El Ministerio Público siguió un juicio que tenía abandonado desde hacía más de un año contra el periodista Jairo López, por los delitos de tenencia de explosivos, tenencia de indumentaria policial y atentado contra la seguridad interior del Estado de Honduras. Dos fiscales pretendían enviarlo a prisión y mantener el expediente en secretividad, este 09 de octubre de 2020, en el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, en el Sur de Honduras.

El Estado debe  investigar de forma completa, efectiva e imparcial este crimen, esclarecer su móvil y determinar la relación que podría tener con la actividad periodística y la libertad de expresión, señaló la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en un comunicado de prensa, al referirse al crimen del periodista Luís Almendares el pasado 27 de septiembre en Comayagua, zona Central de Honduras.

El asesinato de periodistas constituye la forma más extrema de censura y los Estados tienen la obligación positiva de identificar y sancionar a los autores de estos crímenes. De acuerdo con el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada", agregó ese organismo interamericano.

Este es el comunicado coompleto: 

Comunicado de prensa R242/20

Relatoría Especial condena asesinato del periodista Luis Alonso Almendares en Honduras e insta a investigar la relación con su actividad periodística

 2 de octubre de 2020

 Washington D.C., - La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista hondureño Luis Alonso Almendares en la ciudad de Comayagua, y urge al Estado a investigar de forma completa, efectiva e imparcial este crimen, esclarecer su móvil y determinar la relación que podría tener con la actividad periodística y la libertad de expresión.

Según la información recibida por la Relatoría, en la madrugada del 28 de septiembre, Luis Alonso Almendares (35 años) grababa un video en las calles de Comayagua mientras se dirigía a una tienda de comida cuando fue interceptado por dos individuos en una motocicleta que le dispararon en repetidas ocasiones. El periodista fue inicialmente trasladado al Hospital Santa Teresa de Comayagua, y luego al Hospital Escuela Universitario de Tegucigalpa, donde falleció algunas horas más tarde. Información de público conocimiento señala que el periodista llegó a grabar y publicar un video en redes sociales al momento de ser atacado, en el que se lo escucha pedir auxilio a un grupo de personas.

El Estado informó que la Fiscalía de Delitos contra la vida —específicamente la sección de muertes cometidas a grupos vulnerables— tiene a su cargo la investigación y que se han practicado diligencias y allanamientos. Asimismo, pese a que el periodista había contado con protección del Mecanismo para Protección de Periodistas, el Estado informó que desistió de la protección el 26 de febrero de 2019.

Luego de su paso por medios locales y como corresponsal de emisoras de radio a nivel nacional, Luis Almendares trabajaba de forma independiente y utilizaba las redes sociales para informar noticias de la ciudad de Comayagua, con más de 20.000 usuarios siguiendo su contenido.

De acuerdo a la información disponible, el periodista había interpuesto al menos 10 denuncias de amenazas de muerte ante la policía y el mecanismo gubernamental de protección de comunicadores. La policía anunció que inició acciones para determinar el paradero de los dos sujetos que dispararon a Luis Almendares.

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condenó la muerte del periodista, advirtiendo que se trata de "otra víctima de la violencia para el periodismo hondureño este año".

Esta Oficina ha advertido de manera reiterada sobre la violencia contra periodistas y comunicadores en Honduras. En 2019 se reportaron por lo menos 6 asesinatos que podrían tener un vínculo con la labor informativa. Asimismo, la Relatoría se pronunció recientemente sobre el asesinato del periodista Germán Vallecillo y el camarógrafo Jorge Posas el pasado 1 de julio en la ciudad de La Ceiba. En el "Informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras" de 2019, la CIDH destacó que la violencia contra periodistas y la impunidad de estos crímenes continúa afectando seriamente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el país. Señaló, además, que, si bien las reformas al marco legislativo e institucional en materia de prevención, protección y procuración de justicia han sido reconocidos positivamente como pasos importantes para combatir este tipo de violencia, el Estado aún no ha logrado garantizar de manera efectiva el derecho de los periodistas a ejercer su labor libre de violencia y, en consecuencia, se vulnera el derecho de la sociedad hondureña a acceder a información de interés público.

El asesinato de periodistas constituye la forma más extrema de censura y los Estados tienen la obligación positiva de identificar y sancionar a los autores de estos crímenes. De acuerdo con el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Relatoría llama al Estado hondureño a investigar de forma completa, efectiva e imparcial este crimen, esclarecer sus móviles, y determinar judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.