Las organizaciones que conforman la Plataforma 25 de Noviembre, presentaron el “Diagnóstico de las políticas públicas de la violencia contra la mujer y niñas en el marco de la covid-19 y los huracanes”.

Este evento virtual tenía como objetivo dar a conocer el impacto de la doble emergencia, los obstáculos y las limitaciones en el camino hacia la construcción de una nueva normalidad analizando las políticas públicas de prevención, atención y sanción del Estado hondureño.

En el análisis de contexto del diagnóstico se  evidenció que las mujeres en Honduras se desenvuelven en un sistema neoliberal excluyente, discriminatorio, racista y patriarcal que generó vulnerabilidades que la pandemia por covid-19 y los huracanes desenterraron,  demostrando que las mujeres a pesar de los derechos económicos y sociales siguen siendo “sujetas de segunda categoría”.

El documento  indica que los impactos del coronavirus y la presencia de los huracanes tuvieron como consecuencias múltiples desigualdades de pobreza y hambre, destrucción de los huertos familiares comunitarios, deterioro de los servicios sociales y ambientales profundizándose en la violencia contra las mujeres y niñas durante el confinamiento.

María Elena Méndez quien llevó a cabo la investigación, explicó que una de las consecuencias históricas del sistema patriarcal es el despojo de los bienes comunes y materiales donde a la mujer no se le ha considerado heredera o propietaria porque es algo que generalmente se le otorga al hombre, un común diferenciado es qué las mujeres buscan la seguridad, el bienestar a la salud y educación para los hijos,  mientras que los hombres  prefieren las propiedades y otras cosas materiales.

Las organizaciones evidenciaron que mujeres campesinas principalmente indígenas han documentado que las que tienen propiedades inscritas son muy pocas, las políticas públicas del sector agrario son sectorizadas para los varones con beneficios de acceso a créditos, tecnologías, implementos y bienes productivos.

Además, el autoritarismo y la militarización de grupos lícitos e ilícitos que controlan no sólo los territorios sino las decisiones del acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, utilizando el fundamentalismo del poder a través de la religión, conllevan un retroceso en derechos humanos.

Las limitaciones que encontraron las organizaciones de mujeres fueron de carácter estructural pues la prevención de la violencia no fue prioridad en la agenda del gobierno , el autoritarismo y control del Poder Ejecutivo contribuyeron al  desmantelamiento del Estado de derecho, así como la instalación en la cultura de la “muerte sexista y patriarcal”, y la falta de una perspectiva de género en las instituciones. Tampoco tomaron en cuenta la discriminación  contra las mujeres.

Durante el paso de los huracanes algunas mujeres estuvieron incomunicadas y expuestas sobre techos, en refugios y zonas de alto riesgo por desbordamiento de los ríos, aisladas y con problemas de contaminación que provocaron enfermedades en la piel y gastrointestinales.

Asimismo documentaron la privatización de lo público que no sólo tiene que ver con la salud y educación sino con el sistema en donde no hay un acceso a todos los servicios básicos y sólo el 40 por ciento  de la población rural tiene acceso a servicios de internet y espacios públicos como parques, asambleas y cabildos.

El diagnóstico indicó que la corrupción e impunidad también es un indicador de los derechos de las mujeres porque debido a ello muchos casos quedan sin resolver como crímenes de Estado, porque se vuelve cómplice de los delitos de lesa humanidad.

Durante la pandemia y emergencia por desastres naturales, las iniciativas comunitarias para repensar una normalidad desde la perspectiva feminista, exigió una atención primaria para que se habilitarán líneas telefónicas que recibieran denuncias y asesoría legal, así como atención emocional en situación de crisis, acompañamiento en momentos de riesgo, además de solicitar a los operadores de Justicia agilizar las acciones legales.

finalmente, las propuestas de la plataforma 25 de noviembre para una nueva normalidad son:

• Accesos a los bienes comunes para las mujeres.
• Impulsar una política pública para el cuidado.
• Desnaturalizar la violencia contra las mujeres y niñas.
• Promover políticas públicas de seguridad para las mujeres donde la metodología desde abajo.
• Demandar la implementación de políticas de salud sexual y salud reproductiva.
• Impulsar el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos para las mujeres jóvenes.
• Auditoría social.
• Acceso a la participación política en igualdad de condiciones.
• Cambios en espacios organizativos.
• Impulsar acciones de incidencia política.