Tres guardias de seguridad presentados como testigos protegidos mintieron ante el Juez sobre los hechos ocurridos el 24 de mayo pasado en el toma del edificio administrativo de la UNAH, el Ministerio Público además de esa irregularidad presentó entre las pruebas un video editado donde no aparecen todos los hechos ocurridos esa fecha y que contine datos importantes para determinar que los agenets armados nunca fueron sometidos por los estudiantes sino al contario, según los resultados de a Audiencia Inicial ocurrida este 22 de junio en el Juzgado de lo Penal de Francisco Morazán.

“Nos dimos cuenta que fueron a mentir y se puede sustentar el delito de falso testimonio por incongruencias, especialmente uno al que se le notaba que no conocía los hechos o actuaba inducido por el Ministerio Público”, denunció Kenia Oliva, integrante del equipo de abogados que defiende a los 20 universitarios y universitarias a los que se les presentó requerimiento fiscal el 24 de mayo del 2017.

El caso lleva consigo un sin número de irregularidades por parte del Ministerio Público, quien solicitó que se tomara la prueba testifical de tres personas supuestas víctimas sin justificar la necesidad de que ostentaran esta condición y que entraron cubiertos de pies a cabeza con el acostumbrado vestido negro .

En esta audiencia tomó la palabra el Fiscal del MP recalcando que los delitos por los cuales fueron requeridos los jóvenes son Usurpación y Privación Injusta de la Libertad, en perjuicio de los testigos protegidos, por protagonizar una manifestación en el edificio conocido como “Alma Mater” en donde se encuentran todas las oficinas administrativas de la máxima casa de estudios del país.

El Fiscal mencionó como supuestamente despojaron a los guardias de la empresa de seguridad privada del Aguán, ESPA de su equipo de trabajo y les quitaron los toletes, el gas lacrimógeno,los radios y hasta casi dejarlos en ropa interior.

Basándose para dicha acusación en el artículo 193 del Código Penal que remite al artículo 192 que establece la pena por el secuestro de una persona para obtener de un tercero como precio de su libertad.

Mientras que el delito de daños se fundamentó en los artículos 254, 255.4, 5 y 6 del Código Penal que habla de las penas por el deterioro de bienes muebles e inmuebles.

Asimismo presentó una cantidad de pruebas testificales (tres guardias de ESPA, un policía preventivo  y un agente del escuadrón COBRAS),  documental  consistente en uniforme de investigación de la Dirección Policial de Investigación, DPI, documento de revisión de los detenidos donde son identificados con sus generales, denuncia interpuesta por Raúl Amílcar Rivera, firmada por la representante de la UNAH, el padrón fotográfico, el acta de decomiso o secuestro de objetos como su vestimenta, el acta de lectura de derechos, formas 03, copia de escritura pública, acta de recolección de indicios y constancia de la UNAH).

Además de las pruebas técnicas (un CD con 90 minutos de las cámaras de seguridad), que dicho sea de paso el MP admitió que esta había editado supuestamente por un experto en la materia.

En tanto que el apoderado legal de la UNAH no dijo mucho más que se apegaba a todos los medios de prueba que presentó la fiscalía.

Como observadores en la sala se le permitió la permanencia de representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en Honduras,(OACNUDH), de la embajada de los Estados Unidos y dos defensores de derechos humanos.

Carlo Jiménez, defensor del periodista Rony Huete,quien también fue detenido ese día, presentó documentación que lo acredita como comunicador, a lo que el Fiscal objetó, porque dijo que su condición no estaba siendo argumentada, sino que lo consideraban parte del movimiento estudiantil.

Tanto Oliva como el resto de la parte defensora donde también está el abogado Alejandro Mairena de CIPRODEH,  se opusieron a varias pruebas de la Fiscalía por considerarlas irrelevantes, solicitando al Juez la inspección de una página de Facebook denominada renuncia.hn en donde se encuentra un video de los hechos del día miércoles 24 de mayo del presente año de las 23.02 horas que pudiera aclarar lo que pasó y que muestra que los guardias de seguridad tenían completo dominio del edificio al grado de que los y las estudiantes pedían auxilio a los defensores de derechos humanos apostados en las afueras del  edificio, pero el Juez la desestimó.

Otras de las solicitudes de la defensa fue la inspección del libro de novedades para saber que está escrito y el número de guardias de seguridad que  estaban dentro de la edificación y la inspección de la oficina de ESPA para así saber cuál es la indumentaria con la que cuentan para cuidar a la UNAH.

Incluyendo la revisión de la cámara del piso número 11 que captó, según el abogado Mario Rojas, el momento en que los de ESPA se encapucharon para ejecutar las acciones que se especifican en varios de los 13 videos presentados por la parte de la defensa.

A lo que se descartó uno de los testigos quedando para declarar el elemento de los COBRAS quien en su testimonio dejó claro que el contingente de uniformados pudo ingresar al edificio sin ningún obstáculo.

Oliva indicó que esperan que el Juez valore la prueba, ya que según los testigos se puede llegar a evidenciar que nunca estuvieron privados de libertad, porque “todos dijeron que los portones permanecieron abiertos, que pudieron entrar y salir del edificio y que al instante del ingreso la policía no tuvo que forzar ninguna puerta porque estaban abiertas”.

Uno de los medios que aceptaron de los defensores fue el acta de decomiso que señaló que les quitaron la ropa, lo cual en los videos se pueden observar que “quienes estaban causando daños con garrotes eran los guardias, esperamos que el Juez sea objetivo”, argumentó la profesional del derecho.

Entre las acciones que los y las comisionadas de la Sociedad Civil y la Coalición contra la Impunidad han realizado a favor de los miembros y miembras del Movimiento Estudiantil Universitario,(MEU), está una petición ante el Consejo  de Protección, para que la rectora de la UNAH Julieta Castellanos comparezca ante este ente, explique lo que está pasando en la Ciudad Universitaria, por el motivo de que se considera a los jóvenes como defensores del derecho a la educación.

Sin embargo la representante de la UNAH no acudió a la cita que le hizo llegar la instancia el miércoles 21 de junio, pero decidieron darle otra oportunidad para que se presente el próximo lunes.

El Ministerio Público como parte del Consejo de Protección , si la rectora decidiera no ir, tendría que presentar de oficio un requerimiento fiscal.

Se continuará con la audiencia inicial el viernes 21 de julio del presente año a las nueve de la mañana, para evacuar las pruebas técnicas.