Con la aprobación del nuevo Código Penal, el gobierno hondureño, ha desobedecido, las múltiples recomendaciones en materia de derechos humanos, que en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), aceptaron cumplir los representantes del Estado hondureño, ante el Consejo de las Naciones Unidas.

En los años 2010 y 2015, Consejo de las Naciones Unidas, evaluó la difícil situación de los derechos humanos, y con el propósito de mejorar ese escenario, diversos países del mundo, le recomendaron al Estado hondureño, aplicar medidas, que le permitan a la población, desarrollar sus actividades de forma libre y sin obstáculos.

En las dos ocasiones que han participado en el EPU, diversos funcionarios del Poder Ejecutivo, expusieron sus avances en la materia de los derechos humanos y se comprometieron a cumplir las recomendaciones. Sin embargo, el Congreso Nacional y el mismo Presidente de la Republica, han publicado en los últimos días, un nuevo Código Penal, que restringe las garantías y los derechos fundamentales, como, las libertades de expresión y de prensa y el derecho a la protesta.  

Entre las recomendaciones que aceptó poner en práctica, Honduras, cuentan el compromiso para garantizar la libertad de expresión y la libertad de prensa, facilitar el acceso a la información pública, derogar las leyes que criminalizan la protesta y las opiniones de los periodistas de la oposición y defensores de derechos humanos. No obstante, el nuevo Código Penal, programado para ser vigente a partir de noviembre próximo, incrementa las penas y las figuras delictivas, vulnerando más, la situación de los derechos humanos.

Imposible despenalizar delitos contra el honor

A partir de las recomendaciones aceptadas desde el 2010, informes de diversos organismos nacionales y extranjeros le han solicitado a Honduras, la despenalización con cárcel de las figuras delictivas de, difamación, injuria y calumnia, tipificados en el presente Código, como delitos contra el honor.

Sin embargo, debido a que muchos diputados y funcionarios del presente gobierno están acusados por delitos de corrupción, despenalizar la calumnia y la injuria es imposible .

Y es que en los últimos años, los funcionarios del gobierno y empresarios convirtieron los delitos contra el honor (difamación, calumnia e injuria), en la herramienta eficaz para intimidar a los pobladores y encarcelar a los periodistas y defensores de los derechos humanos que protestan y denuncian la corrupción.

La situación se agrava cuando un periodista o defensor de los derechos humanos difunde un hecho en varias ocasiones y la justicia hondureña no lo típica como un delito continuado, sino que individualiza cada vez que hizo mención, como ocurrió con el periodista, como ha ocurrido con varios periodistas querellados.

En febrero pasado también fue condena por calumnias constitutivas de difamación, en perjuicio del banquero, Camilo Atala, la diputada del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), María Luis Borjas.

Otro caso emblemático ocurrió en el 2014, contra el periodista, julio Ernesto Alvarado, a quien un juzgado de ejecución le notificó una prohibición para ejercer el periodismo. En ese momento, Alvarado estaba acusado de difamación, por la ex decana de la facultad de ciencias económicas de la UNAH, Belinda flores.

Cárcel y multas en la nueva legislación

La calumnia, contenida en el artículo 230 del nuevo Código Penal, no solo será castigada con la pena de seis meses a un año de cárcel, sino también con una multa de quinientos a mil días. Y la injuria es penalizada con una multa de doscientos a quinientos días, cuando sea divulgada en los medios de comunicación.

El articulo 233 también responsabiliza de manera subsidiaria a los propietarios del medio de comunicación en el que se publique la injuria o calumnia. Además, el nuevo Código responsabiliza penalmente de forma escalonada excluyente y subsidiaria, a los directores de programa y de las empresas editoras, emisoras o difusoras, de grabación, reproducción e impresión de la información, considerada como delito.

“No se esperaba menos”

Lo anterior, constituye un fragmento de lo expresado sobre este tema, por el defensor de los derechos humanos, Carlos Del Cid.

Para él, el gobierno de Juan Hernández siempre ha ido un paso delante de las organizaciones sociales, para restringir la defensoría de los derechos humanos. Y “esta es una nueva violación que ellos la legalizan, así como han legalizado todas las violaciones de la Constitución”, indicó Del Cid.

Según su criterio esa disposición solo puede rebatirse con acciones contundentes en las calles porque es a lo único que el gobierno le tiene miedo, y todavía hay tiempo, si se toma en cuenta que la nueva norma entrará en vigencia hasta noviembre. “Sino nos van a aplastar” sentenció.

Para Del Cid, también es importante el cabildeo con los organismos internacionales que financian al gobierno. Hasta hoy los estados cooperantes se han limitado a dar recomendaciones, pero “mientras no haya acciones coercitivas condicionadas con los préstamos, donaciones o expulsiones del Estado en organismos internacionales, este gobierno va a seguir violentando derechos”, indicó.