En las recomendaciones del 2010 y 2015, los países integrantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, recomendaron a Hondura reforzara la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Esa presión internacional y de las organizaciones de sociedad civil dio como resultado la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Comunicadores Sociales, y Operadores de Justicia.

Y producto de esta Ley es que se establece el Mecanismo Nacional de Protección que inició sus operaciones desde finales de 2016, atendiendo en lo que va de este tiempo unas 537 solicitudes de personas que están dentro de la población beneficiaria.

El Sistema Nacional de Protección de derechos humanos en Honduras es comprendido por la conformación de; el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), El Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV), la Secretaria de Derechos Humanos, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso Nacional y el Poder Judicial, el Departamento de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, sin embargo no funcionan coordinadamente como deberían para dar una respuesta integral al problema de violencia para quienes defienden derechos en el país.

También el Ministerio Público cuenta con una Fiscalía Especial de Derechos Humanos,(FEDH) y Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH). En 2016 se instaló una Oficina de país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Además de una serie de organizaciones de sociedad civil y Organizaciones No Gubernamentales que han impulsado al Estado a implementar muchas de esas medidas en pro de la ciudadaní.

La Coalición Contra la Impunidad, (CCI), una articulación que comprende al menos 50 organizaciones, ha estado vigilando el cumplimiento de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de 2010 y 2015.

En el informe presentado ante esa instancia, Honduras aceptó todas las recomendaciones sobre la ratificación de los Protocolos como el Facultativo CEDAW, y el Convenio 189 de la OIT pero ninguno de ellos está en funcionamiento.

Según el Mecanismo de Protección desde la creación en julio del 2015 al 31 de julio del 2020 se han atendido más de 500 solicitudes de medidas de protección, de las cuales se admitieron 397, y permanecen activas un total de 197, de estas 124 son individuales y 73 de colectivos.

Los puntos torales que la CCI expones son los derechos de la mujeres en temas reproductivos y laborales, la derogación de la ley empleo por hora, derechos de la niñez y privados de libertad, libertad de expresión, reunión y asociación, vinculados a la implementación del nuevo Código Penal, derechos de la comunidad LGTBI y pueblos indígenas, entre otros.

Cabe mencionar que los integrantes de estas organizaciones de derechos humanos no fueron tomados en cuenta como parte importante del Estado al momento de atender la emergencia por Covid-19, por lo que no se les permitió la movilidad durante los últimos siete meses, periodo que tiene un aumento de violaciones en derechos humanos.

En los casos vigentes del Mecanismo, mantiene medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de 41 de los casos que se relacionan con la defensa del medio ambiente y los bienes comunes, 14 con la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI. Sumando unos 34 casos de medidas de protección de población Indígena y Afro hondureños.

Será en el EPU 2020 que el Estado de Honduras deberá dar cuenta del cumplimiento de las 152 recomendaciones de 2015, entre las que se encuentran de forma reiterada las relacionadas a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, será la primera vez que hable sobre ese tema porque esta instancia fue creada en el 2015 como carta de presentación ante el EPU 2015.