgado de Sentencia lo supone responsable del delito de maltrato de obra en perjuicio del analista venezolano Marco Tulio Porras Toledo. 

En 2019 y por el delito de agresión en contra de Porras Toledo, la instancia judicial condenó a Silva a 37 días y 12 horas de prisión, una pena conmutable.

Al enterarse de la detención del comunicador, la presidenta Xiomara Castro solicitó su inmediata liberación, mientras que el ex presidente  Manuel Zelaya Rosales y esposo de la mandataria arguyó que el encarcelamiento violenta la libertad de expresión y los derechos humanos.

A las 4:00 de la tarde el sub secretario de Seguridad, Hugo Suazo, anunció la libertad de Silva luego que la defensa legal de éste pagó 370 lempiras y presentó constancias de buena conducta y de antecedentes penales.

Periodista habla al quedar en libertad

A la salida del Juzgado de Ejecución, Silva explicó que “se libró una orden de captura a la mayor brevedad cuando ayer habíamos dado a conocer al tribunal correspondiente que nos íbamos a presentar esa conmuta que apenas son de 37 días, por lo tanto son 370 lempiras. Hoy sin necesidad después de salir de una audiencia vienen y me hacen un arresto, cuando yo me iba a presentar hoy mismo porque ya teníamos todo arreglado”.

No condeno a nadie, pero me pregunto si había una orden de captura yo asumo con responsabilidad así como lo he hecho con todos los actos de mi vida, no era necesario que me arrestaran, reiteró.

Mostró la carta de libertad definitiva y denunció “hoy el Ministerio Público me retuvo dos horas cuando esta acción debía actuar el Ministerio Público porque es un acto privado. Necesitamos un nuevo país, pero como no tenemos miedo nos sometemos a la justicia independientemente de todo”.

Sobre la actuación del fiscal dijo que “estamos bien claros sobre que el fiscal está quizá en desacuerdo o está confabulado con todo esto, no se quiso personar. Mando un mensaje a los periodistas sigamos con el empeño de defender la libertad de expresión”.

Promesa incumplida

La comunidad internacional y el gremio periodístico hondureño ha solicitado a los distintos gobiernos y autoridades del Congreso Nacional, despenalizar los delitos contra el honor.

El expresidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, ha informado en varias ocasiones que la institucionalidad ha asumido el compromiso de atender la petición gremial. Sin embargo, la promesa continúa incumplida.

El 03 de abril de 2014 el entonces presidente Porfirio Lobo Sosa dijo a los periodistas que muchos de sus funcionarios eran “muy sensibles a las críticas” de los medios de prensa, a la vez que anunció la creación de tribunales especiales para velar por los derechos humanos de los periodistas y de otros gremios vulnerables en Honduras.

En esa oportunidad en el marco de la conferencia “Seguridad, protección y solidaridad para la libertad de expresión”, auspiciado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), destacó la necesidad de despenalizar las figuras de la calumnia y la difamación para que tengan tratamiento civil.

Al firmar la Declaración de Chapultepec sostuvo que los funcionarios públicos “intolerantes a las críticas terminan mal”.

Hace ocho años, una semana después de las declaraciones de Lobo Sosa, los reporteros entrevistaron al entonces titular del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, quien sobre el tema dijo “esto es algo que debe analizarse, no es justo y es inmoral que ciertos dueños de medios ataquen políticos porque no son dóciles a sus intereses”.

Agregó: “hay que analizarlo porque el honor de las personas cuando un dueño de un medio se sesga porque quiere poner a otro candidato presidencial dócil y usa sus medios, como ocurre en Honduras, para estructurar mentiras que quieren convertirlas en verdad a manera de percepción, ese es un grave error y me parece que hay que tener mucho cuidado”

En esa oportunidad Diario El Heraldo publicó sobre Hernández Alvarado: “Sin dar nombres, acusó a varios dueños de medios de comunicación de armar tramas políticas. “Estoy consciente que hay algunos dueños de medios que participan en política y arman tramas en contra de ciertos políticos como es mi caso particular, ellos no tienen consideración”,

En esa oportunidad, la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Ana Pineda, expresó “hay que consensuar la propuesta con los grupos que se beneficiarán con la ley y tomadores de decisiones, principalmente con el Congreso Nacional para discutir alrededor de los alcances que tiene esta figura”.

“Es muy importante no perder de vista que si bien es cierto que estas figuras van a salir del ámbito de lo civil, no es que queda el autor de un delito en contra el honor y la imagen de una persona exento de responsabilidad. Sí hay una responsabilidad, lo único es que se va a tratar en la vía civil”, aclaró la funcionaria en ese momento.

Explicó que en los países donde se han hecho las reformas para despenalizar estas figuras “no se ha demostrado que se cometan más excesos por parte de algunos periodistas o comunicadores con otras personas que llegaran a cometer abusos en el ejercicio de la libertad de expresión, de opinión o de prensa”.

El anterior presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, prometió al Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) despenalizar los delitos contra e honor, pero no sólo incumplió sino que también aprobó reformas al Código Penal que criminalizan la protesta ciudadana.

Las actuales autoridades del CPH esperan que los nuevos diputados atiendan la petición nacional e internacional para garantizar la libertad de expresión.