Desde el golpe de Estado la justicia en Honduras se pasea de un lugar a otro, entre postas policiales, batallones y ahora en el Colegio de Abogados, donde nacen y crecen las personas que impartirán o reclamarán justicia. Este 25 de septiembre de 2017 en este último lugar comenzó la Audiencia Inicial contra tres defensores de Derechos Humanos y unos 28 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.

En contraste con las lágrimas de pesar por dejar el poder de la rectora de la UNAH Julieta Castellanos que se despedía de sus allegados argumentando que la universidad que ella dirigió es la que deseaba para sus hijos. Este 25 de septiembre llegó el fin de su nefasto período de ocho años donde estableció el terror, la criminalización y las expulsiones contra estudiantes que demandaban democracia.

Su puesto ya fue ocupado por otro rector, algunos dicen que la rectora tendrá el poder tras del trono, otros piensan que hay que darle el beneficio de la duda al nuevo inquilino.

Lo cierto es que la funcionaria se va del puesto dejando en las gavetas del Ministerio Público más de 80 denuncias las cuales no han sido ni siquiera rozadas para investigarlas. Ella dice que se vuelve a su puesto anterior de docente en Ciencias Sociales, así que si este organismo que tiene el monopolio de la acción penal se decido por fin a cumplir la Ley, la tendra fácil.

Historia de una represión

Las 31 personas enjuiciadas son las capturadas el pasado 08 de septiembre en una de las represiones más cruentas del gobierno de Julieta Castellanos, entre ellas dos defensores, Carlos del Cid del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos, Ariel Días de la Asociación de Jóvenes por los Derechos Humanos  y la defensora María Tomasa Morales (Tomy Morales), de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, que sufrieron en carne propia la represión con gases lacrimógenos y golpes en sus cuerpos por defender los derechos humanos de estudiantes que estaban atrapados en la represión ese fatídico día.

Sin balances con arbitrariedades: 10 abogados+3 fiscales+2 abogados UNAH+1 Juez

Tres mujeres y siete hombres constituían la defensa de defensores y defensora de derechos humanos, y de estudiantes. La sala estaba abarrotada de imputados y las afueras bien custodiadas por policías preventivos, COBRAS  y  Policias Militares, además de una tanqueta con gas pimienta.

El  Ministerio Público ratificó en su totalidad el requerimiento fiscal por Usurpación en su modalidad de detentación de edificios públicos para estudiantes y de encubrimiento contra los defensores Carlos Del Cid y Ariel Díaz, pero contra Tomy Morales por Atentado contra la Seguridad Interior del Estado y Encubrimiento. Los expedientes sumaban tres 2530-17, 2540-17 y 2542-17.

El Ministerio Público de entrada mintió ante el Juez al manifestar que desde mayo se estaban dando las tomas de edificios y también no dijo la verdad en relación al actuar de los defensores de derechos humanos a quienes pretendió descalificar, “los defensores pretendían burlar la autoridad haciendo ingresar a los estudiantes al microbius”, expresó una de las fiscales.

También tienen el objetivo de presentar al Movimiento Estudiantil, MEU, como violento, lo mismo que en el 2015 pero cuya tesis no les dio resultados. En esta ocasión los fiscales manifestaron que producto del vaciado telefónico encontraron mensajes donde los estudiantes pretendían tomar las armas.

De esa forma respaldaron su petición de presentar testigos protegidos porque éstos tenían miedo de que algo les pasara si estaban identificados. Esta modalidad le da toda la atribución a los fiscales de abusar de esta figura para incriminar a los imputados.

Todos los abogados defensores estuvieron de acuerdo en que no era válido que la fiscalía solicitara testigos protegidos sin razón pues los estudiantes estaban de cada ante el sistema de justicia.

Los fiscales se enfocaron demasiado en Tomy Morales argumentando que respaldaban su acusación de atentado contra la seguridad interior del Estado porque ella agredió a un policía que estuvo incapacitado por tres días. El problema en este punto es que es el propio Estado agresor de defensores que avala una constancia médica para este oficial que fue quien gaseó a todas las personas que el ocho de septiembre estaban en el microbús propiedad del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH, y que fue acompañado por dos policías para hacer inspecciones en la zona y verificar que no hubieran estudiantes detenidos.

El Ministerio Público presentó un montón de documentos y solicitud de inspecciones con el objetivo de enviar a prisión a estudiantes.

Por otra parte en ningún momento detalló qué hizo cada imputado para que fuera acusado, una de las abogadas defensoras solicitó que este organismo dijera qué hizo cada quien, sin embargo nunca lo hicieron, por lo que todos los abogados rechazaron el requerimiento fiscal.

La abogada Kenia Oliva interpuso nulidad total del proceso y una excepción pues se estaba violentando los derechos y libertades fundamentales a las que se unieron los demás defensores.

Asimismo detallaron que los defensores de derechos humanos y ocho  estudiantes fueron privados de su libertad por unas cuatro horas durante las cuales no se les permitió alimentarse ni hacer sus necesidades fisiológicas, y cuando logran salir del microbús fue para que los torturaran y llevaran capturados.

El Ministerio Público cometió graves violaciones al debido proceso entre ellas que presentó a los imputados después de 24 horas tal como lo señala la Ley y no solicitó la ampliación hasta 36 horas tal como lo señala el ordenamiento jurídico, lo que constituye una detención ilegal.

Dos de los abogados defensores presentaron como medios de prueba el acta de suspensión de los altos oficiales de policía por parte de la Secretaría de Seguridad a petición de la comisión depuradora de la policía.

“El bus no se condujo solo iba un conductor del CONADEH, dos delegados más y policías”, señaló una de las abogadas defensoras.

Entre los requerimientos fiscales estaba el de Nicole Rodríguez quien nunca había venido al Centro universitario de Tegucigalpa, se encontraba realizando su práctica profesional en la zona norte del país pues estudia en UNAH-VS.

Aunque se presentaron todas las nulidades y el recurso de excepción el juez manifestó que lo resolvería al final de la audiencia y aunque los abogados de todos los procesados argumentaron una y otra vez que eso era ilegal él manifestó que sostenía su decisión, por lo que la abogada Kenia Oliva pidió una reposición.

Asimismo otro de los requerimiento incluía a Sergio Ulloa quien estaba haciendo su práctica en el Occidente del país.

Sobre los defensores de DDHH

Tomy Morales                                            Ariel Díaz                                      Carlos Del Cid

 

Sus abogados rechazaron las imputaciones debido a que realizaban defensa de los derechos humanos contemplada en la Declaración de Defensores emitida por la Asamblea de la ONU en 1999.

Los defensores Carlos del Cid y Ariel Díaz, así como la defensora Tomy Morales declararon ante el Juez y desvirtuaron la tesis de la fiscalía y de la UNAH al detallar la forma en que sucedieron los hechos y la detención ilegal y torturas de que fueron víctimas cuando estaban protegiendo a ocho estudiantes que la policía quería capturar sin orden judicial.

Tanto Tomy Morales como Carlos Del Cid detallaron la forma cómo estaba siendo golpeado el primero por unos tres policías que querían sacarlo a la fuerza por una ventana y lo estaban ahorcando y entonces la defensoras vino en su auxilio.

Denunciaron cómo a pesar que les habían pedido tregua para salir sin obstáculos del carro, los policías actuaron con mucha agresividad y procedieron a rociarlos de gas pimienta y aunque un joven le dio ataque de epilepsia no recibió ningún auxilio de la policía sino que se reían de él.

Morales y Del Cid relataron que había un pelotón de hombres de civil que estaban armados pero portaban mochilas con lo que posiblemente se hacían pasar como estudiantes.

A la pregunta de la Fiscalía si les mostraron orden de captura, los tres defensores sostuvieron que nunca lo hicieron.

Del Cide denunció que a pesar que iba en estado crítico de salud pues es diabético, no se le permitió un médico hasta ocho horas después lo que agravó su salud provocándole quemaduras en la cornea de su ojo izquierdo que son irreversibles en un 80 por ciento.

“Yo no debí estar acá hoy, me tocaba ir a consulta, los veo de forma borrosa a todos ustedes , pero vine porque aquí no voy a ser juzgado como encubridor sino que va a ser juzgado el sistema . Pasé 38 horas enchachado , después me enchacharon de pies y manos. Esta creo que es una oportunidad de defender  a los que defendemos los derechos humanos para que lo hagamos con dignidad , son ustedes sistema judicial, operadores de justicia que van a ser juzgados , es importante por eso que se revise lo que se está haciendo”, dijo Carlos Del Cid.

Entretanto Ariel Díaz describió cómo él junto a Hedme Castro de ACI-Participa llegaron al CONADEH a interponer la denuncia y por eso este organismo proporcionó el bus gestionado por Elsy reyes, delegada regional de esa institución.

Tomy Morales relató cómo trató de quitarles a Carlos del Cid a los policías que los estaban ahorcando al pretenderlo sacar por una pequeña ventana.

Una de las fiscales quiso que Morales relatara si se quedaba en la noche a dormir en la universidad  a lo que el abogado defensor Omar Menjivar rechazó la pregunta por suspicaz e innecesaria para el proceso.

La audiencia continuará este martes 26 de septiembres con la evacuación de otras pruebas como revisión de videos y la declaración de testigos de la parte acusadora entre ellos dos acogidos al programa de Testigos Protegidos, aunque no se justifica esta petición, el juez admitió que fueran considerador testigos protegidos, “porque todos sabemos lo que pasa en la universidad por eso voy a aceptarlso”, dijo en forma contundente, lo que podría ser un prejuzgamiento.