La sociedad civil hondureña tiene derecho a ejecutar un monitoreo independiente, que le permita realizar de forma amplia y transparente, la valoración de los casos que investigará la MACCIH. Esto implica, el pleno acceso a la información pública, pero con la Ley de Secretos Oficiales eso es imposible por lo que esta normativa debe derogarse, señaló el Centro de Estudio para la Democracia, CESPAD, en una alerta pública.

En el documento el CESPAD expresó  que  si se apuesta a un real y genuino proceso de democratización de la institucionalidad del Estado, es necesario se tome esa decisión porque de lo contrario la vigencia de la Ley de Secretos Oficiales restringirá el acceso a la información tanto a quienes integren la MACCIH como a los diversos grupos de la sociedad civil organizada que participarán en el monitoreo y evaluación de los casos de corrupción que se someterán a investigación.

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