Defensores de derechos humanos no tienen esperanzas de acceder a la vacunación contra el Covid-19, pues algunos no obtienen respuestas de las instituciones y otros ni siquiera han tenido un acercamiento, una situación que se agrava más en las zonas indígenas donde las comunidades no tienen diagnósticos médicos.
Más de un millón de personas en Honduras reciben información maliciosa que fomenta el analfabetismo digital, promueve el desprestigio contra el honor de las personas y aumenta el contenido malicioso en crisis sociales y políticos, por ello se creó un Observatorio para combatir la desinformación.
Silvia Bonilla, defensora garífuna que recientemente ha sido detenida y judicializada por ejercer la defensa del territorio ancestral, obtuvo sobreseimiento provisional en dos expedientes abiertos por los delitos de usurpación, daños, violencia, intimidación y amenazas, acusación promovida por la empresa Bienes Raíces JUCA S.R.L., que ha criminalizado a 32 personas más.
Al menos 320 instituciones obligadas no cumplieron con su responsabilidad de brindar información pública, por lo cual se establecieron unas 400 sanciones pecuniarias, señaló Julio Vladimir Mendoza, Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP.
El medio surge para ayudar a los periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y los grupos vulnerables de Honduras (jóvenes, mujeres, indígenas y personas LGBTI) a ejercer su libertad de expresión y documentar los abusos de derechos humanos.