La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, recibió este 28 de marzo en horas de la mañana, la denuncia sobre la vigilancia y seguimiento de que es objeto Moisés Cáceres, estudiante de la carrera de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Él es uno de los líderes estudiantiles que ha sufrido diferentes formas de represión en la UNAH por parte de las autoridades, entre ellas la expulsión, un proceso penal hasta ahora, por hacer uso de la protesta social, vigilancia, seguimientos y campañas de desprestigio.

Acompañado de la abogada Kenia Oliva, de la iniciática Periodismo y Democracia, Cáceres relató a ante la Fiscalía en mención  que durante la semana santa se intensificaron los seguimientos y que un hombre desconocido llegó a preguntar por él a su colonia, señalando que “a este ya lo pelaron”, lo que significa “ya lo mataron”, cuando preguntó por Cáceres.

Por la tarde de este mismo 28 de marzo, se solicitó ante la Dirección General del Sistema de Protección, que es parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia y Descentralización,  que se le protegiera la vida , petición realizada invocando la Ley de Protección a defensores, defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia, puesta en vigencia desde mayo de 2015.

El estudiante relató en ambas instancias los detalles de las acciones que ponen en peligro su vida y que las vincula directamente a su lucha por la democratización en la UNAH.

Se espera que se implementen medidas de protección a la mayor brevedad por parte del Estado de Honduras, mientras tanto hay algunas acciones que se están realizando.

En los últimos días se ha informado que se estaría produciendo un nuevo proceso judicial contra Cáceres, Ulloa y Padilla, las cosas han llegado a tal nivel contra ellos para tratar de afectarles su imagen. Llama la atención el escrito presentado por la fiscal Diana Elizabeth Guzmán en la que solicita a la Juez que señale fecha para audiencia preliminar por los delitos de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, esta última imputación causa graves preocupaciones puesto que se ha solicitado información en el Ministerio Público para saber si existe alguna línea de investigación por estos delitos.

Hay contradicciones dentro del Ministerio Público cuando se ha solicitado información, por un lado dicen que sí existe el proceso y que se librará requerimiento fiscal y otros funcionarios manifiestan que es una equivocación.

La CIDH ya tiene conocimiento de las nuevas amenazas

La denuncia fue interpuesta por dos presentantes de la Iniciativa Periodismo y Democracia,  también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH,  desde hace algunos meses y se ha estado documentando todos los incidentes de seguridad,  las acciones judiciales en contra de Cáceres y de sus compañeros estudiantes Sergio Ulloa y Cesario Padilla, además de la falta de acceso a la justicia y desigualdad ante la Ley a que se enfrentan, debido a que las acciones emprendidas por su defensa no ha surtido lo efectos esperados que debieran si existiera Estado de Derecho en Honduras.

Qué ordena la Ley para protección de la vida de defensores y defensoras

El Artículo número seis de la Ley de Protección para los y las defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, expresa que “…El Estado tiene la obligación de respetar los derechos humanos de las y los defensores de derechos humanos y de prevenir de forma razonable las amenazas, hostigamientos y agresiones que puedan generarse en su contra, independientemente de que éstas provengan de actores estatales o particulares”.

Asimismo el artículo 10 de esta misma Ley ordena expresa que el Estado tiene el deber primordial de ordenar los mecanismos de protección y de seguridad personal  necesarios, por medio y en coordinación con la  Dirección del Sistema de Protección, conforme la evaluación del riesgo de las personas beneficiarias de la presente Ley. …..”

Aunque la Ley entró en vigencia el 15 de mayo de 2015, cuando fuera publicada en el Diario Oficial La Gaceta, con número 33,730, durante ese período a la fecha han perdido la vida varios defensores y defensoras de derechos humanos, que ha sido asesinados y que aún los causantes de su muerte no están tras las rejas.

El caso reciente es el de Bertha Cáceres, quien tenía medidas cautelares emitidas por la CIDH, pero que no surtieron efecto a pesar de las innumerables denuncias interpuestas de manera pública o ante la Fiscalía de las Etnias del Ministerio Público.