Según representantes de  la Coalición Contra la Impunidad, CCI,  las amenazas, hostigamiento y persecución son  entre otras formas de violencia que enfrentan por la defensa y promoción de los derechos humanos, en las poblaciones vulnerables,  que viven violencia permanente la cual  tiene el objetivo de detener su trabajo.

Heidy Alachán, abogada,  miembra de la asistencia técnica de la CCI, explicó que desde la creación de la articulación en 2014,  se han desarrollado actividades, acompañamiento e incidencia, promovida por unas 76 organizaciones que estructuran las problemáticas desde diversas perspectivas en informes presentados en instancias nacionales e internacionales.

Alachán agregó que en el ámbito internacional hay un informe muy referente del anterior Relator de Personas Defensoras y Defensores Derechos Humanos del año 2018, donde señaló que quienes defienden la tierra y territorio son las personas  más afectadas.

Indicó que en ese mismo año la  organización OXFAM detalló que en Honduras el 65 por ciento del territorio está concesionado y este extractivismo está vinculado al riesgo y la peligrosidad para las personas defensoras.

La abogada recalcó que la lucha de Berta Cáceres marcó un antes y un después de una situación que profundizó las políticas de concesionamiento del territorio hondureño y también el avance del modelo extractivo económico del país, que en el contexto actual se presenta de una nueva manera consolidada como Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, ZEDE.

En 2015 para el segundo ciclo del Examen periódico Universal, EPU, la CCI hizo una fuerte incidencia para que el Estado adoptara y cumpliera la implementación de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, y por ende el Mecanismo Nacional de Protección.

Para la entrevistad  el trabajo específico que dicha coalición  hace es relevante, que de no realizarse los números de violencia contra defensores y defensoras del territorio y medio ambiente serían mucho más elevados en el contexto de impunidad que persiste.

Dijo que la CCI no puede cambiar o incidir de manera efectiva para hacer desaparecer el riesgo de una persona  defensora víctima de violencia y solo puede hacer esfuerzos encaminados a una reacción inmediata de protección y traslado, aunque es una responsabilidad única del Estado de Honduras.

Ermin López,  del Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz, MILPAH y Derechos Humanos Sin Fronteras Honduras, DHFH, expresó que la labor que realizan con los defensores del territorio y medio ambiente es acompañamiento, documentación de casos, hablar de la problemática con autoridades, juntas de agua, entre otras.

Según el defensor este tipo de actividades generan retos y desafíos debido a que molestan a empresarios, funcionarios y políticos que impulsan los proyectos extractivistas y tratan  de influenciar creando estigmas hacia las personas defensoras con la campaña  de que “obstaculizan el desarrollo”.

“Ese sector siempre espera a que se cometa un error para realizar denuncias ante el Ministerio Público, en muchos casos hay amenazas y detenciones”, denunció López.

Describió que como organizaciones siempre se movilizan con sus propios recursos, llegan a los lugares a conocer las problemáticas y luego son estudiadas conforme a la Ley.

Destacó que en algunos lugares que cuentan con títulos comunitarios y  lo primero debería hacerse es la consulta previa, libre e informada,  pero no siempre se respeta y tampoco las declaraciones en cabildos abiertos en oposición a la tala de árboles, minería e hidroeléctricas.

La documentación ayuda a que otra organización de derechos humanos no gubernamental, pueda interponer la denuncia en las instituciones nacionales y de ser posible a nivel internacional, dijo López.

Finalmente, el defensor recalcó que uno de los lugares más conflictivos del departamento de La Paz, es el municipio de Santa María,  donde criminalizaron a los defensores Víctor Vásquez y José Santos Vijil, líderes indígenas lencas por ejercer la reivindicación del territorio.

También habló del conflicto en San Pedro de Tutule y Nueva Esperanza, siempre en el Departamento de La Paz ,  donde es un grupo de mujeres a quienes les violentaron el título comunitario otorgado en 2020.

Ely Portillo, defensor y abogado de Acción Ecuménica por los Derechos Humanos AEDH, relató que a pesar de la pandemia por Covid-19, la situación de vulnerabilidad de los defensores del medio ambiente y territorio no ha cambiado, así mismo recordó el asesinato de Iris Alvarado a inicios de la cuarentena en 2019.

Portillo dijo que eso siempre mantiene una preocupación en la zona sur pues hay varios conflictos como en el municipio de Zacate Grande, en el departamento de Valle,  donde siempre se ha pretendido la instalación de Ciudades Modelos y el proyecto de las ZEDE, lo cual  solo va a generar más criminalización contra quienes defienden los territorios.

También en el departamento de Choluteca, donde algunos sectores se mantienen en oposición a plantas solares y fotovoltaicas, porque están conscientes que no son proyectos amigables con el medio ambiente y afectan a las comunidades.

El defensor Portillo agregó que como organización todos son voluntarios y para movilizarse o brindar acompañamiento usan sus propios recursos y si no hay, lo hacen con apoyo de otra organización,  pero están claros que en estos casos están exponiendo la vida porque los cuerpos de seguridad del Estado del lugar no la respetan.

Por experiencia propia describió  que algunas de las violencias que soportan son persecución y hostigamiento. En el caso de la defensora Iris Argentina Álvarez, asesinada  por supuestos elementos de seguridad contratada por la Empresa Azucarera La Grecia,  presenció cómo le dispararon e incluso al levantarla y subirla al automóvil con vida, los oficiales seguían disparando contra el vehículo.

Finalmente los defensores agregan que tratan de establecer un diálogo con algunas instituciones, pero en la práctica la situación de protección a la vida de personas defensoras que protegen sus  territorios es diferente,  por eso recalcan que es el mismo Estado es el que  tiene la obligación de proteger la integridad y la vida de quienes trabajan por los derechos humanos en Honduras.