Euceda es defensor de derechos humanos y labora en el Centro de Desarrollo humano CDH, en la ciudad de Choluteca al sur de Honduras, uno de los departamentos con más incidentes de violencia a defensores y periodistas. Él hace acompañamiento a mujeres, poblaciones indígenas y a la comunidad Lésbico, Gay, Transexual, Bisexual e Intersexual LGTBI.

Comentó que generalmente siempre que los defensores hacen acompañamiento en plantones, movilizaciones y realizan denuncias de las violaciones de los derechos humanos,  reciben amenazas como represalias a la labor de defensoría y por eso él desde el 2018 tiene medidas de protección del Mecanismo Nacional.

También relató que en algunos de los incidentes anteriores le llegaban papeles a su vivienda, pasaban desconocidos en autos y gritaban que lo iban a matar, así como varias agresiones mientras ejercía sus labores, pero eso disminuyó durante el 2020 por el confinamiento porque hacía teletrabajo , pero desde diciembre del mismo año volvió al trabajo normal.

Según el joven después de esta amenaza presentó ante el Mecanismo de Protección la denuncia y le indicaron que debía hacerlo formal en la Dirección Policial de Investigación DPI, pero él no confía en que la institución que es parte de los órganos represivos del Estado, haga algo para garantizar su seguridad investigando la procedencia de las amenazas y que al contrario puede actuar en su contra.

El 30 de mayo del 2019  fue agredido de forma física, verbal y psicológica por militares y miembros de la Unidad Departamental de Policía UDEP número 6,  durante una protesta social de la Plataforma por la Salud y Educación.

Las amenazas se reiniciaron coincidiendo en que ya no está en teletrabajo y sale. Los mensajes de texto empezaron a llegar después de que había hecho un acompañamiento a la Red de Mujeres Jóvenes, frente a la UDEP número 6, lo que  le resultó muy alarmante por el contenido del texto enviado.

En el 2020 la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos ASOPODEHU, documentó 85 incidentes individuales a defensores de derechos humanos en el territorio nacional, entre las más graves 11 asesinatos, 13 detenciones, 11 desalojos, 7 amenazas y 6 agresiones, la mayor parte cometidos por agentes policiales y militares.

Estos incidentes contravienen las obligaciones del Estado  con la Declaración de Defensores, emitida por la Asamblea General de la ONU en marzo de 1998, donde señala que “..Los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas, adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y de otra índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades”.

En el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidas la promoción y la protección de los derechos humanos a que se refiere la presente Declaración, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a disponer de recursos eficaces y a ser protegida en caso de violación de esos derechos, destaca dicho instrumento internacional.