Pasosdeanimalgrande.com verificó la situación en algunos de los puntos cruciales en los cuales la presidenta debe tomar acciones inmediatas para que miles de personas que han sido víctimas de violación a sus derechos por demandar respeto, puedan sentir el alivio de ver a los culpables tras las rejas, acceso efectivo a la justicia y reparación.

Castro propuso varias acciones en su plan de gobierno para mitigar esta situación entre las que figuran amnistía para los presos políticos de la dictadura, nunca ordenar se dispare contra una manifestación pública, derogación de leyes que penalizan la organización y protesta popular, nunca detener ni perseguir a nadie por sus ideas o participación en una actividad cívica inspirada en la defensa de un bien común o una libertad cívica, por una expresión de un sentimiento o una manera de pensar distinta, Implementar una Política Pública Integral de protección a las personas defensoras de derechos humanos, una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, bajo la asesoría de las Naciones Unidas, un nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos, entre otras.

Ella llega al poder en circunstancias difíciles, después de 12 años de gobierno del Partido Nacional, los últimos ocho a la cabeza de Juan Orlando Hernández, que profundizó el deterioro de los derechos humanos y que fue la continuidad de la política de retroceso en los derechos fundamentales de los hondureños instaurada en el golpe de Estado que sacó del poder a balazos a su esposo Manuel Zelaya Rosales, el 28 de junio de 2009 tras un golpe de Estado. Castro se mantuvo en las calles junto a millares de personas exigiendo la restitución del orden constitucional y el regreso de Zelaya que fue llevado por la fuerza al exilio.

Persecusión, cárcel y muertes 

En lo que se refiere a la criminalización del derecho a la tierra, un estudio de la Vía Campesina Honduras denominado Situación de la criminalización y judicialización de personas defensoras de la tierra y el territorio que comprende nueve de los 18 departamentos del país, entre 2010-2020, señala que hay unos 165 asesinatos de estos  sectores los cuales tienen una impunidad del 96 por ciento.

También hay 2 mil 270 personas procesadas en los nueve departamentos, entre las que figuran 559 mujeres y 1911 hombres.

Asimismo unas 154 mujeres y 758 hombres que guardan prisión por la defensa de la tierra y el territorio, sumando unas 912 personas en esas condiciones.

Mientras alrededor de 2 mil 962 personas tienen procesos y están acusadas por los delitos de usurpación, daños, daños agravados, aprovechamiento ilegal de madera, hurto, amenazas, desplazamiento forzado, incendio, asociación ilícita, entre algunos que se usan para mantener bajo zozobra a quienes defienden sus bienes. Entre ellas hay 739 mujeres y 2 mil 223 hombres.

De acuerdo a los cálculos de La Vía Campesina Honduras serían unas 7 mil hombres y mujeres perseguidas a través del sistema de justicia donde el Ministerio Público junto a jueces, policías, militares, terratenientes y empresas extractivistas se unen para crear un ambiente de violencia en todo el país.

Desapariciones forzadas

En lo que se refiere a las desapariciones forzadas, el Estado de Honduras no ha dado un informe sobre el paradero de los garífunas Milton Joel Martínez, Suami Aparicio Mejía, Gerardo Misael Trochez, Albert Snaider Centeno y Júnior Chávez, quienes fueron secuestrados por hombres armados, según lo denunció la Organización Fraternal Negra de Honduras OFRANEH, tenían uniformes de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y de la Dirección Policial de Investigación (DPI), y que la OACNUDH ha solicitado se brinde un informe sobre su paradero.

Otro de los problemas que tiene que hacerle frente es la criminalización a la protesta social y aquí están los estudiantes criminalizados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, que defendiendo sus derechos estudiantiles han sido procesados masivamente ante los tribunales de justicia por los delitos de usurpación, detentación de edificios públicos y daños. Entre ellos hay tres condenados a tres años de prisión, Moisés Cáceres, Sergio Ulloa y Cesario Padilla, cuya defensa ha interpuesta una casación ante la Corte Suprema de Justicia, son respuesta hasta ahora por este ente de justicia.

Hay además 11 personas defensoras acusadas por desplazamiento forzado, una figura del nuevo Código Penal que está siendo aplicado a personas que defienden derechos. El desplazamiento forzado tiene la pena de seis a nueve años, pero se incluye reclusión a perpetuidad si resultare muerta una persona, el cual fue agravado en reformas del 07 de octubre de 2021 en dicho código.

Son siete de una misma organización, Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras,(ARCAH), sus nombres son Christopher Castillo, Jeffry Suazo, Michael Aguilar, Víctor Hernández, Patricia Godoy, María Valladares y Fernando Hernández. Una apelación está desde principios del año y no tiene respuesta.

Otras 8 personas están encarceladas desde hace más de dos años por defender el Río Guapinol. Todos los recursos legales que la defensa ha presentado a su favor no han tenido éxito. El Estado de Honduras ha desconocido las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU que ha señalado que deben ser puestos de inmediato en libertad y reparar los daños causados a sus vidas y a las familias.

No puede dejarse de lado lo relacionado con la criminalización del ejercicio del periodismo. Unos 90 periodistas asesinados, decenas de amenazados y otros en el exilio. Un juicio aberrante contra el comunicador social, Jairo López, que es impulsado por el Ministerio Público y piden 28 años de prisión contra él. Una fotografía con el expresidente Manuel Zelaya Rosales es una de las pruebas más fuertes de dos fiscales. Está acusado de portación de explosivos, indumentaria policial, entre otros, después que en el 2019 cubriera una manifestación contra el presidente Hernández, que le señalaban de haber cometido fraude electoral para llegar a la presidencia en su segundo mandato en las elecciones de noviembre de 2017.

Se suma a estas violencias los crímenes de odio contra la comunidad LGTBI, que reporta alrededor de 389 crímenes de odio contra la comunidad LGTBI desde el 2009 y el 90% siguen impunes, según la Red Lésbica Cattrachas. Honduras fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, por la muerte de Vicky Hernández, una mujer trans defensora de los derechos humanos de este sector.

Los obstáculos a la vuelta de la esquina

Para poder cumplir con estas promesas se le presentarán varios obstáculos en el camino, uno de ellos es que su partido Libertad y Refundación, LIBRE, no cuenta con mayoría en el Congreso Nacional, son 50 los diputados y aún con la suma de los parlamentarios del Partido Salvador Honduras que suman 10, con el que hizo alianza, y el Partido Nacional, que impulsó una serie de legislaciones abusivas contra los derechos humanos cuenta con unos 44.

En relación a dar un giro a la persecución política atacando la justicia selectiva que criminaliza la defensa de derechos tal como lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en su informe de 2019, en este sentido se tropezará con los mismos fiscales y jueces.

El Fiscal General Oscar Chinchilla concluye su mandato hasta el 01 de septiembre de 2021. Este funcionario ha sido muy cuestionado por diversos sectores de la población por su gestión apegada al gobernante Hernández.

Mientras los magistrados de la Corte Suprema de Justicia terminarán su gestión hasta el 11 de febrero de 2023 pues fueron electos por siete años comprendidos del 11 de febrero del 2016 al 11 de febrero de 2023, según decreto legislativo número 8-2016.

La sociedad hondureña ha criticado duramente esta administración de justicia por considerar que está bajo la dirección del presidente de la República. La misma es señalada de responder a grupos de poder en el país y por lo tanto aplicar una justicia selectiva, la cual funciona rápidamente contra las personas que defienden derechos y favorece a grandes corporaciones, terratenientes y otros violadores de derechos humanos.

En cuanto a la cúpula militar deberá ser sustituida por la presidenta cuando asuma en el cargo. El Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Tito Livio Moreno nombró de forma interina el 17 de diciembre a una junta de comandantes, que que asumió sus funciones a partir del 21 de diciembre recién pasado.

Sobre su promesa de campaña de que no ordenará disparar contra los manifestantes se encontrará con serios problemas dentro de la Policía Nacional, en el sentido de que han cometido graves abusos a los derechos humanos y no han sido castigados, de allí que está arraigada la impunidad en ese cuerpo armado del Estado de Honduras y se acrecientan sus arbitrariedades sin que tengan consecuencias.

Asimismo deberá desmantelar la Policía Militar del Orden Público, PMOP, creada por el presidente Juan Orlando Hernández, a quien no le importó violentar tratados internacionales de derechos humanos y desoír recomendaciones internacionales de organismos de derechos humanos que le han señalado que esta policía no debe llevar a cabo tareas que le corresponden a la Policía Nacional. La PMOP ha sido señalada de serios abusos a los derechos fundamentales de la población.

Lo anterior es solo un bosquejo de lo que encontrará la presidente Xiomara Castro cuando asuma su gestión en relación a la situación de los derechos humanos en el país, su plan de gobierno tiene elementos muy importantes para cambiar el rumbo de Honduras, el tiempo y la demanda social podrán medir el cumplimiento del mismo.

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