“Denunciamos que la seguridad privada contratada por las autoridades universitarias y pagada con fondos públicos, es uno de los instrumentos utilizados para generar vigilancia, intimidación, tortura psicológica y en general un clima de hostilidad y violencia en contra de la comunidad estudiantil”, señaló  la Coalición Contra la Impunidad y la Articulación 611, en una conferencia de prensa convocada este viernes 09 de junio de 2017, en respaldo a tres estudiantes condenados por el Tribunal de Sentencia y 20 nuevos procesados.

La Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa declaró culpables de Usurpación a los estudiantes Moisés Cáceres, Cesario Padilla y Sergio Ulloa, el pasado 07 de junio de este año. Ellos venían enfrentando este juicio desde julio de 2015 por ser señalados por la UNAH como los cabecillas de la movilizaciones.

La Coalición contra la Impunidad y la Articulación 611 entregaron un comunicado de prensa a distintos medios de comunicación donde señalaron que con la sentencia condenatoria es evidente que la rectora Julieta Castellanos incumplió el acuerdo del 20 de julio del 2016, mediante el cual la UNAH asumió el compromiso de conciliar y desestimar las acciones penales contra los estudiantes.

En ese sentido ambas organizaciones exigieron el respeto al ejercicio de los derechos  a la  protesta social, a reunión y movilización.

Se mostraron sorprendidas que las autoridades de la universidad  emitieran el 08 de junio  un comunicado expresando graves señalamientos a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), por lo que estas organizaciones reconocieron el papel que el ente internacional ha jugado para buscar soluciones a la crisis institucional de la máxima casa de estudios.

Además cuestionaron la manera en que la UNAH concibe el concepto de protesta social sin tomar en cuenta la aplicación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, llegando al extremo de expresar que el proceder de la OACNUDH “puede conducir a hacer apología de la violencia”.

A su criterio dicho discurso es agresivo e irrespetuoso ante un organismo de su envergadura, al mismo tiempo que muestra un sesgo antidemocrático.

“Hemos sido observadores del abuso y autoritarismo y de las violaciones a la autonomía universitaria y a los derechos humanos ejecutados por las autoridades universitarias”, agrega el comunicado.

Como en los 80

No es posible comprender el presente sin traer a la mente situaciones del pasado manifestó  Guillermo López Lone, de la Coalición contra la Impunidad. Él  hizo un reconocimiento a los y las jóvenes que están en pie para defender el derecho a la educación y que el resultado es la criminalización judicial por parte de la UNAH.

“Lo que pasa en la universidad no solo nos asombra sino que nos indigna, creo que entendimos que la máxima casa de estudios es el centro de las ideas y que por excelencia es un espacio para el debate, para la protesta y el ejercicio de las libertades, es allí donde se han iniciados los movimientos sociales y políticos más importantes en la segunda mitad del siglo XX en las universidades de América Latina”, exteriorizó el profesional del derecho.

Lamentó que Honduras tenga una universidad donde se pretende mutilar la democracia, recordando que aun en los tiempos de la guerra fría en donde imperaba la persecución, la desaparición y el asesinato no hubo tanto retroceso como ahora, de la manera que los universitarios experimentan un clima de intimidación .

En la brecha

Por su parte, Moisés Cáceres exclamó que “hay cosas graves en la universidad, Dios no lo permita y estoy incómodo pensando el día que  un guardia de esos va a asesinar a un estudiante, nosotros hemos tenido amenazas de muerte, tenemos medidas de protección,  la otra compañera se tuvo que ir del país (Dayanara Castillo), por la persecución de la empresa de seguridad privada”.

Instó a los actuales dirigentes que “no desfallezcan, no desmayen, párense al pie de la lucha, porque tienen el deber histórico de democratizar a la universidad ahora a ustedes les toca hacer algo para evitar la exclusión de dos actores fundamentales que son los estudiantes y los docentes, nosotros no existimos en la reforma”.

Adelante y constante

Mientras que Rebeca Elvir, estudiante de sicología y criminalizado el 24 de mayo anterior junto a 19 compañeros y un periodista, exteriorizó que no sienten miedo o temor a pesar de que son víctimas de represión, intimidación, vigilancia entre otras cosas, porque “ninguna de nosotras 20 hemos cometido los cargos que se nos acusan, quiero decirles a los funcionarios de la UNAH que no nos van a parar”.

Advirtió que continuarán su lucha aunque las autoridades  hagan uso de procesos judiciales o cargos administrativos, ya que sus armas son las ideas “en tanto que ellos usan la fuerza, seguiremos denunciando las irregularidades que se hagan, no nos  callarán indistintamente de las tácticas que utilicen, en aras de que las futuras generaciones puedan tener derecho a una educación pública y de calidad”, concluyó.

El 07 de junio los 20 estudiantes con procesos penales recibieron una citatoria  para que se presenten a audiencias de descargo el 16 de junio próximo, se sospecha que estas acciones terminarán con una expulsión.

La Articularon 611 y la Colación contra la Impunidad informaron que seguirán acompañando como organizaciones garantes de los derechos humanos a los y las universitarias, además que se mantendrán vigilantes de todos los hechos que se susciten en la Ciudad Universitaria.

Violación  sistemática de derechos

Edy Tabora de C-Libre  planteó que la situación que los y las estudiantes enfrentaron en el 2011 que dio inicio a la crisis universitaria, es la misma de hoy en día y que el Estado la agravó a través de su sistema jurídico, el Ministerio Publico, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, sumado a esto la participación activa de las empresas de seguridad concesionarias, por ende el conjunto de actos es responsabilidad del engranaje estatal central.

Recordó que existen denuncias públicas desde el año 2016 de la vigilancia ejecutada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal,(ATIC),  y que estos acontecimientos están debidamente sustentados en documentos.

También señaló que la infiltración del movimiento estudiantil por la ATIC en los predios universitarios no es nueva, “es bien sabido que dicha unidad no tiene funciones para investigar delitos de usurpación sino que su facultad es  sobre la criminalidad organizada y la corrupción”.

El comunicado de la Coalición contra la Impunidad y la Articulación 611

Exigimos respeto al ejercicio de la protesta social en la UNAH

Comparecemos ante la opinión pública y la comunidad nacional e internacional para expresar  nuestra preocupación e indignación por el reciente fallo condenatorio pronunciado por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, en contra de los estudiantes universitarios

Moisés David Cáceres Velásquez, Sergio Luís Ulloa Rivera y Cesario Alejandro Félix Padilla.

Los hechos por los cuales se emitió este fallo de culpabilidad demuestran el afán de las autoridades universitarias, encabezadas por la Rectora Julieta Castellanos, de criminalizar la protesta social y de impedir o limitar el desarrollo de la organización estudiantil en la UNAH, persiguiendo con estas acciones cercenar la libertad de expresión, de reunión y de movilización de las y los estudiantes.

Al producirse esta sentencia condenatoria en contra de los tres estudiantes, es claro que la Rectora incumple el acuerdo del 20 de julio de 2016, mediante el cual la UNAH asumía el compromiso de conciliar o desestimar las acciones penales en contra de las y los estudiantes criminalizados, evidenciando con este proceder la actitud confrontativa de las autoridades universitarias y el clima de restricción de derechos y libertades que se vive en la máxima casa de estudios superiores.

En este contexto, nos sorprende que las autoridades de la UNAH hayan divulgado el día de ayer en horas de la tarde un comunicado en el cual, con argumentos de supuesto cumplimiento de la legalidad pretenden justificar el marcado interés que han demostrado en la persecución penal de los tres estudiantes enjuiciados y condenados; y en el cual expresan graves e infundados señalamientos a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras.

Reconocemos el meritorio papel que la OACNUDH desempeñó en la crisis institucional del 2016, y  condenamos que las autoridades universitarias cuestionen la comprensión de los hechos y la utilización del concepto de protesta social de conformidad a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, que utiliza la Oficina del Alto Comisionado, llegando al extremo de expresar que este proceder de la OACNUDH “puede conducir a hacer apología a la violencia…”; demostrando con este discurso un tratamiento agresivo e irrespetuoso  de las relaciones con los organismos internacionales, y el sesgo antidemocrático que les caracteriza  cuando se cuestionan sus actuaciones.

Hemos sido observadores del abuso y autoritarismo y de las violaciones a la autonomía universitaria y a los derechos humanos ejecutados por las autoridades de la máxima casa de estudios, ante esto advertimos que sus acciones pueden derivar en procesos legales en su contra, los cuales interpondremos oportunamente ante instancias nacionales e internacionales.

Nos mantenemos vigilantes ante la criminalización que también están sufriendo los veinte estudiantes universitarios(as), acusados por el supuesto delito de daños y estamos convencidos que este y los otros procesos penales y disciplinarios en contra de estudiantes, lo que evidencian es la incapacidad de las autoridades de la UNAH para solucionar los conflictos a través de un diálogo permanente y democrático con todas las y los actores involucrados.

Denunciamos que la seguridad privada contratada por las autoridades universitarias  y pagada con fondos públicos, es uno de los instrumentos utilizados para generar vigilancia, intimidación, tortura psicológica, y en general un clima de hostilidad y violencia en contra de la comunidad estudiantil.

Reiteramos nuestro reconocimiento y apoyo a la labor que desempeña la Oficina del Alto Comisionado en la promoción y protección de los derechos humanos en nuestro país.

Asimismo, respaldamos la valiente lucha que libran los y las estudiantes en la UNAH, y continuaremos dando nuestro apoyo y acompañamiento como organizaciones defensoras de derechos humanos.

Tegucigalpa, M.D.C., 9 de junio 2017

COALICION CONTRA LA IMPUNIDAD

ARTICULACION 611

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Vea Comunicado de la UNAh contra la Oficina del Alto Comisionado de DDHH Aquí