"Implementar una Política Pública Integral de protección a las personas defensoras de derechos humanos. Los defensores requieren protección inmediata ante quienes, desde la fuerza bruta, las fuerzas del Estado, del poder económico y el crimen organizado atentan contra su integridad, su vida y las de sus familias", es una de las promesas de campaña de la presidenta de la República, Xiomara Castro, que asume el mandato constitucional este 27 de enero de 2022.
En su plan de gobierno están contemplados una serie de promesas relacionadas a diferentes tópicos entre ellos lo relacionado con los derechos humanos de todas las personas en Honduras , entre estos sectores están las personas defensoras de los derechos humanos, un sector muy vulnerable y con muchos ataque por defender derechos fundamentales de sociedad.
Castro debe dotar de recursos al Mecanismo Nacional de Protección que está prácticamente inoperable sin presupuesto, por lo que debe incluirse en el presupuesto general de la República, para proteger adecuadamente a las personas beneficiarias de la Ley de Protección que sufren graves amenazas.
Estas son sus promesas en la materia:
DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS. EL FIN DEL ESTADO ES LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO SOBERANO
LIBRE garantizará desde el gobierno la protección y el goce pleno de todos los derechos de los ciudadanos, en primer lugar, los necesarios a la dignidad, como son el derecho a la vida, alimentación, al empleo, la vivienda, salud, ambiente sano y educación y seguridad, la libertad cívica primigenia, la solidaridad y la igualdad ante la ley.
Apostaremos también por la independencia e imparcialidad de la justicia, que debe alcanzar a todos en forma equitativa como herramienta para garantizar una vida digna, empoderando a las comunidades para la gestión autónoma de sus conflictos y devolviendo a todos sus derechos a la defensa propia. Para tales fines proponemos:
- Actuar con el ejemplo preciso. Amnistía para los presos políticos de la dictadura. Decretaré una amnistía en favor de las personas en contra de quienes se ha ejercido acción penal por razones políticas, por delitos supuestos relacionados con el derecho a la protesta pública y a la asociación:
impulsaré la derogación de leyes que penalizan la organización y protesta popular. Me comprometo a nunca ordenar se dispare contra una manifestación pública. A nunca detener ni perseguir a nadie por sus ideas o participación en una actividad cívica inspirada en la defensa de un bien común o una libertad cívica, por una expresión de un sentimiento o una manera de pensar distinta. Y el Partido se compromete a proteger toda expresión popular pacífica.
Implementar una Política Pública Integral de protección a las personas defensoras de derechos humanos. Los defensores requieren protección inmediata ante quienes, desde la fuerza bruta, las fuerzas del Estado, del poder económico y el crimen organizado atentan contra su integridad, su vida y las de sus familias.
Es imperativo protegerles contra una justicia parcializada como la que mantuvo privados de libertad a los defensores del Río Guapinol por meses y aun protege con impunidad a los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, el de Margarita Murillo asesinada en San Pedro Sula, entre tantas otras defensoras y defensores martirizados.
Por ello, apostamos por implementación de una política integral de protección de la vida e integridad de las personas defensoras, con medidas encaminadas a prevenir violaciones a sus derechos; investigar con diligencia las amenazas y los actos de violencia en su contra, sancionar a los responsables intelectuales y materiales y, reparar a las víctimas y a sus comunidades. Y como sabemos de las debilidades heredadas de nuestro sistema judicial y la deformación de los agentes del Estado, para instrumentalizar la jurisdicción y la fuerza pública con fines políticos y su miopía para neutralizar la impunidad de los violadores de derechos y a los funcionarios corruptos, nos proponemos fortalecer nuestro sistema de justicia y en caso necesario auxiliarnos del apoyo temporal de la comunidad internacional. Sin ceder soberanía, procuraremos la creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, bajo la asesoría de las Naciones Unidas. III. Apostarle al desarrollo e implementación de un nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos.
Nos concentraremos en generar una cultura de respeto a los derechos humanos dentro de la institucionalidad pública, el acceso efectivo a la justicia y la reparación. No más escuadrones de la muerte y silencio cómplice del Estado. Nuestro gobierno construirá una base amplia de inclusión de grupos sociales que sufren discriminación, proponiendo el respeto pleno de todos los derechos de los partidos y los gremios, los individuos, los colectivos y los pueblos originarios.
