En lo que va del año 2021 la ola de procesos judiciales en contra los defensores de derechos humanos,  especialmente ambientalistas y territoriales, se mantienen como un método de criminalización para opositores de proyectos extractivistas impuestos en las comunidades, de este grupo cuatro son indígenas lencas y dos garífunas.

Mediante un monitoreo  la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos ASOPODEHU, registró en lo que va del presente año, unos 38 procesos penales activos contra defensores del territorio y medio ambiente, que están acusados de diferentes delitos pero que el objetivo es detener su trabajo por la defensa de los derechos humanos.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en su Segundo Informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, cada vez es más frecuente el uso indebido del derecho penal para criminalizar la labor de las y los defensores de derechos humanos.

La CIDH añadió que por lo general intervienen actores estatales como legisladores, jueces, fiscales, ministros, policías y militares. También pueden sumarse  actores no estatales como por ejemplo, empresas privadas nacionales y transnacionales, guardias de seguridad privada, personal que labora en megaproyectos y propietarios de tierras.

Casos

En el municipio de Arizona,  departamento de Atlántida, cinco defensores del Río Jilamito fueron acusados de detentar el espacio y suelo público en perjuicio del Estado de Hondura. El proceso penal fue impulsado por el empresario Emin Abufele, de la empresa Inversiones de Generación Eléctricas Sociedad Anónima, INGELSA.

En el Distrito Central, en el departamento  de Francisco Morazán, siete  ambientalistas que realizaron acciones de protesta  contra la contaminación ambiental de cinco comunidades y defensa del Río Choluteca, fueron acusados por  la empresa Avícola El Cortijo, por el delito de desplazamiento forzado.

En el municipio de Reitoca,  del mismo departamento,  Wilmer Alonzo y José Rodas, líderes indígenas lencas, tienen medidas cautelares, entre las que destacan varias prohibiciones que limitan la defensa de su territorio, ellos fueron acusados de usurpación y daños por la empresa generadora de energía PROGELSA.

El departamento de Colón es donde se registran la mayoría de casos de procesos judiciales contra defensores, entre ellos de la comunidad de Guapinol y del Comité de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, que acompaña la lucha en defensa del  Río Guapinol, que ha sido contaminado por la empresa minera Inversiones Los Pinares. Hay ocho  defensores privados de su libertad,  y otros cinco obtuvieron la absolución, a través de la interposición de un Recurso de Apelación.

También en el municipio de Trujillo, de ese mismo departamento,  dos mujeres garífunas miembras de la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH, tienen medidas cautelares por la defensa del territorio acusadas por la empresa de Bienes y Raíces Juca,  S. de R.L.

En Valle, zona Sur del país, siete defensores de Playa Blanca, en la península de Zacate Grande , tienen un proceso penal por los delitos de usurpación y daños, en defensa de un área pública que es reclamada por el terrateniente Jorge Casis Leiva.

Asimismo dos defensores indígenas lencas de Santa María de La Paz, en el Departamento de La Paz, están privados de libertad, acusados de robo agravado  con fuerza, daños y desplazamiento forzado, por ejercer el derecho a la reivindicación del territorio ancestral. La acusación fue interpuesta por Elsa Marina Cruz y Melvin Patricio, trabajadores de la supuesta dueña del predio denominado “El Cacho”.

Algunas recomendaciones de la Comisión interamericana, fueron promover acciones legales pertinentes para lograr la anulación y la revocación de dichas sentencias condenatorias que se hayan verificado cuyas resoluciones castigan a las personas que realizan actividades legítimas de defensa de los derechos.

Destaca que de ser el caso, se deben iniciar procesos disciplinarios, administrativos o penales en contra de los operadores de justicia que hayan violado la ley al investigar, decretar medidas cautelares o condenar infundadamente a defensoras y defensores de derechos humanos.