En solo ocho meses transcurridos en el año 2019, se documentaron 52 denuncias de periodistas por agresiones, amenazas, persecuciones y hasta asesinatos, según un monitoreo a nivel nacional de la Asociación por la Democracia y Derechos Humanos, ASOPODEHU.

En el mes de marzo anterior el periodista Gabriel Hernández , de Nacaome, Valle, en el Sur de Honduras,  fue asesinado. En julio de este mismo año  Santiago Carvajal, quien era presentador del programa de televisión "La Galaxia de Santi", en Puerto Cortés, al Norte del país,  y el último es Edgar Javier Aguilar, en La Entrada, Copán, todos fueron acribillados a balazos.

De acuerdo a la información obtenida en el año, 19 periodistas han sufrido agresiones, en ellas se destacan físicas y lanzamiento de bombas directamente contra sus cuerpos por parte de la Policía Nacional; 16 fueron amenazados, en algunos casos no solo ellos sino que su familia también.

Cinco denunciaron detenciones ilegales por el trabajo que realizaban en ese momento, tres sufrieron persecución por desconocidos, dos tuvieron atentados de asesinato y a uno le allanaron su hogar.

Esas son algunas de las dificultades que pasan los periodistas a diario en el país y también se le suma un caso de expulsión de un comunicador social por la primera dama, Ana García de Hernández , cuando él cubría un evento, violentando con ello el derecho de acceso a la información.

Los temas riesgosos

Algunas razones por las cuales los periodistas están en riesgo es cuando cubren notas relacionadas con temas políticos, corrupción estatal, narcotráfico, crimen organizado  y represión de manifestantes en protestas.

El comunicador Gabriel Hernández del programa llamado “El Pueblo Habla” y corresponsal de Radio Globo, abordaba temas políticos y sociales en sus últimas publicaciones en Facebook, exhortaba a la población de la localidad a cuestionar con preguntas tales como “qué proyectos de desarrollo realizaron los diputados Tommy Zambrano, Marcos Velásquez, Alfredo Saavedra y Fabricio Sandoval, en el departamento de Valle, en el año, 2018.

Hernández de 54 años,  fue asesinado a balazos por desconocidos que se transportaban en una motocicleta cuando se dirigía a su casa de habitación, por falta de investigación aún se desconoce el móvil del asesinato y permanece en la impunidad.

Edgar Joel Aguilar de 39 años, cubría el tema de indicios de corrupción en la Cruz Roja 55 local de la zona, donde expuso serias irregularidades. Destacaba a través de su página de Facebook que el presidente de esta institución había prohibido a la prensa tener acceso a información solo a través de un relacionador público, así como no entrar a las instalaciones para evitar que se publicara la inconformidad de la población con malos tratos, según publicó.

Los periodistas son los segundos en tres grupos que buscan ingresar al Mecanismo de Protección, pero todavía falta la voluntad de las mismas instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Protección como es el Ministerio Público  a través de la Fiscalía de Protección, que  debe apoyar la investigación para obtener resultados que sancionen a quienes cometen este tipo de violencia.

Al menos 10 de los 19 periodistas cuyas agresiones documentó la ASOPODEHU, sufrieron agresiones físicas por las autoridades de orden público como la Policía Preventiva, Policía Militar e incluso de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, (ATIC).

De enero a agosto de 2019 suman 243 días, los cuales han sido negros para los periodistas. En ese tiempo ocurrieron 52 agresiones, por lo que si dividimos el número de días entre las agresiones, resulta que cada cinco días un periodista sufre un ataque por ejercer la profesión.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las Relatorías por la Libertad de Expresión de la ONU y de la CIDH, entre otras, han recomendado al Estado de Honduras mejoras en la libertad de expresión para la población y en especial hacia la prensa que contribuye a la democracia y hace posible en parte al acceso a la información que debe ser conocida por la sociedad hondureña.

Pero no hay avances sustanciales, al contrario se ha aprobado un nuevo Código Penal, que entrará en vigencia el 10 de noviembre próximo, donde hay figuras delictivas incluidas que coartan la libertad de expresión e información.