Panelistas del conversatorio “Reivindicar derechos territoriales ancestrales ante la violencia estatal y empresarial: casos Rio Blanco y San Francisco de Locomapa, destacaron que en el crimen de Berta Cáceres se  evidencio como el Estado de Honduras a través de sus instituciones de derechos humanos, seguridad, etnias y medio ambiente, acuerpan la violencia de las empresas extractivistas  hacia los pueblos en resistencia.

Ha quedado expuesto el servilismo que tiene el Estado con las élites del país, mismo que es conducido por funcionarios enemigos del pueblo y por eso persiste el desafío de defender los derechos de los más vulnerables, tener un sistema que imparta justicia por igual y asumir la protección de los bienes comunes y de la naturaleza”, expresó el Ismael Moreno -Padre Melo-, al referirse al juicio contra David Castillo, involucrado en el crimen de Berta Cáceres.

Las pruebas aportadas en el primer día de la segunda semana del juicio contra David Castillo, involucrado en el crimen de Berta Cáceres, versó  sobre el vaciado de varios teléfonos celulares de David Castillo y los sicarios , así como la intervención de otro militar, Henry Hernández,  asignado al XV Batallón de Infantería, quien coordinó el grupo sicarial,  mientras David Castillo jefeó el plan de vigilancia y muerte de la defensora indígena.

En la primera semana del juicio oral y público contra David Castillo, imputado como coactor del crimen contra Berta Cáceres, perfila no solo al criminal sino que vincula a otros actores y alumbra el camino para sentar las bases para alcanzar a los autores intelectuales del asesinato contra Berta Cáceres hace más de cinco años, señaló la acusación privada que lleva la representación de la familia y del COPINH.

La parte acusadora contra David Castillo anunció este 07 de abril de 2021,  el aporte de una nueva prueba la que considera importante por la relación empresarial que se desprende de la transferencia de más de un millón de dólares a la cuenta de la compañía representada por Castillo y que fuera girada por Daniel Atala, gerente financiero de la hidroeléctrica Desarrollos Energéticos, S.A, DESA, de acuerdo a Víctor Fernández, abogado del equipo legal, que representa a la familia de Berta Cáceres.