Dos federaciones y una coordinadora que aglutinan al menos 80 organizaciones de sociedad civil para el sector discapacidad, se encuentran en calamidad desde el 2020 y denunciaron que el Estado no resuelve ni proporciona los bonos y presupuestos ya establecidos para evitar la quiebra y cierre de más centros que atienden a miles de personas que tienen discapacidad.

Para la comunidad LGTBI, la reforma al artículo 112 de la Constitución de la República representa un peso que golea aún más la lucha que habían generado sin obtener ningún reconocimiento a los derechos humanos de la diversidad sexual. El Congreso Nacional lo reformó sin contar con la opinión de organizaciones y sin cumplir con lo que manda la ley fundamental hondureña de que no puede trastocarse estos artículos.

Según algunos sectores el Estado de Honduras sí puede ser denunciado internacionalmente por el delito de lesa humanidad, ya que no ha cumplido la obligación de brindar el acceso a la salud pública,  y por el contrario, los actos de corrupción y manejo de la pandemia se consideran acciones maliciosas que agravian los derechos humanos, según lo denunció la presidenta del Colegio Médico de Honduras. Suyapa Figueroa.