La  represión judicial y administrativa contra estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se profundizó en esta semana recién pasada, los comunicados bombardeando instituciones internacionales y organizaciones nacionales de derechos humanos desde la rectora, se traslapó con audiencias de descargo para 20 estudiantes , una fuerte represión policial y siete capturas de cinco jovencitas y dos varones, acusados de usurpación y privación injusta de la libertad, según requerimientos fiscales del Ministerio Público, MP.

Los vacíos legales tanto en las capturas como en las audiencias de descargo dejaron bien claro el grado de impunidad con que se mueve todo un sistema de justicia que muerde a los descalzos y protege a los perpetradores.

El 26 de mayo se realizó la primera Audiencia de Juicio Oral y Público y en una segunda el 07 de junio de 2017  los estudiantes Cesario Padilla, Sergio Ulloa y Moisés Cáceres fueron condenados por Usurpación contra la UNAH, por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, donde los jueces descalificaron todas las pruebas de la defensa y validaron las presentadas por el Ministerio Público y la UNAH. La audiencia de individualización de la pena será el 27 de julio próximo.

En el preámbulo de la sentencia la demanda de justicia se agudizó por parte de los estudiantes, el  24 de mayo 19 de ellos se tomaron el edificio administrativo del Centro Universitario de Tegucigalpa.

La ferocidad con que fue reprimida esta acción pacífica de los estudiantes coloca el panorama en color negro. Un Ayotzinapa podría producirse si no se detiene a tiempo la represión , eso suena bastante difícil puesto que hay una cadena de complicidad estatal alrededor de la problemática universitaria .

Los 19 estudiantes junto a un periodista fueron golpeados y gaseados por parte de la guardia de seguridad de la universidad y posteriormente se unió la policía preventiva , Tigres y la DPI, de no ser porque algunos estudiantes alertaron a periodistas y defensores de derechos humanos, se hubiera provocado una tragedia por parte de los cuerpos represivos que operan con libertad en los predios universitarios.

Otras acciones vinieron después, puesto qua ya no solamente era la condena contra los tres estudiantes sino que estaban otros 19 procesados.

La semana del 12 al 16 de junio las acciones estudiantiles continuaron para presionar por el desmantelamiento de los procesos criminales contra estudiantes.

Estrategia de dispersión

Mientras se desarrollaban las audiencias contra 19 estudiantes y un  periodista en la UNAH, elementos COBRAS y de la Policía Preventiva llegaron de forma abrupta y asaltaron el 16 de junio recién pasado el edificio de la Facultad de Química y Farmacia, no menos de 100 agentes entre policías preventivos y  COBRAS procedieron a cerrar los portones de este edificio aduciendo que habían tomas. Seis estudiantes sufrieron las consecuencias de este asalto. Todo parecía mu bien calculado con la intención de dejar a bajo perfil als audiencias de descargo.

Los seis jovenes fueron detenidos sin orden de captura , mantenidos en el primer piso bajo estricta presencia policial, y aunque los cuerpos represivos al mando del Comisionado Raúl Martínez,  Jefe de la Policía Metropolitana Número Uno, no contaban con una orden de arresto se los llevaron a estación policial mencionada, conocida como CORE 7, el MP les acusó de Privación Injusta de la Libertad y Usurpación.

Los estudiantes Génesis Aracely Andino, Tiffany Nicolle Zúniga Reyes, Any Raquel Blanco, Karen Giselle reyes Pineda, Gloria Sarahí Mejía Pacheco y Tony Jossel Barahona Cruz, pasaron más de 12 hora tanto en la Policía Metropolitana como en los Juzgados de lo Penal de Francisco Morazán, esperando la Audiencia de Imputado. Mientras que en San Pedro Sula, en el Centro Regional del Valle de Sula, fue detenido Daniel Morales, en otra protesta realizada por el retorno de procesos de criminalización, a pesar que las autoridades de la UNAH habían asegurado que los cerrarían al firmar el acuerdo con el Movimiento Estudiantil Universitario, MEU, en julio de 2016.

Para sacarlos del edificio donde se encontraban los cuerpos represivos quebraron la puerta de vidrio y lanzaron gases lacrimógenos a diestra y siniestra, golpeando a estudiantes y a periodistas y trabajadores de la comunicación , entre ellos  Ezequiel Sánchez, camarógrafo de TeleSur, quien presentaba heridas en sus manos, y relató que aunque presentó su carnet que lo acreditaba, de nada valió.

También fueron gaseados estudiantes y unos 20 infantes que recibían consulta en el edificio, la gravedad de los efectos de los gases obligó a varias personas a ayudarles traladándoles de emergencia a hospitales.

Defensores de derechos humanos consultaron con empleados del edificio de Química y Farmacia  si habían sido presionados por los estudiantes para no salir del edificio porque según la policpia  les colocaron candados en las puertas, pero los entrevistados negaron la versión Los policías al verse descubiertos en su ilegal proceder se mostraban muy agresivos contra los defensores.

El Comisionado Martínez ante la interrogante  de que si tenía la orden de captura para los estudiantes y que la mostrara, por parte de una representante de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, este le manifestó “dígame primero quién financia su organización y presénteme su personería jurídica a ver si existe su organización”, mientras llamaba a un subalterno a quien le dijo “mira vos si no dice quién le financia la organización y no demuestra que su organización existe no se le da información”.

Crisis del sistema de justicia

El requerimiento Fiscal no fue presentado al momento de la captura sino que la Fiscal Seidy Romero lo hizo hasta el sábado 17 de junio en que se realizó la Audiencia de Imputado.

Los delitos de Usurpación y Privación Injusta de la Libertad no estaban respaldados tal como lo semana el Código de Procedimientos Penales

En el primer delito la fiscalía debió tener la autorización de la rectora Julieta Castellanos y en el segundo, la denuncia de los supuestos afectados cuyos nombres presentados por el Ministerio Público eran Luís Manuel Sevilla Larios; Amelia Karena Rodríguez Cáceres; Wendy Lizeth Cruz; Karla Soad Pagoaga Cruz y Jorge Alberto Roque Sattun.

Cuando la defensa de los estudiantes solicitó al Ministerio Público que exhibiera tanto la autorización para el requerimiento fiscal como la denuncia de las víctimas antes mencionadas, la fiscal hojeó todo el expediente bajo el número 1716-2017 y no las encontró, "no las tengo" dijo un poco molesta.

Aunque el juez estaba consciente de que esos errores  laceran el derecho a la defensa , desestimó una excepción presentada por el cuerpo de abogados  defensores de los estudiantes  por las ilegalidades antes mencionadas.

En el delito de Usurpación la rectora Julieta Castellanos debió autorizar el requerimiento Fiscal, ya que se menciona en la relación de hecho que entre seis a 10 encapuchados se tomaron el edificio de Química y Farmacia. Aunque no existía la misma, todo se llevó a cabo como si el Ministerio Público la tuviera y la rectora tampoco hizo nada por evitar que se dieran las detenciones y los destrozos ocasionados por la policía en el local descrito.

La defensa manifestó que era contradictorio porque los estudiantes en calidad de imputados no estaban encapuchados, por lo tanto no estaban  mencionados en el requerimiento fiscal.

El  Ministerio Público solicitó que se declara sin lugar el Recurso de Excepción presentado por los abogados defensores, que representaban a CIPRODEH, C-LIBRE, el Observatorio Ecuménico de Derechos Humanos y dos abogados privados.

El juez número 16 desestimó el recurso en mención siguiendo los lineamientos del Ministerio Público y aunque dijo no se identificaban a los imputados como los seis a 10 encapuchados, se estaba en una audiencia de Imputado  donde se les tomaba como presuntos culpables, por lo que dijo “se desestima el Recurso de Excpeción y se tiene por admitido el requerimiento Fiscal”.

Violación al derecho a la manifestación y organización

El Ministerio Público además pidió cárcel para los encausados, sin embargo el Juez dictó medidas sustitutivas a la prisión consistentes en firmar el libro del juzgado de lo penal cada 15 días; no salir del país y no participar en ninguna de las manifestaciones que se den dentro de la UNAH.

Los estudiantes quedaron bajo la custodia de las organizaciones CIPRODEH, C-LIBRE y un abogado privado, que deberán enviar un informe del cumplimiento de las medidas. La fiscal Romero aceptó las medidas, “el  Ministerio Público no tiene objeción que se apliquen las medidas sustitutivas”, expresó.

Comisión inquisidora fue nombrada por las autoridades de la UNAH

La rectora universitaria Julieta Castellanos nombró una Comisión Investigadora para que determine la responsabilidad de los 19 estudiantes que el 24 de mayo se tomaron el edificio administrativo.

La Comisión se sentó emulando el tribunal de la Santa Inquisición establecida en la era medieval. Abogados del área legal de la UNAH, un representante de la VOAE, otro del Comisionado Universitario, así como catedráticos de diferentes facultades se colocaron enfrente, mientras que los estudiantes en una mesa que simulaba el banquillo de los acusados, acompañados de defensores y defensoras de derechos humanos de distintas instituciones.

Los estudiantes decidieron no declarar, se limitaron a contestar “no voy a declarar”, ante la interrogante de si estaban en la toma del 24 de mayo, y aunque se dijo que las faltas habían sido establecidas por la UNAH respaldas en un informe del Vicerrector Ayax Irías, el mismo nunca se mostró .

La comisión tiene los mismos vicios que la establecida en el 2014 cuando fueron expulsados seis estudiantes, entre ellos los tres sentenciados el 07 de junio pasado.

La comisión que  no cuenta con un protocolo para ser imparcial, será la que decida la suerte de los 19 estudiantes, por lo que se espera una expulsión.

Mientras el encausados esperan los avances de los juicios y de los resultados investigativos en el ámbito administrativo, son vigilados y seguidos por desconocidos, y por la Policía Militar y del Orden Público, colocándoles aún más en vulnerabilidad.

La Coalición contra la Impunidad ha solicitado una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Protección donde se discutirá como punto único la situación de criminalización de estudiantes universitarios. Esta sesión será en la Secretaría de Justicia y derechos Humanos, a eso de las tres de la tarde de este lunes 19 de junio de 2017.

Asimismo se ha informado que los estudiantes estarán en reunión este lunes 19 de junio de 2017 con la Relatora para la Educación de la ONU en un hotel capitalino a las cinco de la tarde donde le expondrán toda la problemática que enfrentan de criminalización.