Este es otro de los casos en que el uso indebido del derecho penal se pone en marcha para que las personas que hacen uso de su derecho a protestar pacíficamente después que no han encontrado respuestas del Estado, pero como represalia encuentran la cárcel y todo un aparato de justicia reunido para desmovilizarles y cerrar los agujeros que han quedado del espacio cívico en Honduras.

La Mesa de Derechos Humanos además demanda al Ministerio Público el cierre definitivo del este expediente abierto ilegalmente, al Poder Judicial que les dé un sobreseimiento definitivo tal como lo estipulan los convenios internacionales de derechos humanos y pasar de la criminalización contra los cinco defensores de ARCAH al castigo de la empresa avícola para proteger el Río Choluteca.

Este es el comunicado íntegro de la Mesa de Derechos Humanos: