Este 24 de junio ante el Secretario General del Congreso Nacional, ocho diputados presentaron una petición formal de juicio político contra los 12 magistrados  de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, que favorecieron la creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, ZEDE, por actuaciones contrarias a la Constitución de la República.

Mediante una iniciativa de Ley Conferida en la Constitución de la República ante la Asamblea del Pueblo en el Congreso Nacional, los diputados solicitan que en se inicien los trámites necesarios para iniciarles  un juicio político a los funcionarios .

Los diputados Luis Rolando Redondo, Doris Alejandrina Gutiérrez, David Armando Reyes, Tomas Antonio Ramírez, Jari Dixon Herrera, Andrés Rolando Beneditt, Kenia Yamiketh Montero y Modesto Herrera Sánchez, como representantes electos por el pueblo,  presentaron la iniciativa para que se le dé seguimiento a un juicio político.

Los magistrados que serían enjuiciaos son Rolando Argueta Pérez, Reynaldo Antonio Hernández, Edwin Francisco Ortez, Reina Auxiliadora Hércules, María Fernanda Castro, Jorge Abilio Serrano, Lidia Lavaez Sagastume, José Olivio Rodríguez, Jorge Alberto Zelaya, Rafael Albert Bustillo, Miguel Alberto Pineda y Garín Enoc Urquía.

La solicitud fue fundamentada en la Ley Especial de Juicio Político contemplada en el Decreto 51-2013,  del 21 de marzo del 2013, que en el artículo 2 expone la exclusividad de realizar un juicio político al Congreso Nacional, además en el artículo 3 define que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son sujetos de responsabilidad.

También en el artículo 5 de las definiciones de las causales para un juicio político, en el numeral 2 dicta que las actuaciones contrarias a la Constitución de la República o el interés nacional, es la realización de acciones u omisiones contrarias a las funciones, atribuciones y obligaciones a las diferentes políticas del Estado.

Según el numeral 1 y 3 es una denuncia grave en el desempeño de su cargo cuando el servidor realice acciones orientadas a ejercer actividades ilegales o recibir beneficios de negocios incompatibles con las funciones y responsabilidades que les competen, la negligencia e incapacidad manifiestan malicia en perjuicio del interés público.

Sin embargo para que se inicie un juicio político es necesaria la votación afirmativa de 2 tercios de la totalidad de los miembros del Congreso Nacional, una vez admitida por mayoría simple se designan a nueve  que formarán la comisión especial para iniciar la investigación,  escuchando dentro de las 48 horas al enjuiciado, permitir la defensa y presentación de pruebas para emitir un informe final con las recomendaciones.

Finalmente el documento será la base para una discusión plenaria y votación del asunto dentro de los siguientes cinco días en que fue presentado el informe, para terminar con una votación respectiva.

En ocasiones anteriores se solicitó que el presidente de la República Juan Orlando Hernández, también fuera sometido a esa figura debido a las serias irregularidades que ha cometido en el ejercicio de su cargo, entre éstas, la vinculación con grupos de narcotráfico, según lo han manifestado en las cortes de New York donde se enjuician a altos mandos de la narcoactividad en Honduras y que  algunos ya fueron condenados a cadena perpetua.

No obstante, como se necesita una mayoría calificada para que la votación llegue a feliz término, no se logró porque el Partido Nacional al que se le unen otros diputados de partidos pequeños y del liberal representados en el Poder Legislativo, votaron para evitar que el mandatario fuera enjuiciado.