Desde el pasado veintiséis de noviembre, los hondureños que claman respeto a la institucionalidad del país y el esclarecimiento del denunciado fraude electoral que mantiene en el poder a Juan Orlando Hernández, han sido duramente reprimidos por la Policía Militar, el ejército y la Policía Nacional, que a la fecha ya han protagonizado la muerte de más de treinta personas, cientos de heridos, miles de intoxicados con gases lacrimógenos y con daños psicológicos.
La represión también ha provocado detenciones ilegales y manifestantes acusados de diversos delitos en todo el país.
En su segundo informe, el 12 de enero pasado, el Comisionado Nacional de los derechos Humanos en Honduras,(CONADEH), dio a conocer que el Ministerio Público ha incoado 29 requerimientos fiscales en los juzgados del país, acusando a manifestantes de los delitos de asociación ilícita, robo agravado, incendio y atentado agravado.
Sin embargo, a esa fecha, el CONADEH confirmó la muerte violenta de 31 personas, de las cuales no se conocen investigaciones ni judicialización de casos. Líderes de la Alianza de Oposición contra la Dictadura aseguran que actualmente la cifra de muertos provocados por la represión sobrepasa los cuarenta.
Y a eso se suman dirigentes populares de diversas regiones del país víctimas de las campañas de odio que realizan en las redes sociales personas afines, o empleados del gobierno, que ponen en riesgo la vida de quienes dirigen las manifestaciones y las de sus familias.
El problema se da porque después de una ilegal candidatura y en un escenario colmado de denuncias y de manifestaciones populares por el presunto fraude electoral, el Tribunal Supremo Electoral,(TSE), presidido por el nacionalista, David Matamoros Batson, declaró Presidente de la República a Juan Orlando Hernández.
En Honduras, según la Constitución de República, violada incontables veces, le otorga al Presidente el grado de Comandante General de las Fuerzas Armadas, y en tal sentido están bajo sus órdenes para reprimir a sus opositores. La Policía Nacional tampoco es la excepción, porque también depende del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Seguridad al igual que la Policía Militar del Orden Público, PMOP.
Estas entidades reprimen y lo hacen con uso desmedido de la fuerza, no solo en los puntos donde se realizan las manifestaciones, sino hasta en las casas cercanas, que después de ser bombardeadas con gases lacrimógenos, los uniformados entran pateando las puertas a torturar a quienes se encuentran adentro.
Militares disparan bala viva
“Aquí la represión es bárbara, la policía tira bombas lacrimógenas y los militares disparan bala viva, ya mataron a una persona hay 6 heridos de bala, hay gente toleteada y a un muchacho le quemaron los pies en el barrio Loma de Occidente”, dijo a pasosdeanimalgrande.com Jairo López, periodista de la ciudad de Choluteca, a 145 kilómetros al sur de Tegucigalpa, en la frontera con Nicaragua y El Salvador.
Jairo dijo, que los militares y los policías llegan a las casas y sacan a la gente y les dan toletazos, situación que ya ha sido denunciada en el Ministerio Público y en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, pero que hasta hoy esos casos no han sido investigados, pese a que un grupo de fiscales del Ministerio Público, incluida la fiscal especial de los derechos humanos, Soraya Morales, llegó de Tegucigalpa a recopilar información, porque la fiscal de Derechos Humanos en Choluteca estaba callada y no había hecho nada.
A la zona también llegó una comisión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, a inspeccionar la situación de los derechos humanos y a recoger testimonios de las víctimas, porque a pesar de que últimamente las manifestaciones han sido extremadamente pacíficas, donde han contado hasta con la participación de sacerdotes, pastores y grupos juveniles de las iglesias, el ejército siempre las reprime.
“La manifestación de ayer (sábado 10 de febrero) fue pacífica, inició en el estadio Fausto Flores hacia barrio San Juan Bosco, Los Graneros, el hospital, la calle Vicente Williams , por la 101 Brigada de infantería. Allí está la Concha Acústica, y los militares salieron del batallón con escudos para retar a la gente y tomar fotografías, armados y con bombas lacrimógenas, incluso unos botes como de 25 centímetros de largo que son de espray pimienta, y también andan pistolas eléctricas, indicó Jairo.
Sostuvo que pese a ser una reunión religiosa fueron reprimidos, “estos tipos no respetan”, lamentó. Y a renglón seguido dijo que el operativo del sábado lo dirigió el coronel Juan Ramón Soto, sub comandante de la 101 Brigada. El comandante de esa unidad es el coronel Héctor Espinal.
Aquí es donde se planifican y se ejecutan los operativos de represión que encabeza la Policía Militar, apoyada por la policía Civil, quienes no toman en cuenta la presencia de niños, ancianos ni de mujeres embarazadas, que siempre salen perjudicadas con la represión.
Sostuvo, que en la represión del sábado detectaron que habían tres militares francotiradores situados en el muro perimetral de la Brigada, otro en uno de los torreones y varios policías militares en el portón de atrás tomando fotografías y videos de la gente.
Infiltración
A lo anterior se suma que el Ejército ha estado infiltrando gente en las manifestaciones para obtener información, de lo cual los líderes de Choluteca ya han recopilado pruebas. Según Jairo, los militares mandan infiltrados y hasta le han comprado información a gente que participa en las manifestaciones de la Alianza. Afirmó que el sábado 11 de febrero detectaron entre la motorizada que acompaña las manifestaciones a varios que le estaban dando información al coronel Héctor Espinal, a otros militares y a los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones,DPI.
La situación no ha sido distinta en el norte, centro, oriente y occidente, porque las Fuerzas Armadas ya han demostrado que su único fin es mantener en el poder a Juan Orlando Hernández, porque para ellos, la “democracia” es únicamente que el Tribunal Supremo Electoral lo declaró ganador, no importa si ese es el resultado del fraude o si la candidatura de Hernández violentó la Constitución que ellos manifiestan defender.
Otro ejemplo de persecución a líderes de la oposición se pudo notar el pasado 26 de enero, en horas de la noche, cuando agentes de la Policía Nacional, en dos patrullas motorizadas llegaron a la casa del ex diputado de Libre, Bartolo Fuentes, entraron por la fuerza y sacaron ilegalmente a su cuñado, Manuel. Además, encañonaron con sus armas a los hijos del ex parlamentario y a su suegra.
Bartolo y su familia siempre se han caracterizado por la lucha social y es por eso que no han sido bien vistos, no solo por los militares y la policía, sino también por empresarios y políticos explotadores de los trabajadores y de los recursos del país. Dunia Montoya , la esposa de él, también ha sido víctima de los atropellos de la policía.
La situación de violencia con que la policía y el Ejercito han reprimido manifestaciones en El Progreso, Choloma, San Pedro Sula, La Ceiba, Tela, Colón, Copan y Ocotepeque, ha causado preocupación en organismos internacionales, como la OACNUDH y la Comisión Interamericana de los derechos Humanos,(CIDH).
Deben sacar al ejército de las manifestaciones
El 17 de diciembre pasado estos dos organismos condenaron la represión de que son objeto los manifestantes y se mostraron alarmados por el uso ilegal y excesivo de la fuerza para disolver las manifestaciones, que a esa fecha sus resultados ya causaban 12 muertes.
En conferencia de prensa realizada el 18 de enero pasado, la OACNUDH solicitó que el gobierno evite la presencia militar en las manifestaciones, solicitud que no oyen las autoridades. “Pedimos a las autoridades hondureñas que eviten la presencia de la Policía Militar y las fuerzas armadas en las manifestaciones, ya que son funciones para las que no han sido entrenadas ni equipadas”, dijo la vocera de la OACNUDH, Elizabeth Throssell.
Empleo de la fuerza y armas de fuego
De acuerdo con los principios básicos para empleo de la fuerza y armas de fuego, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas de la cual Honduras es parte, los gobiernos deben realizar una cuidadosa evaluación de las armas no letales incapacitantes a fin de reducir al mínimo el riesgo de personas, pero en este país centroamericano, las cosas son diferentes, porque los agentes no tienen piedad de los vecinos y menos de los manifestantes al reprimir las manifestaciones.
Además, esta norma internacional contempla que los encargados de hacer cumplir la ley deben utilizar en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Cuando el empleo de las armas sea inevitable, deberán hacerlo con moderación y actuando en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiguen.
Eso indica, que si en las manifestaciones los pobladores usan piedras y palos, los militares no deberían disparar sus armas de fuego, porque no es proporcional el uso de piedras con el de los fusiles de guerra que ellos utilizan.
“Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, establece el séptimo principio básico de las Naciones Unidas, aceptado por Honduras.
Y además, esta norma internacional, indica que los estados no podrán invocar circunstancias excepcionales, como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación de emergencia para justificar su quebrantamiento.
Me dispararon y no me ayudaron
A Arnold un joven a quien una bala militar le perforó una arteria, debió permanecer por dos meses en una cama, y está vivo de milagro este uso excesivo de la fuerza le ha dejado las dos piernas perforadas, no puede caminar de forma normal.
A él le disparó la Policía Militar cuando salía de una casa en la Colonia el Pedregal donde se había refugiado el 29 de diciembre de 2017, después de que una manifestación contra el fraude electoral que fue reprimida.
“Cuando salimos la policía nos disparó, a mí una bala me dio en las piernas, sentí un calambre y me desplomé, y regresé gateando a la casa, no pensé que se trataba de bala viva, pero me ví el pantalón y sentí algo caliente, me estaba desangrando, entré en shock, sabía que estaba perforada una arteria por eso perdía tanta sangre”, relató a la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU.
Agregó que aunque se iba muriendo y una señora, su hija y dos de sus amigos pidieron apoyo a la Policía Militar, sus agentes seguían disparando y aunque la gente les gritaba “no disparen que llevamos un herido”, no hicieron caso y seguían disparando, “cuando me llevaban cargado, la señora, la hija de ella y dos amigos, les pidieron ayuda a los policías militares pero se negaron, les pidieron a ayudaran a cargarme y también se negaron”.
