El desalojo que sufrieron militantes del movimiento universitario el 04 de agosto en las instalaciones del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico,(CURLP), después de 40 días de toma de las instalaciones, dejó como resultado  15 estudiantes con requerimientos fiscales, acusados de usurpación. Los afectados denunciaron el papel nefasto del CONADEH en este proceso que ha servido para levantarles perfiles y no como lo señala la Ley de esta institución que es velar por los derechos humanos.

Hasta la fecha el centro educativo ubicado en la ciudad de Choluteca se encuentra fuertemente custodiado por elementos de la Policía Nacional y Militar.

Los estudiantes denunciaron una campaña de odio a través de los medios de comunicación que están “tarifados” por las autoridades del centro educativo.

Asimismo que los delegados del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH,  se prestaron para entregar los nombres de los estudiantes que mantenían las tomas, lo que les llamó poderosamente la atención que personalmente les señalaban en el momento de requerirlos.

Alonzo Quintanilla contó que el movimiento estudiantil en el CURLP empezó en el 2015,junto al proceso de organización de las regionales, recibieron la visita de universitarios del Valle de Sula, quienes concientizaron a la población, mediante asambleas de la crisis que atraviesa la Alma Mater.

En la opinión de Quintanilla los y las estudiantes ven con buenos ojos las acciones que realiza el movimiento estudiantil, se cuenta como logro el despertar de la conciencia sobre las condiciones de ese centro regional.

Una de las luchas que emprenden es exigir a las autoridades la apertura de la sección de las ocho de la noche, ya que las personas que estudian y trabajan no cuentan con oportunidades para adelantar en su carrera porque no hay secciones disponibles en la jornada de la noche, dicho horario fue cancelado sin consulta previa dijo Erick Robles, otro de  los estudiantes.

También demandan la implementación de nuevas carreras pero no técnicas, porque con esto se enfrentan a una devaluación de las existentes.

Robles se siente triste, “Honduras es el único país a nivel mundial que está criminalizando a los y las estudiantes”, señaló.

Quintanilla comentó que la problemática afecta a toda la región al ver que las universidades privadas tienen un abanico de carreras y que en la máxima casa de estudios del país no les brindan las suficientes herramientas para competir en el mercado laboral.

En cuanto a la infraestructura, a principios de este año las aulas con capacidad para 40 estudiantes las dividieron con tabla yeso para duplicar las secciones reduciendo el espacio físico, empeorando con ello las condiciones pedagógicas.

De paso demandan una distribución transparente del presupuesto que no se ve reflejado en la infraestructura, ya que las pocas mejoras que se pueden observar son por esfuerzo de los padres , madres  de familia y estudiantes, indicó Quintanilla.

“La Constitución dice que la educación debe ser gratuita y de calidad y nosotros los hondureños no la estamos recibiendo”,  dijo Quintanilla.

En tanto, que el nivel económico de la gran mayoría de los y las universitarias del CURLP es bastante pobre y en algunos casos es extrema pobreza, muchos se trasladan con dificultad de áreas rurales lejanas para recibir clases solo con el pasaje en su bolsa, describió Robles.

Es necesario que se termine la criminalización de la lucha,  entre las formas de represión que han sufrido está la constante vigilancia y levantamiento de perfiles de personas que se transportan en carros sin placa, que les toman fotografías, la utilización de los vehículos de la UNAH rondando la zona, lo que vuelve precaria la seguridad de los y las manifestantes.

Los 15 estudiantes criminalizados fueron presentados la semana pasado y el último, Kevhin Ramos, este martes 08 de agosto, todos tienen medidas sustitutivas a la prisión y deberán presentarse a audiencia inicial este 17 de agosto próximo donde serán dejados con sobreseimiento definitivo o en el peor de los casos el juicio continuará.

Los estudiantes que enfrentan este juicio son apoyados legalmente por la organización ACI-Participa.