Dos federaciones y una coordinadora que aglutinan al menos 80 organizaciones de sociedad civil para el sector discapacidad, se encuentran en calamidad desde el 2020 y denunciaron que el Estado no resuelve ni proporciona los bonos y presupuestos ya establecidos para evitar la quiebra y cierre de más centros que atienden a miles de personas que tienen discapacidad.