Aparentemente la justicia no le toca, ya ha pasado más de un mes que le ha negado información al comunicador social y aunque fue denunciada por los actos, no hay nada que le detenga, la impunidad es su mejor aliada. La pregunta obligada es quién protege a la funcionaria responsable?

Se trata del caso del periodista Santiago López, corresponsal de Hable Como Habla , (HCH), en el departamento de Copán, a quien Gloria Fajardo, vocera departamental del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER y Jefe Departamental de Salud, desde el mes de mayo se niega a darle información sobre covid19 aduciendo que no le gusta como le hace entrevistas.

Este sorprendente caso ha llegado al colmo que aunque López denunció el hecho ante el Estado de Honduras, Fajardo continúa negándole la información sobre el Covid19 por puro capricho y sin que el Estado actúe, a pesar que ya presentó la queja ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, según informó a pasosdeanimalgrande.com

López ha sido objeto de atentados en este año y a la fecha no hay una investigación que señale quiénes han querido terminar con su vida, a lo que se suma la violación al derecho a la información que le costó el trabajo en otro medio de comunicación local donde laboraba hasta el mes de mayo. Una nota de Fajardo fue suficiente para que le despidieran de su trabajo.

López desde mayo no tiene acceso a los informes sobre el estado de la pandemia en el departamento.El afectado detalló a pasosdeanimalgrande.com que para poder cubrir esta información y conservar su empleo siempre entra a las reuniones o conferencias en vivo por si lo expulsan del lugar y que quede constatado que fue lo que ocurrió.

Según el periodista sí llega a perder el trabajo tendrá que desplazarse con su familia pues esta censura no ha sido el único incidente sino que desde hace algún tiempo ya había denunciado otros, entre ellos el 22 de octubre del 2019 que su motocicleta fue incendiada por desconocidos afuera de su casa.

También recibió una amenaza que le asesinarían a sus hijos. En esa ocasión el Ministerio Público llegó a hacer las diligencias, pero solo le dijeron que se estaba siguiendo una investigación, el temor persiste y teme por su vida y la de su familia.

Este tipo de acciones a los periodistas violenta el derecho ciudadano de buscar y recibir información, desde las instituciones gubernamentales y sus funcionarios, administraciones públicas y es reconocido como fundamental para el desarrollo de una sociedad democrática.

La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, ya informó al Relator Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, y a organizaciones internacionales que trabajan el tema de Libertad de Prensa y Libertad de Expresión en el mundo.

Asimismo fue notificada la Ministra de los Derechos Humanos, Karla Cueva, quien informó que en la Departamental de Salud de Copán le habían asegurado que resolverían el problema, pero hasta ahora eso no ha sucedido.

Mientras el CONADEH a través de su delegado regional, Rolando Milla, recibió la queja y a solicitud de la ASOPODEHU envió un informe sobre el caso, pero no ha trasladado el expediente al Ministerio Público tal como es su responsabilidad porque la acción se configura en un delito penal.

Ante todo este panorama que pone en precario el acceso a la información, la libertad de prensa y de expresión, López ha recibido también declaraciones hostiles de la Policía Nacional de la zona solo por haber informado que policías que estaban contagiados por Covid19 estaban abandonados y sin atención, lo que provocó una amenaza de un vocero policial que amenazó subliminalmente con un juicio penal.

En el marco de la pandemia el acceso a la información se ha vuelto un muro de silencio para los periodistas y comunicadores sociales que cubren el tema, aunado a las medidas restrictivas producto de un Decreto Ejecutivo que limitó garantías constitucionales en Honduras. Las cifras de contagiados son contradictorias al igual que el uso de los recursos públicos que son más de 100 mil millones, de acuerdo a datos moderados, pues no hay una información pública que detalle en qué se han gastado los recursos.