Armijo Uclés está señalado como uno de los responsables de violaciones a los derechos humanos en la década de los ochenta, cuando en Honduras se implementó por los Estados Unidos la Doctrina de la Seguridad Nacional. Sin duda la impunidad de la que goza le ha animado a volver a las andadas y lo hace contra la tribu tolupán que no tiene acceso a la justicia por la discriminación que sufre desde el Estado de Hondura, s a través de los diferentes operadores de justicia que se confabulan contra este tipo de acciones. 

El militar junto a varios hombres que portan fusiles de asalto, en varias ocasiones ha irrumpido en la vivienda de la familia Tolupán; ha destruido su casa, sus cultivos, les ha apuntado con sus armas y les ha ordenado abandonar la zona, bajo amenaza de matarles si no lo hacen.  El acusado reclama como suya la tierra en la que la familia cultiva sus alimentos para sobrevivir y ha construido su humilde vivienda. Por su parte, las victimas aseguran que su casa y cultivos están dentro del territorio del título ancestral de la tribu, el cual data de 1864.

Al finalizar la audiencia este 05 de octubre, al militar se le impusieron cuatro medidas cautelares: a) Presentarse cada 15 días ante la secretaría del Juzgado; b) Prohibición de salir del país; c) prohibición de concurrir al lugar de los hechos; y, d) Prohibición de comunicarse con las víctimas. La siguiente audiencia (la audiencia inicial) fue convocada para el 04 de noviembre de 2015, a las 9 y 30 de la mañana. El equipo legal del MADJ junto a la Fiscalía de Etnias, actúan como parte acusadora en el proceso.

Antecedentes de las acciones del militar contra familia

Este es el contenido de un pronunciamiento del MADJ, emitido en junio del año pasado y que describe las atrocidades cometidas por el militar:

El   9 de Junio del año pasado, alrededor de las 10 de la mañana,  el ex general  Finlander Armijo Uclès llegó a la casa de habitación del indígena tolupán  Santos Antonio Córdova y María Idalia Soto en la comunidad de El Terrero, Locomapa, Yoro,  rodeando la casa diciendo que pararan  cualquier actividad de trabajo, y  destruyendo  las pertenencias de la familia indígena, desapareciendo material de construcción y destruyendo cultivos  de plátanos y café. 

 Pero eso no fue todo, Armijo Uclès violentó psicológicamente a tres niños y un joven,

hijos de Antonio Córdova, quienes se encontraban solos en la casa de habitación,  recibiendo la amenaza que el día 10 de Junio  llegaría a destruir completamente la casa porque era su propiedad.  Ante lo cual, los hijos de Córdova se vieron obligados a salir  corriendo temerosos,  a avisar de lo sucedido a la comunidad, ya que el ex general Armijo Uclès llegó con pistola en mano y guardaespaldas a realizar persecución a la familia indígena que se encuentra desplazada actualmente. 

Las agresiones se realizan por segunda ocasión  a la familia tolupán quienes defienden su legítimo derecho a la tierra que pretende ser arrebatada por el ex general, terrateniente que ha acaparado tierras tribales del pueblo  tolupán y que desde 1980 viene amenazando a las comunidades indígenas, según un pronunciamiento divulgado por el MADJ el 10 de junio de 2014.

El conflicto vuelvió a manifestarse porque la familia Córdova ha defendido su derecho a  la tierra puesto que les pertenece, ya que son originarios de la zona. En cambio, la familia Armijo Uclès ha llegado a la zona del pueblo tolupán a  apoderarse de los bienes naturales, tierra, bosques y minerales, los cuales pertenecen a los indígenas por ser pueblos originarios, respaldado internacionalmente por el Convenio 169

de la OIT. 

El  indígena Santos Antonio Córdova  es uno de los indígenas beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y el Estado hondureño está en la obligación de velar por la integridad humana de su persona, brindando protección por su situación de riesgo en defensa de los bienes naturales, ante  acaparadores que violentan a los pueblos indígenas empobrecidos  por la histórica corrupción y despojo de sus riquezas, en un modelo Neoliberal que les somete y aniquila. 

"Denunciamos al Estado hondureño  por  darle larga a las denuncias  presentadas por el pueblo tolupán y no atender las amenazas de las que son víctimas, para no lamentar más situaciones trágicas como el asesinato de 3 compañeros indígenas ocurrido en agosto del año anterior, triple crimen por el que las autoridades no  han capturado a los responsables que se mantienen transitando  en la zona. Además, el Estado continua  sin responder eficientemente al cumplimiento de medidas cautelares", señalaba el MADJ en ese momento.  

 Por lo que, el pueblo tolupán organizado en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia se mantiene en pie de lucha defendiendo su derecho a  la autodeterminación de los pueblos y defensa de los bienes naturales que por derecho ancestral y natural les corresponde.