Organizaciones de derechos humanos, campesinas y el equipo de abogados defensores, exigieron que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resuelva el Recurso de Amparo interpuesto en favor de Víctor Vázquez y José Santos Vijil, líderes indígenas que están siendo acusados por desplazamiento forzado y se encuentran en la cárcel.

La Coalición Contra la Impunidad CCI, el Bufete Justicia para los Pueblos BJP, el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario CEHPRODEH y Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz- Honduras MILPAH, realizaron la Conferencia de Prensa  “El acceso a la tierra y territorio: la criminalización de los pueblos indígenas y campesinos”, este 26 de mayo de 2021.

El abogado Ariel Madrid expresó que en paralelo a la conferencia de prensa se presentó una acción judicial  para que se haga una revisión de medidas y obtener la libertad de los defensores en el Juzgado de Letras de La Paz, como órgano encargado de conocer esta etapa preliminar del proceso, mismo que no contaba con los medios de prueba suficientes y aun les dictó un auto formal procesamiento siendo privados de su libertad

También indicó que las exigencias a la Sala de lo Constitucional de la CSJ es que garantice el derecho a una resolución judicial, el debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la inviolabilidad de la defensa,  que se les están negando en la corte de la ciudad de Comayagua y eso está coartando el derecho al debido proceso.

Felipe Benítez, coordinador general de MILPAH, explicó que la situación de los pueblos indígenas y campesinos es crítica debido a la aprobación de concesiones mineras e hidroeléctricas, y aunque tienen un respaldo en el convenio 169 de Organización Internacional del Trabajo, el Estado por medio de la fiscalía y el Poder Judicial se han ensañado en contra de ellos.

El coordinador de MILPAH citó que el artículo 4 de la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, estipula el derecho a la organización, a la autonomía y el autogobierno, pero que los jueces tienen dos velocidades,  una a mil por hora para enjuiciar defensores y otra a un kilómetro por hora para resolver las denuncias contra terratenientes o violadores de derechos.

Armando Vásquez, hermano del defensor Víctor Vásquez, describió que con la situación de los defensores ya nadie va a querer arriesgarse a proteger la tierra, porque están siendo criminalizados y encarcelados, eso es lo que hacía su hermano,  hablar por los que no hablan.

Según el Grupo Asociativo Nueva Esperanza,  en la jurisdicción del municipio de Santa María de La Paz, del cual José Santos Vijil es miembro, Víctor Vásquez había llegado a realizar un diagnóstico sobre los ataques a la comunidad por la defensa del territorio, dándose cuenta que el terrateniente Antonio Mazariegos tenía hombres armados y otros estaban confabulados con el alcalde,  y por eso lo acusaron de desplazamiento forzado y robo, pero del último cargo obtuvieron un sobreseimiento.

Asimismo recalcaron que los pueblos están en abandono,  sin derecho al agua y a la tierra, por eso en los cabildos abiertos las comunidades han exigido la cancelación de las concesiones y planes de manejo, pero después del asesinato del defensor Feliz Vásquez,  a finales del 2020 y en plena pandemia por Covid-19,  se beneficiaron para reactivar los proyectos. 

El 28 de abril pasado,  la Oficina del Alto Comisionado de lasa Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH,  y las relatorías especiales sobre desplazados internos, ejecuciones extrajudiciales, pueblos indígenas y defensores de derechos humanos, expresaron que tenían una profunda preocupación en el caso y llamaron al Estado a garantizar el debido proceso.