El periódico digital, pasosdeanimalgrande.com , en su afán de sacar la verdad a flote sobre los cumplimientos del Estado y del seguimiento que le dan las instituciones involucradas de los derechos humanos a las recomendaciones que dio el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), analizó una de las recomendaciones del Examen Periódico Universal, (EPU), relacionadas con las telecomunicaciones, la libertad de expresión y el ejercicio profesional de los periodistas y los comunicadores sociales en el país.

Reformas a la Ley de Telecomunicaciones permanecen engavetadas.

Por segmentos pretenden aprobar en el Congreso Nacional facetas de la Ley de Telecomunicaciones concertadas en el Gobierno de Lobo.

Radios comunitarias de Pueblos Indígenas tiene que ampararse en el Convenio 169 de OIT para poder informar a su gente.

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La examinación al Estado de Honduras se realizó el 08 de mayo de 2015 y se desprendieron unas 152 recomendaciones en las diferentes áreas de derechos humanos, sin embargo, apenas analizamos una de ellas sobre la libertad de expresión:

“Adoptar todas las medidas necesarias, incluso mediante la realización de una reforma de la legislación que regula el sector de las telecomunicaciones y garantizar el acceso a la información pública, para garantizar la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica”.

Primer análisis: La realización de una reforma de la legislación que regula el sector de las telecomunicaciones

De acuerdo a especialistas que participaron en las reformas a la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones (Decreto 185-95 del 5 de diciembre de 1995 y actualización de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, Decreto 118-97 del 25 de octubre de 1997), la misma quedó solamente en una intención de parte del ex presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, quien concertó con diferentes medios de comunicación, sociedad civil, organizaciones del gremio periodístico, derechos humanos , instituciones del Estado y analistas del derechos internacional quienes participaron, pero las reformas a través de una nueva ley marco, siguen engavetadas en el Congreso Nacional (CN).

Alicia Pazo, especialista en derecho internacional y telecomunicaciones de la Red de Desarrollo Sostenible , (RDS), indicó que “La ley se construyó, pero como propuesta se engavetó, esa ley quedó en el Congreso engavetada, se mandó a la Comisión, al Congreso y se engavetó”.

La Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, Decreto 118-97 del 25 de octubre de 1997 sigue vigente, por lo cual, las recomendaciones hechas a la misma por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, (ONU), hechas en el 2015 durante el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández no han sido posibles, ya que no existe voluntad política para hacerlo.

Son partes

Actualmente el Congreso Nacional lo que ha estado sacando son partes que fueron discutidas en las reformas para una nueva ley de telecomunicaciones, como el recién vetado Artículo 335-B del nuevo Código Penal, que castigaba la libertad de expresión como una apología contra el terrorismo y la Ley de Estrategia de Ciberseguridad Nacional de Prevención de Campañas de Odio y Discriminación en Redes Sociales, la cual se encuentra en su segundo debate en el hemiciclo legislativo.

“Es una ley que no entra dentro del enfoque que le están dando y lo que le falta al Congreso es entendimiento de lo que es la convergencia tecnológica en la era digital y qué es la digitalización, porque ellos están tomando información de Colombia, pero no están entendiendo lo que es la libetad de expresión dentro de los sistemas informáticos y qué es realmente las telecomunicaciones, aunque convergen, son dos cosas diferentes”, agregó la especialista.

Según Pazo, “Las Naciones Unidas decían que la ley buscaba la articulación para poder converger y poder mejorar la educación y el desarrollo de las comunidades, la libertad de expresión y el derecho a la comunicación”.

Para la entrevistada, dicha ley que actualmente discute el CN en relación a mejorar las telecomunicaciones en el país, “no está enfocada en esa articulación que se le dio a la Ley, y desconozco si ha sido trastocada y hasta este momento estoy viendo que sacan facetas como “la ley mordaza” que le llaman y no el otro enfoque que era un pensamiento técnico, científico, de orientación al desarrollo y a la libertad de expresión”, destacó.

En su análisis, Pazo destacó uno de los puntos relacionados con los dominios para las páginas digitales, los cuales están mal orientados y aplicados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones,(Conatel).

“La Ley que está vigente es la misma que ha estado siempre, lo que ha hecho Conatel y me parece que no es lo correcto, es que han ido sacando de esta ley marco, resoluciones administrativas que son propias de una autoridad, pero no de una concenso de una nación o de una comunidad. Y cuando se dice por ejemplo: facultad para administrar los registros de nombres de dominio, en Conatel están errando, porque los registros de dominios son de una comunidad, que ya tiene su estructura, como es el laican con todas las comunidades y estos son principios homologados universalmente, no de país”, apuntó.

Para Alicia Pazo, es imposible controlar una soberanía con lo que es el ecosistema del internet, para eso es la convergencia, para tratar de combatir los crímenes y para eso nace el Tratado de Budapest ( sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes), “en el que Honduras debe de acogerse para buscar a través de los entes administradores de la justicia y de investigación, articular los procesos, pero no venir a castigar a una sociedad en desarrollo, por el hecho de querer controlar las redes sociales”.

Para ella es difícil controlar un dato que viene de un país equis a un país A, concluyó.

Radios comunitarias

Una de las principales discusiones en las que se llevó parte del tiempo de la concertación del Gobierno con los sectores para una nueva Ley de Telecomunicaciones, fue la de compartir el espacio radioeléctrico con las organizaciones de la sociedad civil, específicamente con los pueblos indígenas y negros de Honduras a través de las radios comunitarias.

“El hecho de que Conatel ponga una veda en el espectro radioeléctrico y no lo lleve a un concenso con la comunidad, es un abuso de autoridad y eso significa que está objetando la industrialización de los poderes económicos que están concentrados en la explotación de este rubro y está cerrando la oportunidad de desarrollar a las comunidades al extender las regularizaciones de la explotación de su radio comunitaria, porque qué están haciendo por eso las comunidades? se están imponiendo ante una norma.

Los indígenas están amparados por una norma que es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo cual les otorga el derecho a una libertad de comunicación, libertad de expresión, pero lo que se está censurando es la forma en cómo se habla, estamos en un siglo donde la convergencia tecnológica y la transparencia, así como la corrupción que no se combate si no hay denuncia”, señaló Pazo.

Citó que un campesino no va a venir a la ciudad a denunciar a la fiscalía porque sabe que el sistema está viciado, pero si lo puede hacer a través de la libertad de expresión, teniendo la documentación de soporte que le da el derecho de hablar sobre determinada acción.

Veda

Carlos Enamorado, director de la Asociación de Medios Comunitarias de Honduras,(AMCH), afirmó que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, (Conatel), mantiene una veda para inscribir o solicitar nuevas frecuencias de radio en el país desde el 2014 que inició el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández.

Enamorado señaló que “se paró todo tipo de trámites con las radio comunitarias en el país para el otorgamiento de permisos, eso significa que la poca sensibilidad que se había creado con respecto a las radios comunitarias se haya ido debilitando, al grado tal de que muchas de las solicitudes presentadas antes de que llegara el presidente Hernández, en el gobierno del presidente Lobo están todavía estancadas”.

La veda abarca, tanto a los medios comunitarios como privados, precisamente argumentando que existe una saturación en el dial, tanto en Amplitud Modulada (AM), como en Frecuencia Modulada (FM).

“En este momento como AMCH estamos aprovechando un periodo de amnistía que comprende la oportunidad para que las radios que puedan regularizar su situación, puedan solicitar su título de habilitante y la amnistía consiste en perdonar costos, intereses, recargos, mora a aquellos operadores radio y televisión que tengan con el Estado”, añadió.

La amnistía también permite a las radios comunitarias solicitar su título de habilitante, aprovechando el tiempo de la amnistía.

Enamorado explicó que, “este es el único espacio para las radios comunitarias que se ha presentado durante los dos periodos de gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, sin embargo muchas de las radios comunitarias no cuentan con personería jurídica ya que no son fundaciones o Organismos No Gubernamentales y eso dificulta los trámites en un tiempo relativamente corto”, destacó.

La amnistía sólo abarca a las radios comunitarias en donde Conatel haya realizado una inspección técnica sobre la misma y la veda no permite más solicitudes de más radios comunitarias.

Actualmente existen entre 25 a 27 radios comunitarias que cuentan con permiso de Conatel y hay una cantidad similar de radios comunitarias, entre 25 a 26 que están desde el 2014 y otras desde el 2015 y que están solicitando registro, sin embargo cuando los mismos son negados y pertenecen a un grupo indígena, se ampara en el Convenio 169 de la OIT e inicia operaciones.

Reformas

El EPU pide al Estado de Honduras reformas a la Ley de Telecomunicación, sobre la solicitud de reformar la ley, Enamorado indicó que presentaron al seno del Congreso Nacional una solicitud para la apertura de una oficina especial para medios comunitarios que funcionaría en Conatel, pero la reforma fue engavetada.

“Estamos viendo cómo sacamos esa reforma que ha sido engavetada allí y ver cómo le damos trámite, pero la verdad es que solicitar en este momento una reforma a la ley de Telecomunicaciones, no hay ambiente en este momento y lo que más tenemos a mano es un reglamento de radiodifusión con fines comunitarios y ese es el que aplicamos la regulación de los medios comunitarios”, concluyó.

A través de la amnistía las radios comunitarias apelan a las autoridades para poder legalizar su status para operar legalmente en el país.