Expertos  expusieron las consecuencias que pueden tener las leyes en favor de las ZEDE, y entre ellas destacan una situación de una contradicción insalvable donde los hondureños que residen en su propio territorio tengan un carácter de casi extranjeros y que límite los derechos humanos en la lucha contra la corrupción y extradición.

Las reformas de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, ZEDE, se presentaron en diferentes momentos de la historia hondureña, sin embargo, las recientes del 24 de mayo introducidas por el presidente de la República Juan Orlando Hernández, otorgaron un impuesto aduanero del cero por ciento a los inversionistas en compras o adquisición de insumos.

Edmundo Orellana, ex fiscal y abogado detalló que constitucionalmente la creación de las ZEDE es atribución exclusiva del Congreso Nacional, donde los diputados asumen la responsabilidad como representantes de la población, pero están aprobando algunas reformas con una velocidad vertiginosa sin seguir los requisitos de consulta.

“Lo están haciendo tan mal que es una vergüenza nacional porque no haber hecho nada para defender la soberanía es como renunciar a ser ciudadano de un país. Si antes íbamos a la guerra por pedacitos de tierra,  hoy que nos están segmentando el país,  estamos tranquilos en modo electoral con los partidos políticos”.

Orellana agregó que las ZEDE solo dejaran dos salidas futuras, una que si un nuevo gobierno quiera revocar todo lo que se ha hecho en contra del país, las empresas llamadas ciudades modelos van a demandar al Estado de Honduras por indemnización de daños y perjuicios, porque cada decisión que se está tomando pone en precarización el país.

La otra situación es que la Ley está reconociendo a estas entidades como sujetos de derecho y pueden suscribir con organismos internacionales, bancos y Estados. Las sentencias dictadas dentro de su territorio van a poder ejecutarse en otros si es que hay necesidad, indicando que es un Estado independiente a Honduras, y se pueden perder esas áreas irremediablemente.

El analista  Fernando García, expresó que las ZEDE son una idea clara de una forma de expansión del capitalismo financiero a nivel mundial que a diferencia de otros países,  en Honduras representa una segmentación de la soberanía con las reformas constitucionales, iniciando con la distribución de la estructura orgánica del país en el artículo 294 donde se agregaron las regiones especiales a los departamentos y municipios.

También los artículos 303 y 304 que autorizan la existencia de órganos jurisdiccionales creados por las ZEDE, con lo cual se perjudica a la población  en el acceso a una justicia gratuita, la igualdad jurídica de la ciudadanía frente a los magistrados de los dos sistemas más importantes de un país que son el judicial y tributario.

Según García se violenta la Constitución de la República y las responsabilidades de los tres poderes del Estado, cuando las ZEDE permiten personería jurídica propia, son sujetos a un régimen fiscal especial y pueden contraer funciones y obligaciones, celebrar contratos, también gozan de autonomía funcional y administrativa.

El artículo 329 de la Constitución de la República  indica los requisitos para la instalación de una ZEDE, con las reformas a la Ley ,  los municipios quedan parcial o totalmente absorbidos y los alcaldes o corporaciones municipales no tienen competencias sobre los territorios.

Para él “estamos ante la situación de una contradicción insalvable, hondureños que residen en su propio territorio tendrán carácter de casi extranjeros, las ZEDE que propone el Congreso Nacional, no se parecen a la idea original que dispuso un código y una comisión de ética, además un país padrino para que se cumpla con lo establecido.

Los disertantes  concuerdan en  que el pueblo es el único que defiende la soberanía en un contexto en el que los representantes del Ministerio Público y el Congreso Nacional han perdido la autoridad moral.

Pie de foto: Foto de MADJ protesta en Roatán exigiendo no a las ZEDES