Voz censurada
Se publican acciones de censura que desde el Estado de Honduras se han realizado para castigar a quienes ejercen la libertad de expresión.
Amenazas a la Libertad de Expresión (460)
Amenazas a la Libertad de Expresión
Quiénes amenazan a las personas que en el ejercicio de la libertad de expresión e información encuentran obstáculos desde el propio Estado. En esta sección se publican con consentimiento de afectado o afectada este tipo de actos.
Comité por la Libre Expresión (C-Libre). A menos de 48 horas de ser atacado por elementos de la Policía Municipal de Tocoa y por miembros de la Policías Militar, el comunicador, Cesar Obando Flores, tuvo que refugiarse en la sede de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) porque recibió nuevas amenazas.
No cabe duda que el caso de Elvin Francisco Molina, un cibernauta muy activo contra las acciones ilegales del actual Gobierno de Juan Orlando Hernández , es uno de los casos emblemáticos que de concretarse una sentencia condenatoria, abrirán las puertas de la prisión para todas aquellas personas que usen este medio de comunicación para levantar la voz y ejercer su derecho a la libertad de expresión.
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó este 23 de febrero las amenazas más relevantes sobre la libertad de expresión en Honduras, entre las que destaca el uso de las figuras penales como la difamación y la calumnia para censurar las expresiones críticas contra funcionarios públicos sobre asuntos de interés público, situación que ha afectado la labor de los periodistas y defensores de derechos humanos en el país, por lo que instó por enésima vez al Estado de Honduras despenalizar esos delitos.
Desde PEN HONDURAS, vemos con suma preocupación la persecución judicial en contra de nuestro compatriota Elvin Francisco Molina, por expresar mediante su cuenta personal en la red social Facebook, su descontento por su indefensión laboral tras pertenecer al Grupo Continental y responsabilizar de tal situación al actual gobierno que preside Juan Orlando Hernández.
Hace apenas siete días indígenas de COPINH fueron golpeados y encarcelados por la Guardia de Honor Presidencial cuando pretendían cubrir un evento de la primera dama Ana García, esposa del presidente de la República, en Intibucá. Hoy 11 de febrero le tocó el turno al periodista Rony Espinoza de Radio Globo, quien quería entrevistarla y fue golpeado por los mismos militares.
El Comité por la Libre Expresión. C-LIBRE, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH y el Observatorio Ecuménico de Derechos Humanos, OEDDHH, demandaron al Estado de Honduras mostrar coherencia entre la norma interna y los Tratados Internacionales suscritos, lo que en la práctica está muy lejos de practicarse, como ejemplo señalan el un mensaje manipulados del Gobierno al haber firmado el convenio con la MACCIH, sin haber derogado la Ley de Secretos Oficiales que obstaculiza el acceso a la información.
El próximo 12 de febrero Elvin Francisco Molina, acusado de “atentar contra el sistema financiero” por el régimen de Juan Orlando Hernández, acudirá a una audiencia donde quedará en libertad por falta de méritos o se le dictará un auto de formal procesamiento, en un tribunal de San Pedro Sula, al Norte de Honduras.
Rolando Gutiérrez y Selvin Milla, del equipo de comunicadores indígenas Lencas, operadores de las Radios Guarajambala y La Voz Lenca y del equipo de defensoría comunitaria del COPINH fueron detenidos por más de cinco horas, de manera agresiva, arbitraria e injustificada por la guardia presidencial y militares, cuando cubrían una reunión de la primera dama, Ana García, esposa del presidente Juan Orlando Hernández, este jueves 04 de febrero.
Más de dos víctimas mortales por ejercer el periodismo se han registrado en el mundo desde 1990 a 2015 y hay muchos más asesinatos en situaciones de paz que en países golpeados por la guerra y solamente se investiga uno de cada 10 crímenes, según el informe de la Federación Internacional de Periodistas, FIP, denominado “25º informe sobre periodistas y trabajadores de los medios asesinados desde 1990” y que fue publicado en Bruselas este 03 de febrero.
La secretividad de la información pública que aplica el actual gobierno violenta la libertad de expresión porque impide a la ciudadanía recibir y difundir información vital para la mejor toma de decisiones relacionada con la gestión pública, coincidieron periodistas.
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El magistrado Víctor Manuel Lozano, presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) teme por su vida y responsabiliza a Radio y TV Globo de protagonizar una campaña de linchamiento en su contra, mientras el periodista David Romero le respondió que no se retractará de haber señalado que el togado actuó delincuencialmente en su caso en una recurso presentado por una querellado de difamación y calumnia en su contra.
No ha pasado ni la primera semana de este año y ya se empiezan los ataques contra la prensa, así quedó evidenciado cuando personal de la Secretaría de Seguridad impidió a los periodistas Fernando Maldonado y Lidieth Díaz, de Radio Globo y Globo TV, realizar su trabajo periodístico este lunes 04 de enero de 2015 en las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones, (DPI), en Tegucigalpa, donde se encontraba el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, en un evento de diferentes organismos policiales y militares del país.
Por: Fred Alvarado*
“Mi Gobierno está comprometido con la libertad de expresión y la libertad de prensa”, fueron las célebres palabras de Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, en la ceremonia de entrega del premio “Álvaro Contreras” en Mayo de 2015, en conmemoración del “Día del Periodista hondureño”.
Reporteros sin Fronteras (RSF) registró que al menos 67 periodistas fueron asesinados en el ejercicio de su trabajo o debido a él. La organización lamenta la falta de respuesta de ciertos Estados en la protección de periodistas y pide una “reacción a la altura de la situación de urgencia”.
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El medio surge para ayudar a los periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y los grupos vulnerables de Honduras (jóvenes, mujeres, indígenas y personas LGBTI) a ejercer su libertad de expresión y documentar los abusos de derechos humanos.